El riesgo para las democracias no radica en la existencia de la fuerza estatal, sino en la pérdida de los límites que la vuelven legítima. Cuando el miedo se instala como forma de gobierno, la legalidad retrocede y la excepcionalidad empieza a convertirse en norma. En ese clima, la ciudadanía deja de ser sujeto de derechos para transformarse en sospechosa permanente, lo que erosiona el pacto básico que justifica al Estado. La demanda de seguridad, aunque válida, puede derivar en una tolerancia social hacia prácticas cada vez más autoritarias si no existen controles firmes. La salud moral de una república se define, en última instancia, por su capacidad de defenderse sin renunciar a las reglas que la hacen democrática.
El “Fin de la historia” de Francis Fukuyama parecía sugerir no sólo que se había terminado la confrontación comunismo-capitalismo, sino también que la humanidad había dejado atrás la época de grandes crisis, guerras y revoluciones. Que la democracia republicana se expandía progresivamente a todo el globo y que, de aquí en más, lo que tendríamos sería un avance progresivo, evolutivo, de la sociedad internacional hacia formas de ciudadanía cada vez más democráticas. Lo que en un momento era de sentido común y aceptado ampliamente por la mayoría de los analistas, hoy, con el diario del lunes, parece una utopía un tanto ingenua. Y nuestra realidad cada vez se parece más a lo que imaginábamos como distopía.
El debate sobre el uso de la fuerza para resolver conflictos, opuesto a la noción de democracia, que supone tratar de ponerse entre todos y respetar la voluntad de las mayorías, atraviesa la historia de la política como una corriente subterránea que reaparece cada vez que una sociedad se siente amenazada. No es una discusión técnica ni meramente policial: Es, en esencia, una pregunta moral. ¿En qué punto una democracia comienza a convertirse en un régimen autoritario?
La discusión reaparece hoy con crudeza a partir de escenas que llegan desde Estados Unidos, donde un nuevo operativo migratorio causó la muerte de un hombre en Minneapolis. Un agente federal estadounidense disparó y mató a tiros a Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense y enfermero de cuidados intensivos de 37 años, durante una protesta contra las redadas migratorias el 24 de enero de 2026. El hecho, captado en videos, causó gran indignación, intensificando las enormes protestas que ya se venían realizando tras la muerte de Renee Nicole Good en la misma localidad.
Organizaciones civiles y sindicatos convocaron en Minneapolis una jornada de huelga contra el endurecimiento de las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump, llamando a un “apagón económico” con cierre de comercios, ausencia laboral y escolar, y movilizaciones masivas. La protesta fue bautizada “Día de la Verdad y la Libertad”.
Toda comunidad política nace de una promesa básica: proteger a sus integrantes. Sin protección no hay vida civilizada posible. Pero esa misma promesa contiene una trampa, porque quien protege también adquiere la capacidad de dañar. Para asegurar su salud y no convertirse en un despotismo, la democracia debe tener mecanismos para controlar esa capacidad de daño que el Estado tiene.
Sobre la incompatibilidad entre imperio y democracia, el historiador norteamericano Chalmers Johnson escribió: “Mantener nuestro imperio en el exterior requiere recursos y compromisos que inevitablemente socavarán nuestra democracia interna y al final producirán una dictadura militar o su equivalente civil”. Y agregó: “Los fundadores de nuestra nación lo comprendieron bien e intentaron crear una forma de gobierno: una república que impidiera que esto ocurriera. Pero la combinación de enormes ejércitos permanentes, guerras casi continuas y gastos militares desastrosos ha destruido nuestra estructura republicana en favor de una presidencia imperial. Estamos a punto de perder nuestra democracia para conservar nuestro imperio. Una vez que una nación emprende ese camino, entran en juego las dinámicas que se aplican a todos los imperios: aislamiento, sobreextensión, la unión de fuerzas opuestas al imperialismo y la bancarrota”. El excesivo uso de la fuerza hacia el exterior tiene como derivada el aumento del uso de la fuerza interior, por eso, imperio y democracia terminan siendo incompatibles.
El monopolio de la fuerza, que Max Weber definía como atributo esencial del Estado, es una herramienta ambivalente. Permite contener la violencia privada, pero al mismo tiempo concentra un poder potencialmente devastador. De ahí que su uso deba estar rodeado de límites, controles y justificaciones.
Los filósofos contractualistas pusieron este dilema en el centro mismo del origen del Estado. Si bien cada uno tiene sus diferencias, todos parten de la premisa que el hombre pasó de un “estado de naturaleza” a la socialización por medio de un contrato social que construyó el Estado. Thomas Hobbes imaginó que para salir de ese caos, los individuos cedían parte de su libertad a un soberano capaz de garantizar seguridad. Pero ese Leviatán, necesario para evitar la guerra de todos contra todos, concentraba un poder tan grande que siempre rozaba el despotismo. John Locke y Jean-Jacques Rousseau intentaron corregir ese riesgo sin renunciar a la protección. Para ellos, el contrato social no era una entrega incondicional, sino un pacto revocable si el poder no respetaba los derechos de las personas. El Estado debía ser lo suficientemente fuerte para proteger, pero lo bastante limitado para no convertirse él mismo en la principal amenaza.
En esa tensión entre autoridad y libertad se sigue jugando el problema del uso legítimo de la fuerza. ¿En qué punto deja de ser democrático, traiciona el contrato social y se transforma en despotismo?
A lo largo de la historia, los imperios tendieron a expandir ese uso de la fuerza hacia afuera, en nombre de la grandeza, la seguridad o la misión civilizadora. Sin embargo, numerosos pensadores advirtieron que esa violencia exterior rara vez queda confinada más allá de las fronteras. Tarde o temprano, vuelve hacia adentro.
En una reciente columna en The New York Times, la periodista ruso-estadounidense Masha Gessen —reconocida por sus análisis sobre autoritarismo, memoria histórica y las derivas del poder en Rusia y Europa del Este— advirtió que ciertas prácticas estatales en Estados Unidos empiezan a parecerse a patrones clásicos de regímenes autoritarios. Su mirada está marcada por haber estudiado y narrado durante años cómo los regímenes convierten el miedo en herramienta de gobierno. El título de su columna es “El terror de Estado llegó a EE. UU.”. Es interesante el uso de la palabra “terror”, que a nosotros, como argentinos, nos remite al concepto de “terrorismo de Estado”, con el que definimos los métodos de la última dictadura militar.
La autora recurre a la literatura y a la memoria para explicar cómo opera el terror de Estado. Menciona la novela rusa “Sofía Petrovna”, de Lydia Chukovskaya, donde una mujer fiel al régimen estalinista se derrumba al no poder comprender por qué detienen a su hijo. Gessen enlaza esa ficción con su propia historia familiar: su abuelo, subdirector de un periódico soviético, esperó durante semanas que la policía secreta viniera a arrestarlo, como ya había hecho con otros colegas. Cada noche esperaba que le golpearan la puerta. La espera fue angustiante que terminó internado en un hospital psiquiátrico.
Gessen cuenta que cuando en los años noventa se abrieron parcialmente los archivos del KGB quedó claro que muchas detenciones respondían a cupos. Las fuerzas locales debían cumplir cifras de “enemigos del pueblo”, y eso hacía que cayeran grupos enteros de conocidos, compañeros de trabajo o familiares, más por conveniencia que por pruebas concretas. La clave del terror no era sólo la represión, sino su carácter imprevisible: cualquiera podía ser el próximo. Esa arbitrariedad es lo que distingue a un sistema de terror de uno meramente autoritario. En los regímenes puramente represivos suele saberse qué conductas cruzan la línea roja; en los sistemas de terror, en cambio, la violencia se aplica sin reglas claras, justamente para que nadie se sienta a salvo.
Si uno observa el accionar reciente del ICE a la luz de esa definición, empiezan a aparecer similitudes inquietantes. Las redadas ya no están dirigidas únicamente a personas con órdenes judiciales claras o antecedentes comprobables, se expanden como operativos amplios, muchas veces acompañados de despliegues prepotentes de fuerza y detenciones de ciudadanos estadounidenses.
Además, es evidente que desde el poder se les ha dado la posibilidad de regodearse y disfrutar de lo que hacen. El día siguiente del asesinato de Renée Nicole Good, en varias ocasiones se reportaron operativos de miembros de la fuerza que amedrentaban a los manifestantes haciendo referencia a lo ocurrido.
Esa sensación de imprevisibilidad es precisamente la que erosiona el pacto básico entre Estado y ciudadanía. Cuando amplios sectores de la población sienten que no hay reglas claras que los protejan del uso extremo de la fuerza, el efecto no es solo jurídico sino psicológico y político. Se instala el miedo como forma de disciplina social, y la autoridad, en lugar de apoyarse en la legitimidad de la ley, empieza a apoyarse en la intimidación. Es allí donde una democracia corre el riesgo de cruzar una línea invisible y comenzar a parecerse a su opuesto: un régimen autoritario.
La lógica imperial exige ejércitos permanentes, estados de excepción prolongados y decisiones rápidas sin demasiados controles. Esos hábitos, que son quizás necesarios y justificables en el contexto de una guerra, erosionan la cultura democrática. Lo excepcional se vuelve rutina.
En otra columna reciente en The New York Times, David Brooks sostiene que estamos asistiendo simultáneamente a cuatro colapsos: el derrumbe del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, con la erosión de reglas y alianzas que daban cierta estabilidad global; el deterioro de la tranquilidad interna en Estados Unidos; la degradación del orden democrático, visible en los ataques a instituciones independientes y en el uso político de la justicia; y, como telón de fondo que potencia a los demás, el declive psicológico del propio Donald Trump, cuya personalidad —según Brooks— empuja al sistema hacia decisiones más autoritarias, erráticas y peligrosas.
¿Pero qué hacer cuando el líder de la primera potencia cambia las reglas del juego internacional mediante un aumento de la agresividad? Europa parece comenzar a entender que las sociedades que renuncian por completo a la capacidad de defenderse quedan expuestas a la ley del más fuerte. El pacifismo absoluto puede convertirse, paradójicamente, en una invitación a la agresión.
Nuestra región, América del Sur, es un ejemplo también de este punto. Brasil, siendo una de las principales economías del mundo, es el único país del grupo que no posee armas nucleares.
Hace dos semanas entrevistamos en este mismo programa a Juan Negri, quien sostuvo que la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela dejó en evidencia el fracaso de Brasil como potencia y líder regional. Según su mirada, Brasil aspiraba a ser un contrapeso de Washington en Sudamérica, pero no logró ejercer ese rol cuando más se necesitaba: durante el deterioro progresivo del régimen venezolano. Para Negri, la región —con Brasil a la cabeza— debió haber actuado antes para evitar que la crisis política y democrática de Venezuela escalara hasta el punto de habilitar una intervención directa de EE.UU. El problema, dice, no es solo venezolano sino regional: América Latina mostró incapacidad para resolver sus propios conflictos y terminó dejando el terreno libre para que una potencia extrarregional impusiera su voluntad.
Esa tensión se observa hoy en Europa, que después de décadas de confiar su seguridad a otros, debate cómo rearmarse sin perder su identidad liberal. La pregunta no es solo cuánto gastar en defensa, sino cómo hacerlo sin desfigurar el pacto democrático interno. La fortaleza también necesita límites.
Porque cuando un Estado comienza a armarse, comprar equipamiento y fortalecer sus fuerzas represivas, el peligro del endurecimiento interno se vuelve concreto.
Argentina atravesó el colapso de su ejército tras la caída de la última dictadura militar. Las fuerzas armadas quedaron bajo la lupa de la democracia, y los juicios a las juntas y los genocidas representaron un ejemplo internacional de avance en políticas de reparación histórica y derechos humanos. Este desprestigio cayó también sobre otras fuerzas de seguridad, como la policía, por su degradación y vínculos con la corrupción y el crimen durante los 90´, los casos de gatillo fácil en el Conurbano bonaerense.
Los gobiernos democráticos nunca lograron volver a armar unas fuerzas armadas que sean respetadas por la sociedad y que ocupen el rol que deben tener en una democracia. Y cuando se intentó darle más peso a la seguridad, como bajo la gestión Bullrich, se generaron casos de represión letal y de gatillo fácil.
Recientemente, el gobierno de Javier Milei realizó un operativo de control migratorio en La Matanza, presentado por el oficialismo como un esquema inspirado, casi caricaturescamente en las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. El despliegue estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, con participación de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal, y se inscribe en un giro hacia medidas más duras en materia migratoria y de seguridad. Durante el procedimiento se controló a 385 personas extranjeras y se detectó a 16 en situación migratoria irregular. Según la versión oficial, esas personas deberán regularizar su estatus o enfrentarán la expulsión del país. Desde el Gobierno justificaron el operativo bajo la consigna de “controles firmes y reglas claras”, reforzando la idea de que quien no tenga documentación en regla no podrá permanecer en Argentina.
En paralelo, el Ejecutivo avanza en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, un nuevo organismo que tendría como misión reforzar controles en fronteras, regular flujos migratorios y acelerar deportaciones de extranjeros que cometan delitos. Aunque su estructura final aún se está definiendo, la iniciativa ya es comparada con un “ICE argentino”, e incluso se evalúa si contará con una fuerza propia, lo que podría reconfigurar el rol actual de otras fuerzas federales. La demanda de seguridad es legítima. Nadie quiere vivir a merced del delito, del terrorismo o la violencia organizada.
El caso de Minneapolis —con agentes que, ante una sospecha, optaron por matar— dispara esta reflexión porque tiene una resonancia mundial, pero es lo que ha ocurrido cientos de veces en diversas partes del mundo. ¿Era inevitable ese desenlace? ¿No existían alternativas intermedias, tecnologías menos letales, instancias de contención?
Las pistolas taser, los protocolos de desescalamiento, la negociación, no son signos de debilidad. Son intentos de civilizar el uso de la fuerza. Expresan la idea de que el objetivo del Estado no es castigar sino neutralizar un peligro con el menor daño posible. Sin embargo, cada vez que se plantea este enfoque, surge el argumento contrario: en situaciones límite no hay tiempo para sutilezas. El error, dicen, es un costo inevitable. Los “excesos” serían daños colaterales imposibles de eliminar. El general Balza el primer comandante en jefe de Ejército en reconocer y disculparse públicamente por el accionar de parte de la fuerza durante la dictadura sintetizó muy bien la problemática, “aniquilar al enemigo” orden emanada del gobierno constitucional de Isabel Peron y palabra con la que se auto justifica la dictadura, “aniquilar” no quiere decir a la persona sino a la capacidad de actuar de la persona, aniquilar la fuerza y no a la persona.
Además, líderes como Trump y Milei son expresión de un cambio cultural más profundo. Un gran sector de la población, decepcionado por la falta de respuestas de la democracia republicana, está girando cada vez más a la “tolerancia” o incluso “deseo” de tener gobiernos más autoritarios.
Subsiste, bajo este deseo, la idea de que las mediaciones institucionales son trabas u obstáculos para resolver problemas que, si un gobierno tuviera todas las palancas al alcance de su mano sin oposición, podría resolver rápidamente. Aquello que Trump definió como “ser dictador por un día”.
Pero ese razonamiento tiene una larga historia. Fue invocado para justificar los bombardeos nucleares a Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo.
Después de las dos guerras mundiales, la humanidad intentó poner un freno a esa pendiente resbaladiza. Surgieron convenciones, tribunales y códigos humanitarios que reconocían una idea revolucionaria: incluso en la guerra hay límites. Incluso al enemigo se le deben ciertos derechos. Autolimitación que no surgió de la ingenuidad, sino del horror. Fue el aprendizaje de que la violencia sin reglas termina degradando también a quien la ejerce. ¿Será que ya pasaron tantos años de aquellas lecciones históricas que comenzamos a olvidarlas?
El equilibrio entre fuerza y democracia no es un punto fijo sino una sintonía fina que debe ajustarse constantemente. Cambian las amenazas, cambian las tecnologías, cambian las sensibilidades sociales. Pero el dilema de fondo permanece. En un mundo donde circulan armas de alto poder y donde un solo individuo puede causar una masacre, enviar policías solo con bastones puede parecer anacrónico. La realidad tecnológica obliga a repensar herramientas y estrategias. Negarlo sería irresponsable. Pero reconocer esa realidad no implica habilitar cualquier respuesta. La sofisticación del armamento debe ir acompañada de una sofisticación equivalente en los controles. Más poder exige más responsabilidad.
Cuando los agentes del Estado comienzan a actuar como si estuvieran en territorio enemigo, la relación con la ciudadanía se transforma. El ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en potencial amenaza. Ese cambio de mirada es el inicio de una deriva peligrosa. El miedo inoculado desde el Gobierno es un veneno para la democracia. Una sociedad atemorizada acepta restricciones que en condiciones normales rechazaría. La excepción se normaliza. Por eso resulta crucial distinguir entre fortaleza y agresividad. La fortaleza es la capacidad de defenderse dentro de reglas. La agresividad imperial, en cambio, es la tentación de imponer la propia voluntad sin reconocer límites.
Una democracia madura apoya a quienes la protegen, pero también los somete a control. La confianza no excluye la rendición de cuentas.
El problema no son las fuerzas del orden en sí, sino la cultura que las rodea. Si se les transmite que cualquier exceso será justificado en nombre de la lucha contra el mal, los excesos se multiplicarán. La impunidad es el mejor fertilizante de la violencia estatal.
Minneapolis, Europa, América Latina o cualquier otro escenario son apenas capítulos de una misma discusión. Cada sociedad debe darla a su manera, según su historia y sus amenazas. Pero ninguna puede eludirla sin pagar un precio. Son, en última instancia, todos signos de que estamos atravesando el umbral hacia una época que tiene otras determinaciones.
La grandeza de un país no puede medirse por su capacidad de imponerse por su poderío militar. La fuerza es necesaria. Entre ambos se juega, una y otra vez, la salud moral de la república.
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