El triunfo argentino sobre los grupos financiero Burford Capital por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York despertó una incesante lucha de relatos. El gobierno de Javier Milei se atribuye el triunfo para sí, al explicar que el fallo favorable a la Argentina se debe a su relación personal con Trump, Cristina Kirchner lo atribuye a la decisión política de su Gobierno y Axel Kicillof defiende su expropiación, luego de años en los que lo acusaron de haber cometido errores, que según lo que indica el fallo, no los cometió.
Sin embargo, más allá de todos los relatos que se seguirán multiplicando conforme se acerquen las elecciones y la lucha de candidatos, hay un debate de fondo qué es al que verdaderamente hay que prestarle atención y en el que en función de los resultados de la propia YPF más allá del juicio en Nueva York, Milei perdió de manera contundente. La discusión no es cómo se estatizó, si en lugar del 51% debió haber sido el 100%, motivo del juicio ahora ganado en Nueva York, sino si la decisión de que el Estado pase a controlar YPF. ¿Está bien que el Estado haya recuperado el control de YPF o cómo dice Milei, el Estado es diabólico e inherentemente corrupto, por lo que habría que dejar todos nuestros recursos en manos del mercado?
Bueno, sabemos que Milei está interesado en el premio Nobel de Economía y que utiliza su gestión para poder obtenerlo. Vamos a contestarle, en primera instancia, por qué el Estado debe intervenir en la economía con alguien que efectivamente sí lo obtuvo, Joseph Stiglitz. Él sostiene que los mercados casi nunca son perfectos porque la información no llega a todos por igual. Esta asimetría de información, rompe la ilusión de la mano invisible que soluciona todo, el propio Adam Smith consideraba que los monopolios afectan la libre competencia, y demuestra que, sin algún tipo de regulación el mercado es imperfecto. Para el Nobel, el Estado no es un estorbo, sino un actor necesario para corregir estos desequilibrios que el sector privado no puede o no quiere resolver por su cuenta.
La tesis central de Stiglitz advierte que las empresas privadas tienden a priorizar el beneficio económico inmediato sobre el bienestar social a largo plazo. Esta visión de corto plazo es la que suele desencadenar crisis profundas, donde los riesgos tomados por unos pocos terminan afectando a toda la comunidad. Por eso, un control estatal firme es indispensable para garantizar que el crecimiento sea estable y que las reglas del juego protejan el interés colectivo incluso el de los propios dueños del capital.
Ahora, para analizar lo que dijo el Presidente y lo que dice Stiglitz, vamos a recurrir a la propia historia de YPF. Todo comenzó el 3 de junio de 1922, durante las postrimerías del gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando se fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Fue la primera petrolera estatal integrada verticalmente en el mundo. El alma de este proyecto fue el General Enrique Mosconi, un hombre convencido de que el petróleo debía ser nacionalizado para evitar que el capital extranjero dictara, en sus palabras: “el destino moral y material del pueblo”.
Bajo su mando, entre 1922 y 1930, la empresa vivió una era de oro fundacional. En 1920 solo había 128 pozos perforados, pero Mosconi multiplicó la actividad de tal forma que para finales de su gestión YPF ya era capaz de autofinanciarse. Aunque no alcanzó el monopolio absoluto, Mosconi logró que el Estado controlara el precio del combustible, estableciendo un hito de autonomía. En esos comienzos, la empresa operaba con unos pocos miles de empleados, pero su impacto era total: donde YPF clavaba un taladro, nacía un pueblo.
Tras décadas de expansión y cambios políticos, llegó la década del noventa y el giro hacia el mercado de Carlos Menem. La primera privatización de YPF, iniciada en 1993, es recordada por muchos técnicos como un proceso exitoso en términos de eficiencia operativa inmediata. Bajo la dirección de José Estenssoro, la compañía se transformó en una sociedad anónima y salió a cotizar en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.
En esta etapa, el Estado Nacional conservó una participación del 20% y la llamada "acción de oro", que le permitía vetar decisiones que afectaran el interés nacional, las provincias que finalmente son parte del Estado otro tanto y los privados menos del 50%, o sea, sin el control. La empresa se volvió altamente rentable y aumentó su producción, pero el modelo cambió drásticamente en 1999 con la segunda privatización.
Menem decidió vender sus acciones y las de las provincias o sea el control del Estado, permitiendo que la española Repsol tomara el control. Comenzó una etapa de desinversión sistemática: Repsol se enfocó en girar utilidades a Europa para financiar su expansión global, mientras las reservas argentinas caían y la exploración se paralizaba.
Antes de la privatización parcial en 1992 YPF tenía pérdidas porque se había convertido en una herramienta de subsidio estatal para paliar el desempleo, muy parecida al empleo público, llegó a tener 50 mil empleados, una dotación absolutamente desproporcionada con las necesidades de su producción al punto que durante las distintas etapas de profesionalización en los años 90 terminó con alrededor de 6.000 lo que significó un golpe casi mortal para localidades como Mosconi y Cutral Co, donde directamente se cerraban las dependencias de YPF dejando desocupación a todo el pueblo. Este fue el epicentro del surgimiento del movimiento piquetero en los noventa.
El rol de Néstor Kirchner en esta trama es complejo. Durante los noventa, como gobernador de Santa Cruz, fue uno de los principales impulsores de la privatización y el apoyo de sus legisladores fue clave para que Menem lograra la ley. A cambio de ese apoyo, Santa Cruz recibió más de 600 millones de dólares en regalías petroleras mal liquidadas. Ese dinero de las regalías, que fue girado al exterior por seguridad financiera, se convirtió en la base económica que permitió a Kirchner proyectar su figura a nivel nacional y financiar su campaña presidencial de 2003.
Ya en el poder, Kirchner promovió en 2008 el ingreso del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, antiguos dueños del Banco de Santa Cruz y cercanos al presidente. El esquema fue sumamente polémico: los Eskenazi adquirieron el 25% de las acciones sin desembolsar capital propio, pagando la deuda con los mismos dividendos que generaba YPF. Esto forzó a la empresa a un vaciamiento aún mayor, ya que casi el 90% de las ganancias se repartían entre los socios en lugar de reinvertirse en el suelo argentino.
La desinversión de Repsol en YPF fue la respuesta de la empresa a un cambio drástico en las reglas de juego tras la crisis de 2001. El primer golpe fue la pesificación asimétrica y el fin de la convertibilidad, que rompió los contratos originales al obligar a la compañía a operar con costos en dólares pero ingresos en pesos devaluados.
A este escenario se sumó la política energética del kirchnerismo, que impuso techos a los precios internos de los combustibles para frenar la inflación, desvinculándolos de los valores internacionales. Con precios locales bajos y fuertes restricciones para girar dividendos a España, Repsol optó por un modelo de "cosecha": extraer el recurso existente sin invertir en buscar nuevas reservas. Este combo de señales económicas contradictorias terminó agotando el horizonte energético del país y derivó en la pérdida del autoabastecimiento.
Néstor Kirchner fue incoherente y siempre cortoplacista con YPF, como un almacenero que solo mira la caja del día, agarró gustoso los dólares por las ventas de las acciones a fines de los 90 para Santa Cruz, luego le impuso precios bajos para subsidiar el consumo de sus votantes, y luego canjeó el pago de dividendos por acciones para su amigo con la sospecha de que fuera él mismo.
Este proceso de "argentinización" fallida derivó en una crisis energética profunda. Para 2011, Argentina había perdido el autoabastecimiento y debía importar gas y petróleo por miles de millones de dólares, drenando las reservas del Banco Central. Ante esta emergencia, en abril de 2012, el gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como arquitecto del proyecto, anunció la expropiación del 51% de las acciones de Repsol. Fue una estatización parcial que devolvió al Estado el mando de la compañía. Kicillof argumentó que se trataba de recuperar la soberanía frente a una multinacional que había priorizado sus intereses globales sobre el desarrollo local.
La estatización de 2012 fue el motor que puso en marcha Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo. Gracias a la inversión estatal inicial y las asociaciones estratégicas posteriores, Argentina está nuevamente a las puertas del autoabastecimiento pleno. Se han construido gasoductos troncales y se proyectan plantas de licuefacción para exportar gas al mundo. Aquella empresa que nació en un pequeño despacho con Mosconi y que sobrevivió a privatizaciones y vaciamientos, se consolida hoy como el pilar fundamental de la economía nacional, capaz de transformar el déficit energético en un superávit exportador que promete ser la llave del desarrollo argentino para las próximas décadas.
Volviendo a lo que dice Stiglitz, vemos acá cómo los diferentes actores económicos solo miraron las ganancias a corto plazo. Repsol, Eskenazi y lamentablemente, Néstor Kirchner que no era un actor privado, pero en ese caso actuó como tal. Efectivamente, un Estado eficiente interviniendo y reapropiándose de una empresa que maneja recursos estratégicos puede permitir que el masivo ingreso de divisas, luego pueda ser utilizado para desarrollar otras áreas de la economía o para mejorar la salud y la educación de los argentinos, por ejemplo.
A estas ideas, Milei responde que el Estado es una suerte de parásito que solo se encarga de robar y en el mejor de los casos, administrar, la riqueza e innovación que genera el sector privado. Sin embargo, hay un pensador que Milei haría bien en leer. Mariana Mazzucato revoluciona la visión del sector público al proponer el concepto del Estado Emprendedor. Su argumento principal es que el Estado no debe limitarse a corregir fallas del mercado, sino que tiene la capacidad y la responsabilidad de crearlo. A través de datos históricos, demuestra que las innovaciones más disruptivas de nuestra era, como el GPS, internet o las pantallas táctiles, nacieron de inversiones estatales de alto riesgo que las empresas particulares no estaban dispuestas a asumir por su falta de rentabilidad inmediata.
La tesis central de Mazzucato sostiene que existe una distribución injusta del progreso: el Estado asume los riesgos más inciertos en las etapas iniciales, pero el sector privado se apropia de las ganancias una vez que la tecnología es comercialmente viable. Por ello, propone que el Estado debe mantener el control y la inversión estratégica para distribuir las recompensas y no solo los riesgos. Esto implica que los retornos de las innovaciones financiadas con fondos públicos deben volver a la sociedad para alimentar nuevos ciclos de desarrollo, garantizando que el éxito tecnológico se traduzca en un beneficio colectivo y no solo en renta corporativa.
Ahora, obviamente que hay riesgos con la intromisión del Estado.
El primer gran riesgo es el despilfarro de recursos públicos. Bajo esta óptica, se argumenta que el Estado no posee la "disciplina de mercado" necesaria para gestionar capital de manera eficiente. A diferencia de un privado, el público puede invertir millones en proyectos de alto riesgo que no le exigen rendir cuentas de la misma forma, lo que deriva en una pérdida de riqueza colectiva sin las penalizaciones que sufriría una empresa en quiebra.
Otro argumento central contra la intervención estatal es la captura del Estado. Este fenómeno ocurre cuando empresas privadas, en lugar de competir por eficiencia, utilizan su influencia para "comprar" favores políticos. Esto transforma al Estado en un ente que beneficia a amigos del poder en lugar de a los actores más productivos.
Asimismo, la intervención suele generar una falta de competencia crónica. Cuando el Estado protege o gestiona empresas, estas pierden el incentivo de mejorar. Al no enfrentar la presión de quebrar, las organizaciones estatales tienden a volverse lentas, burocráticas y poco innovadoras. Esta protección de la "industria infante" puede terminar perpetuando estructuras ineficientes que nunca llegan a ser competitivas a nivel global.
Finalmente, existe el peligro de la burocracia ineficiente, planteado incluso por quienes reconocen fallas en el mercado. En este caso, se sostiene que el "fallo del Estado" puede ser mucho más costoso y dañino que el problema original que se intentaba corregir. La gestión pública suele ser intrínsecamente más lenta y onerosa, lo que genera una estructura de control que termina asfixiando la dinámica económica en lugar de potenciarla.
Reconociendo todos estos riesgos, hay que tomar como ejemplos las empresas con control estatal y exitosas.
El caso más emblemático a nivel global es, sin duda, Equinor (antiguamente Statoil) en Noruega. Esta compañía petrolera y energética, donde el Estado conserva el 67% de las acciones, es el pilar que transformó a un país de pescadores en una de las naciones más ricas y estables del mundo. Su éxito radica en una separación quirúrgica entre la gestión empresarial y los vaivenes políticos. Equinor opera bajo reglas de mercado, cotiza en bolsa y compite globalmente, pero su propósito fundamental es alimentar el Fondo Soberano de Noruega.
Gracias a esta estructura, el país ha logrado ahorrar más de un billón de dólares, garantizando que la riqueza del petróleo no se evapore en consumo presente, sino que financie las jubilaciones y el bienestar de las generaciones futuras, convirtiendo un recurso agotable en un capital financiero perpetuo.
En una línea similar de dominio estratégico sobre recursos naturales, se encuentra la Corporación Nacional del Cobre de Chile, mejor conocida como Codelco. Fundada en 1976 tras la nacionalización del sector, Codelco es hoy el mayor productor de cobre del mundo. A diferencia de otros modelos estatales, esta empresa ha sido históricamente gestionada con un alto nivel de profesionalismo técnico. Su contribución al país es directa y masiva: la ley chilena obliga a la compañía a transferir la totalidad de sus excedentes al fisco. Estos fondos han sido el motor principal de la estabilidad macroeconómica de Chile, financiando programas sociales, infraestructura y educación durante décadas. Durante los ciclos de precios altos del cobre, Codelco se convierte en el "sueldo de Chile".
Otro ejemplo fascinante de éxito estatal en un sector de altísima competitividad es Singapore Airlines. Aunque el Estado es el accionista mayoritario a través de su holding Temasek, la aerolínea es reconocida mundialmente por su excelencia en el servicio y su rentabilidad sostenida. Su éxito ayudó a posicionar a Singapur como un centro logístico y financiero global, actuando como una herramienta de "soft power" y conectividad estratégica. La clave fue la nula interferencia política en las decisiones de negocio; la empresa vuela las rutas que son rentables y compra los aviones que necesita, sin subsidios operativos encubiertos.
En el ámbito de la energía y los servicios públicos en Europa, destaca Électricité de France (EDF). Esta empresa ha sido el brazo ejecutor de la independencia energética francesa a través de la energía nuclear. Gracias a una fuerte inversión estatal, Francia logró una de las matrices eléctricas más descarbonizadas y estables del continente.
Este es el debate de fondo en relación con lo sucedido en YPF. Fue correcta la intervención del Estado para reestatizar el control accionario de la empresa y también podemos arribar a la conclusión general de que es necesario que el Estado intervenga en la economía, no solo para corregirla o proteger los intereses generales de los posibles excesos de los intereses particulares, sino, también para generar riqueza e innovación.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
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