En su programa, que se emite en dúplex por Net TV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi repasó como hecho político principal del fin de semana las repercusiones que dejó en la política local el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que desestimó la demanda de los fondos buitres por la estatización de YPF.
Un asunto muy favorable para la Argentina deriva en tres minutos en un conflicto político
El viernes 27, un fallo de una cámara de apelaciones de Nueva York revirtió un fallo emitido por la jueza Loretta Preska, que condenaba a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares al fondo de inversión llamado Burford por la estatización de YPF. Revisando la cronología, la jueza consideró que Argentina incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York determinó que la jueza interpretó mal la legislación argentina, y que la ley nacional estaba por encima del estatuto de YPF.
Para la jueza Preska era más relevante el estatuto, entendido como un contrato entre privados, y esa interpretación derivó en un fallo contra Argentina que parecía inapelable; había un consenso de que el caso era casi imposible de levantar. No obstante, esta cámara de apelaciones interpretó las cosas de modo inverso, puso la ley argentina por encima de YPF y falló a favor del país.
Recordemos un poquito la cronología del asunto. Este caso atravesó cinco gobiernos. En 1993, el expresidente Carlos Menem y el gran José María Estenssoro, entonces al mando de YPF, habían logrado un avance significativo en la administración de la empresa, iniciando un proceso de privatización inteligente con cierto control argentino y emitiendo acciones en los mercados.
Ese proyecto se revirtió por falta de fondos y, tras la muerte de Estenssoro en un accidente aéreo en Ecuador, se le vendió la compañía a la española Repsol. En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF con aprobación del Congreso, una operación que dejó muy complicados a los socios minoritarios, especialmente al Grupo Petersen. Esos inversores quebraron e iniciaron una demanda; en 2015, Burford compró los derechos de ese juicio e inició el litigio en Nueva York.
YPF: Burford analiza no apelar ante la Corte de EE.UU. por el alto riesgo de perder dinero
En 2019, la Corte de Estados Unidos confirmó que el caso debía tramitarse en Nueva York y, en 2023, la jueza Preska concluyó que Argentina había incumplido una obligación contractual al no ofrecer comprar la parte accionaria de todos los participantes. Allí comenzó el proceso de "Discovery" para identificar y embargar activos argentinos para pagar la indemnización. Sin embargo, hace dos semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum pidiendo suspender el Discovery, lo cual se tomó como una presión de la Casa Blanca para mejorar la posición argentina.
Por supuesto, el presidente Milei buscó capitalizar este éxito judicial con un discurso en cadena nacional de diez minutos, el viernes por la noche. En un tono muy exaltado, insultó a Axel Kicillof y a Cristina Kirchner: "Tuvimos que arreglar las cagadas del imbécil y la corrupta de Cristina". Cristina y Kicillof se defendieron y argumentaron que el juicio se ganó como consecuencia de que ellos tenían razón.
Es interesante cómo un asunto muy favorable para los argentinos, como fue este fallo, deriva inmediatamente, ¡en tres minutos! en un conflicto político entre las partes. Este, además, tuvo la curiosidad de unir a dos enemigos, Cristina Kirchner y Axel Kicillof, bajo el mismo argumento, de que lo que hizo la Cámara fue darle la razón a ellos. Después volvió Kicillof, y dijo que la justicia norteamericana lo reivindicó a él, no a la gestión que hicieron varios gobiernos, incluso este gobierno. Cada sector logró logó intentó capitalizar eh este éxito judicial y tirárselo por la cabeza a su rival.
Rescato a dos personas que han tenido mucha intervención en este caso y han dicho cosas muy razonables. Una es una funcionaria del gobierno argentino actual, la secretaría legal y técnica de la presidencia, María Ibarzábal, quien explicó en una entrevista al diario La Nación que el resultado es consecuencia de una labor coordinada en materia política, diplomática y judicial entre 2015 y 2023. Por otra parte, escribió un artículo Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y abogado del Estado en la época del presidente Mauricio Macri, señaló que este no es el triunfo de un gobierno en particular, sino de argumentos jurídicos que se mantuvieron inalterables como una verdadera política de Estado a través de cuatro administraciones.
Acá no hay héroes individuales en esta historia. Fue el triunfo de los argumentos jurídicos que se esbozaron allá por el 2017 y permanecieron inalterables frente a cambios de gobierno, presiones externas, una condena inicial que parecía irrevocable. Fue una verdadera política de estado a través de cuatro administraciones.
Como mencionamos anteriormente, queda todavía una instancia adicional: recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque expertos consideran difícil que la Corte acepte el caso, es muy probable que se intente debido a los 16.000 millones de dólares en juego. En este asunto se destaca una inusual coherencia en el manejo de YPF por parte de Argentina como país.
Finalmente, el gobierno ha buscado utilizar esta gran noticia para intentar enfriar otros temas polémicos de la agenda pública, como los casos de los escándalos por los gastos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la estafa de la criptomoneda Libra.
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