El Gobierno prorrogó nuevamente un beneficio impositivo en favor de los colegios privados
La medida busca evitar mayores aumentos en el valor de las cuotas. Se trata de un aplazamiento en la reducción de pagos de contribuciones patronales hasta fines de 2024.
Aumento, suba, incremento, son palabras comunes para los argentinos que ven golpeados sus bolsillos en los diferentes rubros de la economía familiar. El Gobierno, haciéndose eco de este fuerte impacto sobre los asalariados, precisamente a poco de conocerse el dato oficial de la inflación mensual publicado por el Indec, que llegó al 20.6% para enero con un acumulado interanual arriba del 254%, tomó una medida de alivio.
En esa línea, el Ejecutivo decidió prorrogar un beneficio impositivo para los colegios privados en busca de evitar mayores aumentos en las cuotas que deben pagar los estudiantes matriculados este año. En concreto, se anunció el aplazamiento de la reducción de los pagos de las contribuciones patronales a las entidades educativas privadas hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive. El objetivo apunta a evitar un “incremento importante” en las cuotas mensuales que golpean fuerte el presupuesto de las familias argentinas.
La medida fue oficializada mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 134/2024. La norma lleva la firma del presidenteJavier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de los ministros de Economía y Capital Humano, Luis “Toto” Caputoy Sandra Pettovello, respectivamente.
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Entre los considerandos del decreto, los fundamentos que dan lugar a la medida señalan que “es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”.
Por consiguiente, la actual gestión presidencial evaluó y consideró “indispensable” aplicar una prórroga del plazo establecido por el artículo 24 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Ley N° 27.541). Así, la norma mantiene la exención del pago y aplica alícuotas diferenciadas en las contribuciones patronales de las escuelas de enseñanza privada. Asimismo, aclara que el decreto se encuentra vigente desde el 1 de enero.
Por otra parte agrega que “La suba agravaría el crítico contexto en el que las instituciones se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas”. Al tiempo que ahonda en la necesidad de aplicarse esta prórroga, ya que según surge de los considerandos, se habría producido un “incremento desmesurado en las contribuciones patronales”, que tendría un impacto “incluso mayor” fuera del ámbito de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires si no se prorrogaba la medida.
Cabe recordar, y así lo destaca la norma, que desde 2001, y en reiterados períodos, se aplicó por vía de decreto la exención al pago de las cargas y contribuciones patronales, en cabeza de los colegios privados.
Esta medida, que se traduce en un directo beneficio impositivo genera un notorio alivio sobre los colegios privados al oficializarse el anuncio. Un anuncio que se realizó en forma tardía por parte del Gobierno, agregando incertidumbre a las entidades educativas, en un contexto de implementación de numerosas políticas de ajuste. Finalmente, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se habilitó la inscripción de los empleadores titulares de establecimientos de enseñanza privada. El acceso al beneficio de la reducción se hace efectivo mediante la presentación del formulario 931.
En ese marco, el Gobierno enfatizó que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.
Además, el Ejecutivo contempló que "el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”. Y precisó que, en caso de autorizarse la aplicación de la ley 27.541 para este periodo 2024, se “produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las que se hizo referencia”.
Destacó el decreto que el aumento “sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente”.
Además puntualizó el decreto que “la mayoría de los establecimientos educativos privados goza de aporte estatal, siendo estos financiados únicamente por las Provincias. Y agregó que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”.
También debe tenerse en cuenta, que en diciembre de 2019, en el Marco de la Emergencia Pública, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, entre otras medidas, estableció nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximiendo de su pago a los empleadores titulares de establecimientos educativos privados hasta finales de 2020. En el mismo acto se facultó al Poder Ejecutivo a prorrogar dicha eximición. La gestión del presidente Alberto Fernández, realizó las prórrogas por decreto en 2021, 2022 y 2023, con fecha de vencimiento de la última prórroga el 31 de diciembre del año pasado.
