El exdirector del Banco NacióEl exdirector del Banco Nación Claudio Lozano cuestionó la política de créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores y afirmó que “no eran para financiar viviendas premium”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), consideró que la operatoria es “moralmente inaceptable”, podría encuadrarse como una violación a la ley de ética pública y representa “una dilapidación de recursos crediticios” que deberían destinarse a sectores con mayores dificultades para acceder a la vivienda.
Claudio Lozano es economista graduado de la Universidad del Salvador y dirigente político; fue presidente del Banco Nación durante la gestión de Alberto Fernández entre 2020 y 2022 y ocupó bancas como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en varios períodos entre 2013 y 2015. Es el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y presidente del partido Unidad Popular. Recibimos en Modo Fontevecchia a Claudio Lozano.
En el medio de la discusión respecto de la legalidad, la moralidad, la oportunidad de los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios destacados del Gobierno nacional, apelo a usted, que fue director del Banco Nación, para que primero dé su opinión en cada uno de estos ítems: la legalidad, lo moral y lo oportuno.
Cuando el presidente Milei dijo en el inicio de las sesiones ordinarias que iba a colocar la moral como política de Estado, ya teníamos algunos indicios de que estaba bastante flojo de papeles. Esto no hace más que ratificarlo. Sobre este tema hay que decir varias cosas. En primer lugar, que moralmente es absolutamente inaceptable; segundo, que uno podría encuadrarlo en una violación a la ley de ética pública, básicamente porque una fuerza política que administra el país y, consecuentemente, el Banco de la Nación, y le da préstamos a sus funcionarios y sus legisladores, obviamente está incursionando en un conflicto de intereses que, según el artículo 13 de la ley de ética pública, claramente los incriminaría.
En tercer lugar, lo que hay que decir es que, desde el punto de vista de la política de un banco público, que tiene una línea de crédito hipotecaria que en todo caso tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de sectores que tienen dificultades, de carácter financiero para poder hacerlo, esto no es más que una dilapidación de recursos crediticios.
Esta línea de crédito no tiene por objeto financiar la adquisición de viviendas premium. Estamos hablando, tomando los primeros 24 créditos más importantes, de los cuales 22 tienen que ver con funcionarios de La Libertad Avanza. Estamos hablando de una inversión de 6.200 millones de pesos para financiar adquisiciones de 370.000 dólares, en promedio 200.000 dólares cada uno. No es una política razonable desde el punto de vista de la banca pública para una tasa preferencial de una línea de crédito hipotecario.
Cada uno de estos créditos podría haber sido tres créditos de 100.000 dólares o cuatro incluso menores, para acompañar necesidades mucho más imperiosas y urgentes de sectores medios y medios bajos de la población.
Así que, desde el punto de vista ético, es inaceptable. Vuelvo a decir: la ley de ética pública merecería ser un marco como para encuadrar esto. Desde el punto de vista de la política de la banca pública no tiene ningún sentido; más bien demuestra que administran la banca pública como si fuera una banca privada, y no otra cosa.
Y después, viene el punto de tener una evaluación de los casos particulares, porque claramente hay situaciones que resultan bastante poco claras. Ahí hay que meterse en cada caso, ver cómo se hizo el estudio de ingresos y de la propiedad que en todo caso se adquirió y en qué medida se cumplieron con los requisitos.
En algunos casos pareciera como que los requisitos no se cumplieron adecuadamente. El caso de la hoy diputada Lorena Villaverde: por la información de la que dispongo, se le negó el crédito en la sucursal del Banco de Río Negro, se le aceptó el crédito en casa central.
La verdad que es alguien con la foja y antecedentes que uno le conoce, detenida en Estados Unidos, vínculos sospechados con el narcotráfico, la existencia supuesta de inhibición, aparentemente en el marco de un emprendimiento inmobiliario muy importante que está desarrollando en la propia provincia de Río Negro; la verdad que no pareciera ser alguien que debiera haber sido autorizada a recibir un crédito de esta naturaleza.
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Así que me parece que, más allá del planteo general o de la excusa que suelen utilizar desde el Gobierno respecto a que no hay ninguna normativa que prohíba el acceso de funcionarios públicos o legisladores a tener créditos de esta naturaleza, la ley de ética pública limita la posibilidad de hacer esto.
No es una sala política de crédito para la banca pública y habría que examinar caso por caso para ver efectivamente los niveles de ilegalidad que pueden haber existido en la concesión de estos créditos que, como dije antes, sobre los primeros 24 hay 22 de funcionarios de La Libertad Avanza; en los primeros 50 son 34, y aparentemente siguen apareciendo, a medida que uno va hacia abajo, nuevos beneficiarios con créditos un poco menores, también vinculados a la misma fuerza política.
Usted integró el gobierno de Alberto Fernández y fue crítico de su política económica en la época incluso del ministro Martín Guzmán. Al ver la política económica del ministro Caputo y del presidente Milei, ¿aquello le resultaba aceptable? Aquello, no esto.
Yo creo que, casualmente, el tema de no haber tenido una orientación que pudiera abrirle la puerta a una estrategia de desarrollo a la Argentina, y que fracasara de manera estrepitosa en el proceso de negociación de la deuda con el Fondo, por haber encarado mal ese proceso, tuvo mucho que ver con las razones por las cuales el gobierno de Alberto Fernández no pudo cumplir con el contrato electoral y, en el marco de ese fracaso, se le abriera la puerta a la emergencia de una experiencia tan nefasta como la que tenemos ahora.
Me parece que es muy difícil entender la aparición de una experiencia como esta si no es en el marco de los dos fracasos anteriores: el fracaso de la experiencia de Macri y el fracaso de la experiencia de Alberto Fernández.
Por lo tanto, el tema de la revisión de los errores cometidos por las experiencias progresistas como condición de posibilidad para que aparezcan propuestas nefastas de la ultraderecha me parece una clave muy importante del análisis que hay que hacer, sobre todo en perspectiva de lo que hay que construir de aquí para adelante.
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¿Y existen posibilidades? ¿Existen posibilidades para que haya un gobierno progresista que pueda producir esos efectos de redistribución de renta en el esquema mundial actual y en la particular situación de la Argentina?
Es una cuestión que tiene que ver con la construcción de poder político en cada comunidad y, en el caso nuestro, me parece que en este sentido Milei no es solamente Milei: detrás de Milei se articuló un bloque de poder que involucra a las principales corporaciones económicas de la Argentina y a los propios Estados Unidos, y que al mismo tiempo no solo tiene a La Libertad Avanza como respaldo, sino a sectores importantes de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista.
Hay un bloque de poder importante ahí atrás y creo que la construcción de otra alternativa supone construir otro bloque de poder alternativo que sostenga una política de transformación que, para mí, tiene una clave central: discutir de otra manera el fenómeno del endeudamiento en la Argentina.
El fenómeno del endeudamiento en la Argentina genera un cuadro en el cual Argentina se ve obligada, de manera sistemática y permanente, a proceder a una inserción de carácter exportador y extractivo por el objetivo exclusivo de garantizar divisas para pagar deuda pública.
Y en realidad lo que esto abre es un proceso de succión de rentas, es lo que en todo caso estamos viviendo hoy en el marco de la política actual. Y la verdad es que Argentina necesita cortar la lógica del endeudamiento perpetuo en el que estamos metidos prácticamente hace cinco décadas.
Y eso implica discutir en serio este tema, organizar a la comunidad en esa discusión y dar un debate diferente con los organismos multilaterales de crédito y con el Fondo, distinto a lo que se ha planteado hasta aquí, que en todos los casos no ha dado prácticamente ningún resultado.
Así que, reconociendo la necesidad de que esto requiere poder político, creo que es absolutamente factible, sobre todo en el caso argentino. Argentina es un país que tiene o dispone de rentas y ventajas en términos de recursos naturales.
En el marco actual están siendo organizados en función de un proceso de saqueo y destrucción de esas rentas en favor de determinadas corporaciones y en función de una orientación exportadora para pagar deuda, pero esas rentas en realidad equivalen a miles de millones de dólares que tienen que ver con el litio, con los hidrocarburos, con el uranio, las tierras raras y demás.
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Argentina es un país, en ese sentido, realmente muy importante como para poder tener una política pública que capture esas rentas en favor de financiar un proceso de desarrollo social y de un nuevo modelo productivo.
Me parece que en ese sentido hay experiencias internacionales que muestran que una política razonable por parte del Estado de captura de las rentas asociadas a los recursos naturales permite financiar estrategias de desarrollo y de organización de sociedades con niveles de vida realmente muy satisfactorios. El caso de Noruega y del fondo soberano que administra Noruega es un ejemplo muy claro en esa dirección.
Argentina, en este sentido, dilapida permanentemente las rentas de las que dispone en términos de ganancias de grandes corporaciones o de pago de deuda pública. Cambiar esa lógica me parece que es algo que, indudablemente, requiere poder político, pero que es absolutamente imprescindible para poder dotar de mayor bienestar al desarrollo de nuestra sociedad y para poder financiar un nuevo proyecto productivo en el país.
Alberto Fernández y Martín Guzmán no pensaban como usted. Sergio Massa no pensaba como usted, que votó a favor del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Quién quedaría en el campo político? ¿Qué sector quedaría en el campo político con capacidad de llegar a la presidencia y poder instrumentar esto que usted plantea?
La verdad es que nosotros trabajamos en esa dirección y buscamos socios que tengan que ver con esa estrategia. Obviamente nosotros participamos del Frente de Todos sabiendo que éramos una corriente minoritaria. Pero cuando se abrió la discusión sobre el acuerdo con el Fondo, la verdad es que fue un acuerdo que se terminó sacando tirado de los pelos y sin que tuviera consenso interno. La verdad es que el debate no se abrió.
Nosotros lo que necesitamos son espacios o frentes políticos que tengan una institucionalidad y un debate democrático que permita discutir con la comunidad los rumbos que se siguen. Y en este sentido ese paso no existió en el marco del Frente de Todos y me parece que esa fue su gran debilidad.
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¿Ese espacio lo podría representar Kicillof, por ejemplo? ¿O quién podría representar su idea respecto de que la deuda es el problema central?
Yo creo que Kicillof tiene una oportunidad abierta. Creo que el proceso de articulación de una construcción política nueva en la Argentina supone un proceso de mayor radicalización en los planteos políticos que se han venido esgrimiendo hasta acá.
Me parece que la idea de tratar de reemplazar esto por una experiencia de moderación absoluta, que no ponga en cuestión el régimen de acumulación que tiene hoy la Argentina, es una perspectiva que tiene muchas dificultades para poder abrirle la puerta a un proceso que tenga consenso social y popular en nuestro país.
