Germán Garavano, exministro de Justicia, aseveró que Fabián Rodríguez Simón "está declarado rebelde y con un pedido de captura de la justicia argentina". Su postura contraria a la ley del 2x1 y si podría progresar el pedido de juicio político a la Corte Suprema, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).
El martes tomaste distancia de la implementación del 2x1 para el represor Luis Muiña. Teniendo en cuenta el delicado caso, contanos si lo habías hecho con anterioridad y cómo fue tu posición a lo largo del tiempo.
Lamentablemente, el martes en la sesión de juicio político casi no fui preguntado por ese tema, que es por el que había sido convocado a la sesión, y sí preguntaron otra cosa que nada tenía que ver con los procesos, lo cual me preocupó y lo señalé desde el comienzo, porque estamos frente a un juicio político contra la Corte que es más un circo político que un juicio donde, como abogado, veo sucesiones violaciones a lo que se llama el debido proceso.
Todo un proceso sesgado y buscando la repercusión pública como la que estamos teniendo nosotros y no verificar si efectivamente algunos de los jueces cometió alguna infracción legal, delito o mal desempeño que serían los causales para eventualmente analizar su remoción.
En ese contexto, lo que expliqué es que a nosotros ese fallo nos sorprende. En aquel momento, respetando la independencia judicial y señalando, mencioné que los fallos están para cumplirse y más un fallo de la Corte.
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Arrastro diferencias hace muchos años con la ley del 2x1. De hecho, luego terminó colaborando en la redacción de la ley correctiva que sale y en especial el artículo 2 de esa ley. Tengo grandes diferencias con la ley del 2x1, fue la peor decisión que tomó el Congreso en toda su historia porque es inconstitucional, en alguna medida, porque es una ley que privilegia a aquellas personas que generalmente cometieron los delitos más complejos o graves y por esa razón tuvieron más procesos más largos.
Entonces, al estar detenidos por eso delitos complejos y tener procesos más largos, lo que la ley preveía es que el que estaba más de dos años sin condena podía tener un beneficio de que los días se le cuenten dos veces y, en realidad, cuando uno tiene que beneficiar a alguien en el sistema penitenciario, carcelario o en la conducción de procesos, es a aquellos que cometen los delitos más leves, se arrepienten y brindan información.
Podemos encontrar muchas razones para decidir, desde el Estado, beneficiar a alguna persona que cometió delitos, pero esta ley beneficiaba a lo peor sin ninguna razonabilidad. La Corte en ese momento dictó un fallo diciendo que la ley no distinguía y es una aplicación garantista siguiendo los criterios de Zaffaroni. Es por eso que también es un contrasentido entre las posición de organismos de derechos humanos y la discusión sobre el fallo.
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Me dicen que este martes, casualmente en la misma Comisión de Juicio Político, Estela de Carlotto estuvo declarando sobre el fallo de Muiña y te voy a leer textualmente para luego comparar con el dictamen del fallo Fontevecchia, que era aquel caso mío contra Carlos Menem. "Fui indispensable para emitir el de Muiña de 2x1". ¿Encontrás alguna relación entre ese primer fallo de la Corte, no sé si la palabra correcta es desoyendo la decisión del Tribunal Interamericano, de modificar una sentencia con lo de Muiña?
La verdad es que no. De hecho, en algún punto son contradictorios porque, en tu fallo, la Corte toma una posición restrictiva y de algún modo limitando el alcance de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando una posición más restrictiva. En el caso Muiña toman una posición más garantista, en términos de la extensión o el alcance de una ley que otorga, en este caso, derechos a las personas privadas de libertad.
No pude escuchar toda la presentación de Estela, porque estábamos junto a unos periodistas en otra sala y no en una antesala esperando para ser llamado, solamente escuché la parte final y la saludé cuando terminó.
Ahí hay un punto. En Argentina tenemos una discusión pendiente que deberíamos en materia jurídica dar sobre la previsibilidad del sistema de Justicia y si vamos hacia esquemas más garantistas o más restrictivo.
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Lamentablemente, esas discusiones quedan afectadas por cada caso. A veces, pareciera que somos más garantistas, si se trata de un caso de un delincuente común, y si se trata de un delito de lesa humanidad somos más garantistas, en términos de algunas decisiones sobre distintas cuestiones y a vez restringimos el alcance de los pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que es un organismo de derechos humanos regional que está por encima de nuestra Corte.
Una de las tantas cuestiones difíciles y que tiene por delante nuestro sistema jurídico es ganar imprevisibilidad, más allá de que se vaya hacia un lado o al otro, pero lo que tenemos que tratar es que los fallos sean previsibles y que uno sepa cómo fallarán los jueces, el sistema de Justicia de acuerdo a precedentes y a la aplicación de la ley, sino el país se hace en algún punto invivible en términos de inversiones, decisiones y los mensajes para cumplir o no la ley.
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Alejandro Gomel (AG): Otro de los temas que se trataron en la Comisión tiene que ver con Fabián Rodríguez Simón, que todavía está prófugo en Uruguay. ¿Fue un error o mancha para el gobierno que usted integró tener la participación de este operador político o judicial?
Él está declarado rebelde y con un pedido de captura de la justicia argentina. Está a derecho en Uruguay, donde está ejerciendo sus derechos ante la justicia uruguaya, a partir de un pedido de refugio político y eso es lo que está en trámite en Uruguay, no es que está fuera del alcance, sino que está ejerciendo sus derechos como todos los tenemos.
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No comparto la decisión que tomó. De hecho, yo tomé una muy distinta y con todas las falsas denuncias que me hicieron, que son muchas y por suerte todas van siendo acechadas una a una, me quedé y enfrenté a los Tribunales, es mi consejo y es mi decisión, después lo que decidan otras personas es cuestión de ellas, pero hay que ponerse en la situación y es difícil.
Sí es cierto que el proceso que se le siguió a él es uno extraño, al menos por el conocimiento e incluso por decisiones del la propia Cámara de Apelaciones, que fue de algún modo revocando algunas decisiones que se tomaron en primera instancia. Y una causa donde también hay una querella muy agresiva por parte de empresarios periodísticos que también están involucrados en causas penales.
AG: ¿Son injustas las acusaciones contra Rodríguez Simón?
Todavía la Justicia en ese proceso no ha podido imputar con algún grado de certeza a ninguna persona| y los fallos que alguno vio de la Cámara de Apelaciones fueron bastante duros en cuanto a que no termina de estar definido los objetos o delitos.
No me atrevo más a que hacer una lectura de estos fallos que trascendieron de la Cámara de Apelaciones.
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¿Qué futuro le ves a este trámite de juicio político en la Cámara? ¿Es meramente declamativo? ¿Generará alguna forma de establecimiento de futuro votación en el próximo ciclo legislativo?
En el corto plazo, es algo que no tiene perspectiva de prosperar. Porque no parece realmente haber elementos ni causales de lo que vio hasta el momento en término del proceso y de cómo se está conduciendo.
De hecho, aclaré en la participación mía que si ese proceso fuera revisado por algún Tribunal de Justicia u organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos realmente no pasaría un test de debido proceso, por violaciones sistemáticas de garantías. Pero yo creo que le objetivo del oficialismo son dos cosas.
Por un lado, ejercer una presión sobre la Corte, que parece tener frutos, porque si uno analiza durante este año, no salieron fallos de esta sobre temas relevantes. Es más, hubo una nota en La Nación que decía que la Corte durante este año no iba a sacar ningún fallo que pudiera leerse en término políticos.
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Y, por el otro, uno también una apuesta a futuro, más allá de ese desgaste, que tiene que ver con la chance de sostener este proceso en el tiempo, con una mejora en la condición legislativa e intentar en algún momento la remisión de los jueces.
Por eso el futuro gobierno, una vez que esté integrada la Cámara y ver si este proceso siguió o tuvo dictamen, por lo que tendrá que analizar el pedido de dictamen y resolverlo por la positiva o rechazándolo. Pero uno tampoco no puede tener a jueces como rehenes de un proceso de remoción.
BL JL