A los ojos de Daniel Ortega, sus enemigos responden a una conjura orquestada por Estados Unidos, el Vaticano y todo aquel que no comulga con el régimen. En agosto ordenó el arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez; de 11 sacerdotes, y de dos seminaristas sin precisar los cargos.
Cinco meses antes había expulsado al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, representante del Papa. Hasta las 18 monjas de Misiones de la Caridad, creada por la Madre Teresa de Calcuta, debieron salir de Nicaragua. El país, polarizado desde los años noventa, no tiene cura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH) ha declarado en desacato permanente a Nicaragua por no respetar sus resoluciones sobre 46 opositores presos por razones políticas. La mayoría está en la opresiva cárcel policial El Chipote, de Managua, desde hace más de un año.Algunos de ellos osaron presentarse en 2021 como candidatos en las presidenciales que ganó sin escollos ni rivales el gobierno de Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. Lo pagaron caro: fueron arrestados.
La farsa electoral de Ortega, consumada a comienzos de noviembre de 2022 con otro paso hacia la instauración de un régimen de partido único tras la victoria de los suyos en todas las alcaldías del país en comicios también amañados, tuvo como excusa una ley aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional que pena los actos contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país centroamericano. Eso le permitió a Ortega rubricar su quinto mandato, el cuarto consecutivo, mientras bloqueaba a la oposición como en 2016. Entonces, por medio de la Corte Suprema.
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Le reprocha ahora la Corte IDH, uno de los tres órganos mundiales de protección de los derechos humanos con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la inobservancia de todas las resoluciones dictadas desde 2021.
De los 219 presos políticos según el recuento de la oposición y de los organismos humanitarios de Nicaragua, 46 son defendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las sentencias de la Corte IDH son vinculantes y los Estados están obligados a cumplirlas. Desde enero, la CIDH insta a Nicaragua a liberar a los presos políticos. Ortega, arropado por Rusia, China e Irán con el guiño de las autocracias vecinas de Guatemala, El Salvador y Honduras, hace oídos sordos.
El mejor discípulo de la dinastía Somoza, a la cual derrocó al frente de la Revolución Sandinista de 1979, emprendió sin pudor la razzia de opositores antes de su última victoria electoral. Empezó con el arresto de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.Su madre, Violeta Chamorro, derrotó a Ortega en 1990 y gobernó el país hasta 1997. Continuó con los otros.
Los cargos fueron desde lavado de dinero hasta traición a la patria e incitación a la injerencia extranjera. De Estados Unidos y compañía, pretextos favoritos de otra autocracia regional, Venezuela, y de la dictadura cubana.
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La estigmatización y el amedrentamiento contaron con la venia de un puñado de gobiernos latinoamericanos. Entre ellos, los de Argentina, México y Bolivia. En Nicaragua, un país en ruinas, aislado del mundo, dominado por el descontento popular, excluido por Joe Biden de la Cumbre de las Américas al igual que Venezuela y Cuba, campea a sus anchas el zancudismo.
El término, acuñado en la década del treinta durante la dictadura del primero de los tres Somoza, Anastasio, proviene de la palabra zancudo, sinónimo de mosquito que, al prestarse al juego político para obtener prebendas, les chupa la sangre a los ciudadanos.
El zancudismo le permitió salir airoso al segundo Somoza, Luis, en 1957, tras la muerte de su padre. En 2021, los empleados públicos de Nicaragua llevaban las de perder si no enviaban la foto de la boleta marcada con el voto ganador, el de Ortega, vía WhatsApp, a los compañeros sandinistas. Policías electorales, en realidad.
Un ritual político denunciado por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y Costa Rica, dispuestos a aplicar sanciones a parientes y allegados de Ortega. Halló cobijo en capitalistas amigos y viejos rivales como el expresidente Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista. Un acérrimo neoliberal convertido en la carta de su retorno al poder en 2007.
La crisis estalló en 2018 por la reforma del sistema de pensiones. Las revueltas fueron sofocadas por francotiradores y escuadrones de la muerte (grupos paramilitares y militantes del gobernante Frente Sandinista). Dejaron 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y al menos 100.000 exiliados, en su mayoría refugiados en la vecina Costa Rica.En Nicaragua, cual efecto dominó de Venezuela, su principal aliado, no se partió otro hierro caliente por una revolución, sino por la falta de recursos.
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Eran los que le enviaba a Ortega el régimen de Nicolás Maduro, contra las cuerdas por los vaivenes del precio del petróleo y por la debacle económica de su país. De Hugo Chávez heredó un acuerdo por el cual Nicaragua podía pagar en 25 años la mitad del petróleo venezolano con un interés ínfimo del dos por ciento. Entre 2007 y 2016, con importaciones, del orden de los 3.654 millones de dólares, el crecimiento de Nicaragua superó el promedio de América Central.
Ortega supo aprovecharlo: resultó reelegido en 2011 y en 2016. El dinero proveniente de la ganga petrolera le permitía financiar inversiones y mantener programas sociales, traducidos en clientelismo político, así como acrecentar las exportaciones gracias a otra concesión del finado Chávez: el pago con productos agropecuarios.
En esos tiempos, los del boom de las commodities (materias primas), Nicaragua crecía a un ritmo sostenido del cinco por ciento anual. Los empresarios nicaragüenses mantenían una buena relación con el gobierno, más allá de que se proclamara revolucionario y socialista.
El final de la cooperación de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) secó el pozo y Ortega debió rascar la olla para hallar recursos mientras aplicaba la represión como sistema, justamente aquello que combatió con sus camaradas sandinistas, algunos presos, otros exiliados, otros encarcelados, otros muertos, cuando el desacato, cual falta de respeto a los superiores, no era un fallo de la Corte IDH, sino una suerte de utopía para derrocar a una dictadura.
Como dejó dicho George Orwell en la novela 1984, “no se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura".
FM PAR
