El Servicio Federal de Seguridad (SFS), la policía federal rusa, dispone desde ayer de amplios poderes otorgados por un decreto de Vladimir Putin.
No solo debe garantizar los sistemas informáticos rusos ante posibles ataques extranjeros, sino que también tiene acceso irrestricto a las organizaciones que operen en internet y vía libre para aplicar las medidas que crea necesarias.
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El decreto prevé la creación de unidades estructurales para garantizar la seguridad de la información y, desde el 1° de enero de 2025, se prohibirá el uso de herramientas de protección de la información originarias de países considerados hostiles.
Una mordaza en toda regla que refuerza una ley de la Duma (Parlamento) que castiga la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso y su papel en la guerra con penas de hasta 15 años de prisión.
JL PAR
