Yamil Santoro: "Queremos rendición de cuentas, la última auditoría integral en la UBA fue en 2013"

El fundador de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, señaló que la falta de presupuesto para las universidades públicas es responsabilidad del Congreso. “Salir a plantear que el Gobierno está yendo a desfinanciar porque no tiene una obligación preexistente por una ley de presupuesto es una perversidad discursiva”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Yamil Santoro es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos y fundador de la Fundación Apolo. Además, fue funcionario porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y es uno de los dirigentes ligados al  oficialismo que se manifestó en contra de la marcha estudiantil en defensa de la educación pública. 

En las redes sociales expresaste que aquellos que asistan a la marcha en defensa de la universidad pública son “funcionales al proyecto político de los radicales”. ¿Por qué estás en contra de la marcha que está en defensa de la educación pública?

Hay que destacar que esto se ha convertido en algo planteado en términos maniqueos, donde parecería ser que todos los que marchan hoy son amantes de la universidad pública, mientras que aquellos que no lo hacemos estamos en contra de la educación pública y gratuita. Cuando uno analiza los términos en los cuales muchas de las organizaciones o de la propia universidad están convocando, lo hacen bajo premisas falsas planteando un hipotético riesgo de cierre de las universidades públicas, van con esa postura maximalista que no se condice con nada que haya hecho o dicho el Gobierno para fundamentar esa postura, habla de un punto de arranque de mala fe con el cual terminan congregando personas que genuinamente temen o pueden llegar a temer por la continuidad de la universidad pública, y vale aclarar que eso no está en peligro. 

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A partir de ahí, se abren una serie de aristas con respecto a cómo se viene manejando la tensión entre las universidades nacionales y el gobierno nacional, donde hay bastante tela para cortar y en donde vale aclarar que el Gobierno ya ha hecho una serie de desembolsos y ha comprometido otros tantos para garantizar la continuidad operativa de las universidades, pero lo que ha aparecido en el medio de este proceso es nada más y nada menos que la necesidad de que haya una rendición de cuentas acorde por los fondos que el Gobierno viene transfiriendo a las universidades nacionales, y si bien varios han esgrimido que la Auditoría General de la Nación es quien audita a la Universidad de Buenos Aires, queremos rendición de cuentas, porque la última auditoría integral en la UBA fue en 2013, es decir que llevamos más de diez años sin que se controle la manera en la que se administran los fondos públicos. Para los que hemos sido docentes y además graduados de la UBA, como en mi caso, hay un dato que surge inclusive de los propios censos internos sobre que más del 50% que estamos o estuvimos al frente de las aulas no cobramos por hacerlo. 

Entonces, hay más del 50% del plantel docente que no cobra, infraestructura deficiente, falta de equipamiento, aulas apestadas  y terminación baja, hay muchísimo para discutir en términos de eficiencia y de calidad del gasto, creo que eso es parte del proceso que se está atravesando en todas las áreas del Gobierno. 

Marchan contra el gobierno, no a favor de la UBA. Los que marchen, amen a la UBA o no, van a terminar siendo funcionales al proyecto político de los radicales (responsables de la mala gestión y manejo opaco del presupuesto universitario). La marcha es funcional a la oscuridad.

— Yamil Santoro Rudko (@yamilsantoro) April 22, 2024

Entiendo que el 50% de los profesores son ad honorem porque el presupuesto es bajo para la cantidad de alumnos que hay. Por ejemplo, el costo de un alumno en Argentina para la UBA es poco más de mil dólares y en Brasil es diez veces eso. Ahora, uno también podría discutir que en la Argentina, en la UBA, hay 300 mil alumnos y en la USP hay el 10%, creo que la discusión respecto de porqué hay un 50% de los profesores que no cobran es una consecuencia de otra causa que vale la pena discutir. 

Por otro lado, vos te referías a la auditoría de la UBA, pero es en todas las universidades públicas, no solamente en la UBA, que la mayoría del conurbano no están manejadas por radicales, sino por los peronistas.  Además, hasta hace una semana que el Gobierno nuevamente, a partir de que existía esta marcha, anunció que iba a mandar una cantidad de fondos adicionales, la información que tenían todos los rectores de las universidades públicas, era que iban a recibir el mismo presupuesto del año pasado. Es lógico que con una inflación con un costo dos o tres veces mayor al del año pasado te puedas quedar sin plata para pagar los sueldos en el segundo o tercer trimestre. Los rectores de las universidades públicas me aseguran que, muchas veces, del total del presupuesto recibido, el 85%, el 90% o incluso el 95% es destinado para sueldos. Entonces, si el costo se multiplica y recibís la misma cantidad de dinero, que es utilizado para sueldos, la hipótesis de que podes dejar de funcionar no es una falacia, sin duda no es seguro que así sea, pero por lo menos el riesgo existe.

El problema que tenemos en la UBA es que la gran mayoría de los docentes tienen dedicación exclusiva, el problema que tenemos, por lo menos en mi experiencia, es que no ves a un adjunto o a un titular de cátedra, todos cobran sueldos y sin embargo no aparecen por las aulas. Entonces los nombramientos en la UBA generan un derecho económico al margen, independientemente del aporte genuino que hagan o no a la comunidad educativa universitaria, y esta es una forma muy ineficiente de asignar presupuesto, porque estamos pagando por una multiplicidad de personas que no cumplen funciones docentes al frente de las aulas y en muchos casos no tienen roles de asignación activa de cursos a su cargo. La plata está para que los docentes que dan clases cobren, hasta te diría que sobra, pero el problema es que no va a la persona que trabaja, sino a la persona que ha accedido a un nombramiento de una forma u otra, más allá de si trabaja o no. 

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Con respecto al presupuesto 2023 y su proyección para el 2024, es una realidad que atraviesa a todo el Gobierno por la ausencia de una ley de presupuesto, donde en definitiva lo que ha pasado es que el Gobierno prorroga el presupuestos anterior y, a partir del mismo, empieza a tomar definiciones sobre cómo ampliar partida. No es que el Gobierno caprichosamente estableció como marco de referencia un presupuesto anterior, es lo que pasó porque el Congreso, con todas las fuerzas políticas que lo incluyen, no logró sancionar en tiempo y forma una ley de presupuesto, y esto no genera un daño también en otras áreas que hoy están teniendo un ajuste en términos reales, 

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Justamente, como no hay una ley de presupuesto no está establecido o preestablecido cuáles van a ser las partidas para el 2024, entonces, como no hay un marco de referencia, salir a plantear que el Gobierno está yendo a desfinanciar porque no tiene una obligación preexistente por una ley de presupuesto es una perversidad discursiva, es una forma de salir imputar al otro por algo por lo que no tiene responsabilidad objetiva, porque no es el Ejecutivo el que sanciona la ley de presupuesto, sino que en todo caso habría que ir a putear el Congreso. Después podemos discutir si el Gobierno podría haber sido más flexible con el conjunto de universidades. Lo que sí está en discusión e irrita a muchas de las universidades es que no se están aportando fondos para proyectos de asignación especial, es decir los proyectos discrecionales, donde muchas veces terminan habiendo dentro operaciones de asistencia técnicas, viajes y otro tipo de cosas que son políticas y ajenas al funcionamiento cotidiano de las universidades.

VF FM