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Chaco pagó US$34 millones por el bono emitido en 2016: quedan tres cuotas hasta 2028

La Provincia informó que completó el sexto de los nueve pagos de capital previstos tras la reestructuración de la deuda. El compromiso, que volvió a enfrentar esta semana al oficialismo y al peronismo en la Legislatura, terminará de amortizarse en febrero de 2028.

Casa de Gobierno Chaco
Casa de Gobierno Chaco | Archivo

El Gobierno de Chaco desembolsó US$34 millones correspondientes al vencimiento de agosto del bono internacional que la provincia colocó originalmente en 2016 y reestructuró cinco años después. Con este pago se completaron seis de las nueve cuotas de amortización previstas y quedaron tres por delante antes de la cancelación final del instrumento.

La administración de Leandro Zdero comunicó este jueves 13 de agosto que el giro ya fue realizado. En la comunicación oficial presentó el cumplimiento como parte de su política de “ordenamiento” financiero y sostuvo que contribuye a mejorar la previsibilidad y la confianza de potenciales inversores. Esas últimas consideraciones corresponden a la evaluación política y económica del propio Ejecutivo provincial.

El dato concreto es que Chaco se acerca al final de uno de sus principales compromisos en moneda extranjera: después del pago realizado ahora, restan vencimientos semestrales hasta febrero de 2028. Las condiciones acordadas durante la reestructuración de 2021 establecieron nueve amortizaciones iguales, con inicio en febrero de 2024 y vencimiento final el 18 de febrero de 2028.

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El pago se produjo, además, apenas horas después de que la deuda protagonizara un fuerte enfrentamiento político en la Cámara de Diputados chaqueña, donde el oficialismo responsabilizó a las administraciones anteriores por el peso que todavía tiene sobre las cuentas provinciales y la oposición acusó al Gobierno de Zdero de recurrir permanentemente al pasado para justificar las dificultades del presente.

Una deuda de US$250 millones que empezó en 2016

El origen del compromiso se remonta a agosto de 2016, durante la gobernación peronista de Domingo Peppo. Chaco emitió entonces títulos por US$250 millones, bajo legislación del Estado de Nueva York, con una tasa nominal anual del 9,375%. El esquema original preveía el vencimiento definitivo en agosto de 2024.

Los recursos fueron destinados, entre otros fines, a atender pasivos derivados de sentencias judiciales y a inversiones vinculadas con municipios y obra pública, de acuerdo con antecedentes oficiales de la propia provincia sobre la colocación.

La deuda no llegó a pagarse bajo aquel cronograma original. En 2020 se produjo el incumplimiento de compromisos y, durante la administración de Jorge Capitanich, se abrió una negociación con los acreedores.

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El acuerdo de reestructuración se cerró en 2021. El nuevo esquema postergó el vencimiento final hasta febrero de 2028 y estableció las nueve cuotas semestrales de amortización que Chaco comenzó a afrontar en 2024. También fijó una tasa escalonada que terminó ubicándose en 8,25% anual desde febrero de 2024 hasta el vencimiento.

Por eso, la actual gestión quedó a cargo de toda la etapa de devolución de capital contemplada en el acuerdo: desde febrero de 2024 hasta ahora se produjeron seis pagos y todavía quedan tres.

La deuda que encendió la Legislatura

El peso de ese calendario financiero había irrumpido esta misma semana en el recinto de la Cámara de Diputados del Chaco. El legislador oficialista Joaquín García, de Chaco Cambia, sostuvo que la administración de Zdero ya destinó más de US$200 millones a los distintos vencimientos y cuestionó que quienes tomaron o posteriormente reestructuraron la deuda no hayan afrontado las cuotas de capital.

Ni el que tomó la deuda ni los que la reestructuraron pagaron un solo dólar de capital”, afirmó desde su banca.

García buscó dimensionar el impacto del endeudamiento sobre las cuentas públicas y aseguró que los desembolsos realizados equivalen a recursos que podrían haberse destinado a infraestructura, viviendas u otras necesidades provinciales.

El argumento fue rechazado por el Frente Chaqueño. El diputado Nicolás Slimel recordó que la autorización para el endeudamiento de 2016 pasó por la Legislatura y recibió acompañamiento de dirigentes de diferentes fuerzas políticas. También sostuvo que parte de las obligaciones que llevaron a aquella operación tenía antecedentes en litigios originados varios gobiernos antes.

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La discusión terminó derivando nuevamente hacia Capitanich. “Tienen una obsesión con Capitanich y, sin duda, si están todo el tiempo mirando hacia atrás es porque no saben cómo resolver los problemas del presente”, lanzó Slimel contra el oficialismo.

Su compañero de bloque Omar Guillón también cuestionó la reconstrucción histórica hecha por García y reclamó discutir la actual situación de los salarios estatales, las tarifas y las finanzas de las familias chaqueñas.

Nación también aportó asistencia para afrontar vencimientos

Existe otro elemento que relativiza la presentación del pago exclusivamente como resultado del “ordenamiento” de las cuentas provinciales.

En abril, el propio Gobierno chaqueño informó que consiguió asistencia financiera de Nación para atender compromisos de deuda, específicamente vinculados con el bono internacional. La herramienta acordada fue un adelanto de coparticipación, con una tasa informada del 15%, destinado a aliviar las necesidades financieras generadas por los próximos vencimientos.

El comunicado difundido este jueves sobre los US$34 millones no detalló qué composición de recursos se utilizó para afrontar específicamente este pago ni qué incidencia tuvo aquella asistencia nacional.

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Ese dato resulta relevante porque la Provincia debe atender simultáneamente el funcionamiento corriente del Estado, salarios, servicios y otras obligaciones financieras, mientras reserva recursos en dólares para un compromiso nacido una década atrás.

Qué queda por pagar

Si se mantiene el cronograma establecido con los acreedores en 2021, después de la sexta amortización realizada en agosto quedan tres cuotas semestrales: una en febrero de 2027, otra en agosto de ese mismo año y la última en febrero de 2028. Será entonces cuando concluya la estructura de pagos surgida de la reestructuración del bono originalmente colocado por US$250 millones.

El Gobierno de Zdero busca presentar esa etapa final como parte de su política de saneamiento financiero. La oposición, en cambio, rechaza que el endeudamiento sea utilizado como explicación recurrente para las restricciones presupuestarias actuales.