El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, volvió a escalar la tensión con la oposición por el tratamiento de la denominada Ley de Reiterancia, una iniciativa con la que el oficialismo busca modificar el Código Procesal Penal provincial para que la existencia de múltiples causas abiertas pueda ser tenida en cuenta por los jueces al momento de evaluar una prisión preventiva.
Esta vez, el mandatario eligió un video difundido en sus redes sociales para señalar públicamente a los bloques opositores y utilizó como ejemplo el caso de un presunto delincuente que, según relató, recuperó la libertad y volvió a cometer un robo poco después. “Delincuente salió en libertad, caminó media cuadra y volvió a robar. Como este caso hay miles”, leyó de una publicación periodística.
A partir de ese episodio, defendió la necesidad de modificar las reglas procesales para evitar lo que el oficialismo denomina la “puerta giratoria”. “Si un delincuente cae preso más de una vez, no salga a las 24 horas. Sea cual sea el delito, implica un riesgo para la gente de bien”, sostuvo.
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El mensaje terminó convertido en un cuestionamiento directo a la oposición provincial. “¿Qué está pasando? La oposición no lo quiere tratar, como siempre. Ellos siempre del lado de los delincuentes”, lanzó el gobernador y cerró: “Teléfono para la oposición. A ver si lo tratan”.
Qué propone la ley de reiterancia
Más allá de la formulación utilizada por Zdero, el proyecto no establece que una persona deba quedar automáticamente detenida por haber sido aprehendida más de una vez.
La iniciativa propone modificar los artículos 276 y 289 del Código Procesal Penal de Chaco e incorporar un nuevo artículo 289 bis para que la reiterancia delictiva pueda ser considerada por los magistrados al momento de analizar el peligro de fuga, el riesgo de entorpecimiento de una investigación y la procedencia de una prisión preventiva.
El texto define como reiterante a una persona que se encuentra imputada en una causa penal y, simultáneamente, posee otro u otros procesos en trámite en los que también figura como acusada.
Uno de los principales cambios consiste en permitir que esa circunstancia sea valorada incluso en expedientes por delitos cuya eventual pena podría ser de ejecución condicional, siempre que el juez considere acreditados los riesgos procesales exigidos por la legislación.
La propuesta también enumera otros elementos que podrían incorporarse a esa evaluación: causas pendientes, condenas anteriores, antecedentes de rebeldía o captura, incumplimientos de medidas judiciales, intentos de eludir la acción de la Justicia, uso de armas, violencia contra personas o bienes y utilización de identidades falsas.
El oficialismo dice que intentó tratarla cuatro veces
Ante el mensaje del gobernador, Perfil consultó al diputado Iván Gyoker, presidente del bloque oficialista Chaco Puede, sobre por qué la iniciativa todavía no llegó al recinto.
El legislador aseguró que ya hubo cuatro pedidos de sesiones extraordinarias en los que el oficialismo intentó incorporar la ley al debate. “Hice cuatro pedidos de sesiones extraordinarias donde intentamos tratarlo y ellos no nos dieron quórum. Propusimos en ellas tratarlo”, explicó.
Según Gyoker, el bloque tampoco puede incorporar unilateralmente el proyecto durante una sesión ordinaria. “No puedo tratarlo en una sesión ordinaria de manera unilateral porque necesito los dos tercios para modificar el orden del día”, señaló y anticipó que el oficialismo volverá a insistir en la próxima sesión: “Vamos a agotar todos los medios”.
Un proyecto que lleva meses en disputa
El despacho legislativo tiene como base el proyecto 2634/24, al que posteriormente fueron acumuladas otras seis iniciativas con propuestas vinculadas a la reiterancia y a las medidas de coerción.
El Gobierno provincial viene impulsando su aprobación desde hace varios meses. Durante julio y agosto, el Ministerio de Seguridad de Chaco promovió reuniones con vecinos y campañas públicas para reclamar que la Legislatura avance con el tratamiento. El argumento oficial es que existen personas que acumulan procesos penales y recuperan rápidamente la libertad porque las causas todavía no tienen una sentencia firme.
Zdero ya había utilizado anteriormente esa discusión para confrontar con sectores opositores y acusarlos de favorecer, mediante sus votos o su rechazo a determinados proyectos, a personas vinculadas con hechos delictivos.
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Las objeciones al proyecto
La iniciativa también recibió cuestionamientos desde organismos vinculados con la defensa de derechos y las condiciones de detención. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura advirtió sobre el posible impacto que una ampliación de la prisión preventiva podría tener sobre el principio de inocencia y sobre un sistema penitenciario y policial que ya enfrenta problemas de sobrepoblación.
Uno de los puntos centrales del debate jurídico es que la reiterancia no supone una condena previa. Una persona puede acumular varias imputaciones y continuar siendo jurídicamente inocente hasta que exista una sentencia firme. Por esa razón, el proyecto intenta encuadrarla como un indicador adicional de riesgo procesal, y no como una prueba automática de culpabilidad.
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