El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei que amplía el acceso al régimen simplificado de Ganancias y modifica las condiciones de fiscalización de los contribuyentes. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, con el respaldo del oficialismo y sus aliados, y fue aprobada sin modificaciones.
La representación de Chaco quedó dividida: Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza, votaron a favor, mientras que Jorge Capitanich se pronunció en contra, junto con el bloque peronista. Durante el debate, Schneider defendió la simplificación tributaria y la reducción de multas, mientras que el exgobernador cuestionó los límites a los controles y sus posibles consecuencias sobre los recursos provinciales.
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Cómo votaron los senadores chaqueños
Los votos de Schneider y Godoy contribuyeron a la mayoría que permitió al Gobierno completar el trámite legislativo. El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados y el oficialismo rechazó introducir cambios durante su tratamiento en el Senado.
Schneider sostuvo que la reforma busca mejorar la aplicación de la Ley 27.799, aprobada a fines de 2025, y ofrecer mayor seguridad jurídica. “Esta ley no pretende solo ser un renglón técnico, sino fundamentalmente un puente para recuperar la confianza y construir de una vez por todas un país donde la buena fe del contribuyente sea la regla y no la excepción”, expresó.
Capitanich planteó una interpretación opuesta. “Se amplían beneficios y se limitan controles”, advirtió, y cuestionó que se avanzara sin una evaluación integral del impacto fiscal. También reprochó la ausencia de funcionarios de Economía y de ARCA en el debate en comisiones para responder las consultas de los legisladores.
Qué cambia con Inocencia Fiscal II
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. La normativa previa excluía a quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
La reforma también modifica el cálculo de la “discrepancia significativa”, la diferencia entre lo declarado por el contribuyente y lo determinado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Schneider explicó que el umbral del 15% se calculará sobre el impuesto determinado, en lugar del saldo final a pagar, y que corresponderá al organismo acreditar esa diferencia.
Además, contempla 15 días hábiles para rectificar la declaración jurada tras una notificación de ARCA y conservar las protecciones del régimen. Para la senadora, ese margen permitirá corregir errores sin que un incumplimiento menor implique perder los beneficios fiscales.
Schneider aclaró que los grandes contribuyentes y los funcionarios podrán utilizar la modalidad simplificada de presentación, aunque sin acceder a las protecciones previstas por el régimen.
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Schneider destacó el alivio de multas para las pymes
La legisladora puso especial énfasis en las disposiciones para micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
Entre ellas, destacó una reducción del 50% de determinadas multas por incumplimientos formales anteriores a la entrada en vigencia de la ley. El beneficio contempla sanciones que no estén firmes ni abonadas y exige que se haya cumplido la obligación que las originó.
Según Schneider, las modificaciones permitirán “reducir costos, ahorrar tiempos” y facilitar la relación de los contribuyentes con el fisco. También defendió la actualización de las sanciones económicas vinculadas al registro del trabajo rural, cuyos valores, indicó, provienen de una ley de 1999.
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Capitanich: “Declarar un patrimonio no demuestra cómo se obtuvo”
El senador peronista concentró sus objeciones en el alcance de las nuevas protecciones. “La presunción de inocencia protege a las personas frente al poder punitivo del Estado, pero no legitima el origen del patrimonio”, afirmó.
“Declarar un patrimonio no demuestra cómo se obtuvo. Adherir a un régimen tributario no equivale a un certificado de buena conducta patrimonial”, sostuvo. También preguntó si la iniciativa constituye un blanqueo y reclamó información sobre los resultados del régimen vigente.
Capitanich vinculó esa discusión con la coparticipación federal: advirtió que una menor capacidad de fiscalización puede afectar la recaudación y, en consecuencia, las transferencias a provincias y municipios. Además, cuestionó los cambios en las sanciones laborales rurales, por considerar que reducen herramientas de protección del empleo registrado y resultan ajenos al objetivo tributario.
Como alternativa, propuso una reforma integral que incluya digitalización de transacciones, incentivos a la formalización laboral y revisión de impuestos distorsivos. “Esta reforma parcial inconexa no contribuye efectivamente a esa finalidad”, concluyó.
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