Hace solo seis meses, cuando Boric asumió el mandato, muchos sostenían que la nueva Constitución sería la plataforma que le permitiría al jefe de Estado realizar las ambiciosas reformas que prometió en campaña. Hoy, por el contrario, la redacción de esa nueva Carta Magna se convirtió en su principal dolor de cabeza ya que los primeros meses de gestión estuvieron circunscriptos al proceso constituyente a tal punto que el presidente no pudo capitalizar ninguna de sus políticas porque todas sus decisiones quedaron opacadas detrás del debate constitucional. Pero, además, esta paralización gubernamental probablemente continuará hasta que Chile no tenga una Ley Fundamental, y para eso falta todavía mucho más, de lo que la ciudadanía está dispuesta a esperar.
Y si bien la victoria del rechazo en el plebiscito constitucional es especialmente perjudicial para Boric, los resultados también afectarán a toda la sociedad. Hoy el país trasandino se encuentra en un callejón sin salida, porque no aprobó la nueva redacción de la Carta Magna, pero en paralelo, la Constitución de 1980 tampoco goza de legitimidad. Ante esta incertidumbre, la semana posterior a la elección estuvo marcada por un interrogante: cómo seguir. Por eso, durante la noche del plebiscito, el presidente tomó dos decisiones determinantes: afirmó que el proceso constituyente continuará, pero con un rol destacado del Congreso y realizó un importante cambio de gabinete nombrando a antiguas figuras de la ex Concertación, la alianza de centroizquierda que gobernó Chile de 1990 a 2010. El objetivo de estas medidas es claro: dotar a su gobierno de una mayor moderación y así poder entablar un diálogo con el resto de las fuerzas políticas. Y si bien el presidente necesita imperiosamente negociar con otros partidos para llevar a cabo una nueva etapa constituyente, no existen certezas de que ese proceso avance. Por el contrario, estas medidas pueden debilitar la posición del mandatario puertas adentro de su propia coalición. Después de todo, su núcleo duro de adherentes lo eligieron para que liderara un proceso constituyente con un rostro enteramente ciudadano alejado de los políticos tradicionales. Boric llegó al poder apoyado por quienes buscaban ideas nuevas, lejos de las figuras de siempre y la decisión de incluir al Congreso en el debate por la nueva Constitución y de incorporar a su gabinete a figuras políticas históricas suponen todo lo contrario a lo esperado por su sector.
Ante esto, hoy Chile vive una situación aún más profunda y compleja de lo que parece. Redactar una nueva Constitución implica establecer un contrato social y cimentar las bases del modelo de país que se quiere, y el hecho de que haya ganado el rechazo de manera tan contundente complica aún más este proceso, porque significa retrotraer el debate a un punto mucho más preliminar que si hubiera ganado el apruebo. Y esto podría suponer un año más de trabajo constitucional cuyo modelo aún está por definirse.
Una de las posibilidades es volver a convocar una nueva convención que elabore un nuevo texto bajo la idea de que efectivamente la ciudadanía quiere una nueva Constitución. ¿Pero: quiénes deberían redactarla? Si los convencionales fueran electos de manera directa, como sucedió hasta ahora, esta opción significaría respetar lo que la ciudadanía eligió hace dos años. Pero en paralelo, ¿quién garantiza que esta vez no se vuelvan a cometer los mismos errores? Una segunda alternativa sería volver a convocar una nueva convención, pero que esté conformada en un 50% por miembros elegidos por votación popular y otro 50% por legisladores o por un consejo de expertos. Esto permitiría dotar a la redacción de una mayor moderación y evitar la mirada refundacional que terminó defraudando a gran parte de la opinión pública. Sin embargo, esto tendría un potencial problema. Si en el plebiscito de entrada de 2020 casi el 80% de los votantes manifestó querer una nueva Constitución cuyos convencionales fueran electos de manera popular, ¿elegir una convención mixta no sería desobedecer el mandato de la ciudadanía?
Otra posibilidad es continuar el proceso a través del Congreso con la reforma de ciertos artículos de la Constitución actual. Sin embargo, si bien esta posibilidad permitiría acercar posiciones, también tendría múltiples consecuencias. En primer lugar, no respetaría la voluntad ciudadana de tener una convención electa de manera popular y esta opción supondría invitar al itinerario constituyente a una clase política que no fue legitimada para tal fin. Además, esto implicaría que los legisladores deberán ponerse de acuerdo para lograr el quórum de 4/7 necesarios para introducir reformas en un contexto en donde ningún bloque tiene mayoría. Y, por último, si durante treinta años la bancada de derecha se negó a modificar sustancialmente la Constitución, ¿qué lleva a pensar que lo harían ahora?
Si bien claramente el proceso constituyente no terminó, la aplastante victoria del rechazo abre un nuevo período de incertidumbre en una sociedad que por vías democráticas decidió, al menos por ahora, mantener una Constitución redactada en dictadura.
*Licenciada en Ciencias Políticas, investigadora y docente. (Desde Santiago de Chile).
