Ocupar la centralidad con iniciativa es una condición elemental de la política. Por eso el intento del gobierno de Javier Milei de usar la cadena nacional para retomar la agenda es válido. Más en tiempos donde la cosa anda mal, con una economía que no le cierra cada vez a más familias argentinas, donde la falta de trabajo, el pluriempleo y la informalidad vuelven a amenazar a más gente y donde casi 7 millones de personas ya quedaron fuera del sistema de crédito por no poder pagar.
El asunto que eligió el Gobierno es de la mayor jerarquía, la causa Malvinas. Los tiempos del anuncio, los marcó el interés geopolítico de la administración de los Estados Unidos.
El asunto Malvinas mueve fibras profundas. Para el pueblo argentino conjuga integridad territorial, extensión, historia, sentimiento e identidad. Es la causa que nos une por encima de las múltiples diferencias que tenemos. La usurpación ilegítima e ilegal del Reino Unido, sostenida hace casi dos siglos, abarca las islas del Atlántico Sur, los espacios marítimos circundantes y proyecta su despliegue hacia el continente antártico, un espacio que representa cerca del 25% de nuestro territorio.
Por primera vez se escuchó al Presidente dirigirse con una narrativa de Estado, con conceptos y posiciones que no deberían sorprender en boca de un mandatario argentino. Que las sostenga Milei, resulta al menos llamativo.
Es de público conocimiento que estamos ante un presidente tuitero. En sus más de 392.463 posteos, hasta la fecha, la palabra "soberanía" aparece apenas en 5 y "Malvinas" en 13. En contraste, según FOPEA, acumula un récord de casi 17 mil posteos con insultos.
Sus gestos hacia el Reino Unido tampoco ayudan a la causa que ahora dice abrazar. En 2024, cuando el ex primer ministro y entonces canciller británico David Cameron visitó las islas, Milei salió a justificar al ocupante. Dijo que no era una provocación y que el Reino Unido 'tiene todo el derecho' de hacerlo. En una sola frase, un presidente argentino legitimó la usurpación y trató como ajeno un territorio que la Constitución declara propio.
Ese mismo año recibió en la Casa Rosada a Boris Johnson, el ex primer ministro que había insistido en que las Malvinas son británicas, y lo invitó a saludar desde el balcón histórico que da a la Plaza de Mayo, donde ningún ex mandatario británico se había asomado jamás. Luego de la cadena nacional, el propio Johnson publicó una columna donde definió a Milei como "anglófilo y admirador de Thatcher" y, acto seguido, le reclamó al primer ministro británico Andy Burnham que envíe refuerzos militares a las islas.
A esa lista se suma la declaración conjunta que la ex canciller libertaria, Diana Mondino, firmó con el británico David Lammy en septiembre de 2024, que restableció el vuelo a las islas y la cooperación pesquera sin avanzar un paso en soberanía, y que Londres hoy exige que la Argentina cumpla.
Una política de Estado que ya estaba en marcha
Conviene poner las cosas en su lugar. La ley que mencionó el Presidente en la cadena nacional, la 26.659, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y promulgada en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Esa norma fijó las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina y estableció inhabilitaciones para quienes lo hagan sin permiso nacional.
Dos años después, la misma gestión la endureció con la Ley 26.915, que sumó la responsabilidad penal, con penas de prisión, multas calculadas sobre el valor del crudo y decomiso de equipos. El andamiaje sancionatorio que Milei presenta hoy como una novedad ya estaba construido, y lo construyó el peronismo.
Con esas herramientas, el Estado argentino ya había actuado. En 2012 declaró ilegales y clandestinas las actividades de la británica Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte. En 2013 la inhabilitó para operar en el país por veinte años. En 2015 la Cancillería promovió una denuncia penal contra las empresas que exploraban en la zona sin autorización. Y en 2022 la misma inhabilitación por veinte años alcanzó a la israelí Navitas, hoy operadora del proyecto Sea Lion.
Entre 2012 y 2022, la Argentina sancionó a estas firmas alrededor de una decena de veces. Bienvenido sea que el Gobierno proponga endurecer las penas, más aún si eso alcanza a las empresas que proveen servicios o invierten al mismo tiempo en Vaca Muerta y en las islas. Quien elige operar en un territorio en disputa debe asumir las consecuencias de esa elección en un país soberano.
El 21 de abril de 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina protagonizó uno de los actos soberanos más importantes de las últimas décadas. Presentó ante las Naciones Unidas el límite exterior de su plataforma continental, un trabajo científico de la COPLA que abarcó el territorio continental, las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y el sector antártico. En 2016, ya con Mauricio Macri en el Ejecutivo, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental adoptó por consenso las recomendaciones, sumó más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, alrededor de un 35% más de superficie.
En 2020 el Congreso convirtió ese límite en ley por unanimidad, y el gobierno de Alberto Fernández la promulgó. Presentada por un gobierno, reconocida bajo otro y sancionada por un tercero. Eso es una política de Estado.
El contraste con estos casi tres años es elocuente. La decisión final de inversión del proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, se cerró el 10 de diciembre de 2025 y habilitó el inicio de la extracción para marzo de 2028. En marzo pasado, uno de sus directivos de Navitas celebró que el proceso avanzara ‘sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino’ y con el pleno respaldo del autodenominado gobierno isleño.
Y fue más lejos. Sostuvo que las declaraciones de Milei indican que el Presidente avala la autodeterminación de los habitantes de las islas, en referencia a sus dichos del 2 de abril de 2025, cuando en el acto por el Día del Veterano manifestó su anhelo de que los kelpers "algún día" decidieran ser argentinos por voluntad propia.
Una empresa que extrae petróleo argentino sin permiso festeja la inacción del Gobierno y lo cita como aval de la posición británica, una posición que las Naciones Unidas rechaza porque los isleños son descendientes de la población que la potencia colonial implantó tras la usurpación.
La obra que Milei no hizo avanzar
Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia tampoco hay novedad de fondo. Se trata de una obra estratégica para la soberanía nacional, para la proyección hacia la Antártida y para la presencia argentina en el Atlántico Sur de larga data. La obra se inició durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa y se financió con el Fondo Nacional de la Defensa, el FONDEF, creado durante la gestión de Agustín Rossi en esa misma cartera.
Al finalizar el mandato del presidente Alberto Fernández, la obra registraba un 9,13% de ejecución física. Durante la gestión de Milei, hubo tareas preliminares, como la platea de hormigón de un galpón terminada en mayo de 2025, pero el avance físico general siguió en ese mismo 9,13%, según los propios informes de la Jefatura de Gabinete de 2024 y 2025, que además admitieron que los trabajos mermaron considerablemente.
La obra que Milei ahora reivindica llegó a su cadena nacional casi en el mismo punto en que la recibió, y sin un financiamiento integral que permita completarla.
A la falta de avance se suma una contradicción difícil de explicar. Completar la base demanda entre 300 y 500 millones de dólares, en tiempos libertarios de salarios militares de pobreza y de recortes en la instrucción de las propias Fuerzas Armadas. Y mientras se la presenta como bandera de soberanía, el Gobierno puso en venta los terrenos linderos e intentó construirla junto a los Estados Unidos.
Una base soberana no se sostiene con la injerencia de una potencia extranjera. El camino es la cooperación sudamericana. Desde 1998, la Argentina y Chile patrullan juntos las aguas antárticas con la Patrulla Austral Naval Combinada, una muestra de que el eje funciona. Llevar ese mismo espíritu al plano logístico, con Ushuaia como puerta argentina al continente blanco, consolidaría a América del Sur como sostén de la Antártida.
La misma contradicción se ve en el aire. Los C-130 Hércules son la columna vertebral del puente aéreo a la Antártida, los aviones que abastecen la Base Marambio. Hoy quedan muy pocas unidades operativas, con aeronaves que promedian más de medio siglo de servicio, y esa escasez pone en riesgo las campañas antárticas. Si de verdad importa la Antártida, el primer acto de soberanía es que esos aviones vuelvan a volar.
Lo que Estados Unidos pone en juego
La cadena nacional no ocurrió en el vacío. Se dio pocos días después de que Donald Trump, dejara abierta la posibilidad de rever la posición de su país en la causa Malvinas. Conviene analizar esto por lo que es y no por lo que al gobierno le gustaría que fuera.
La revisión de Trump no expresa una conversión a la causa argentina. Es una herramienta de presión sobre Londres dentro de una disputa mayor con un doble trasfondo. Por un lado, la exigencia norteamericana de que los socios europeos de la OTAN cumplan el compromiso asumido en la cumbre de La Haya de 2025 de llevar la inversión en defensa hacia el 5% del PIB para 2035. Por el otro, el enojo de Trump con Londres por no haberlo acompañado en la guerra entre los Estados Unidos e Irán. Malvinas, en ese esquema, funciona como ficha de negociación. Si Londres paga, la ficha se retira del tablero.
Ahí está el límite de la lectura oficial. La relación militar entre Washington y Londres es una de las alianzas más profundas del orden internacional. La integran el intercambio de inteligencia de los Cinco Ojos, la cooperación nuclear que ambos sostienen desde mediados del siglo pasado y el mando compartido dentro de la OTAN.
En 1982, después de una vacilación inicial, la administración Reagan respaldó a Margaret Thatcher con apoyo logístico y de inteligencia. Esa arquitectura no se disuelve por una discusión presupuestaria. Confiar la causa Malvinas a los vaivenes de esa negociación es apoyar el reclamo sobre un terreno prestado.
La soberanía se construye con decisiones y capacidades propias. El reclamo argentino tiene un cimiento mucho más firme que un comentario en la Casa Blanca. Está en las resoluciones de las Naciones Unidas, que desde la 2065 de 1965 reconocen la disputa y llaman a negociar, y que el Comité de Descolonización renueva todos los años. Está en el respaldo sostenido de la región y del mundo. Los 33 países de la CELAC ratificaron su más firme respaldo a los derechos argentinos. El Mercosur y sus Estados asociados sostienen la misma posición.
El G77 más China, que reúne a más de 130 países, volvió a incluir la cuestión en sus declaraciones. Y la Declaración de Mindelo, de 2023, en el marco de la cumbre ZPCAS sumó el respaldo de 24 países de América del Sur y de África. Ese es el respaldo que la Argentina debe cultivar, con presencia sostenida en cada foro y con una política de Estado firme a lo largo del tiempo.
Bienvenido a la causa
Hay una imagen que lo resume todo. El 15 de julio de 2026, apenas le ganaron a Inglaterra y entraron a la final del Mundial, los jugadores de la selección nacional desplegaron una bandera con la leyenda, "Las Malvinas son argentinas". Nadie lo ordenó. Y dice lo que ningún gobierno puede improvisar.
Bienvenido sea que Milei advierta, a tres años de ser presidente, que la soberanía importa. Y ya que revisa sus posiciones, ojalá también se de cuenta de que las PYMES son centrales, que los salarios merecen aumentos, que la ciencia y la tecnología sirven, que las universidades públicas son vitales para el ascenso social y que los jubilados merecen una jubilación digna. La soberanía es indivisible. Se defiende en el Atlántico Sur y se defiende, todos los días, en la mesa de cada familia argentina.
