La circulación de un presunto video real (sometido a estudio por la justicia) grabado supuestamente en El Salvador, que muestra a un niño con rasgos aparentemente similares a Loan Danilo Peña, volvió a sacudir la opinión pública y una causa que nunca dejó de doler.
El material no está confirmado por las autoridades y no prueba nada por sí mismo. Pero reinstala una hipótesis optimista y deseable. Una pregunta que no admite resignación y que algunos, desde el cinismo o el apuro, descartan o subestiman: ¿y si Loan, contrariamente a lo que piensan los pesimistas de siempre, está vivo, sano y salvo, y alguien, fuera del radar estatal, puede reconocerlo?
Mirar. Comparar. Dudar. Avisar. Permitir que la justicia descarte o confirme.
Eso no es especular. Es colaborar.
Los argentinos tenemos ejemplos de sobra de delitos que han sido descubiertos y personas desaparecidas halladas gracias a la solidaridad social.
Caso Loan: la causa que pondrá en juego la credibilidad del sistema
Al 30 de enero de 2026, faltan 28 días para el comienzo del juicio oral y público.
En este contexto, las recientes declaraciones del fiscal federal Carlos Schaefer, a cargo de la causa, aportan una definición de enorme peso institucional: Loan no se perdió. A Loan lo sacaron en un auto.
Según el fiscal, la investigación logró acreditar que el niño fue sustraído y trasladado en un vehículo. Lo que aún no se sabe y será eje del juicio oral es hacia dónde fue llevado y con qué finalidad.
Schaefer sostuvo además que el lugar fue elegido deliberadamente, por la ausencia de cámaras y controles, lo que refuerza la hipótesis de un hecho planificado y organizado.
Con una afirmación categórica, el funcionario sostuvo de manera textual que “está probado que lo sustrajeron y lo trasladaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron” (El Destape). En la misma línea, explicó que la escena inicial fue manipulada al señalar que “tenemos acreditada toda la secuencia”.
“El botín apareció sin color, de una manera inexplicable. Fue una puesta en escena” (El Destape), y agregó que “está probado que vinieron a entorpecer la causa. Hubo maniobras claras, incluso personas que se presentaron como abogados y no lo eran” (El Litoral).
De cara al juicio oral que contará con una batería cercana a 800 testigos, Schaefer dejó abierta una expectativa relevante al afirmar que “en los debates largos, muchas veces los imputados terminan hablando” y que “cuando tengan que dar explicaciones frente a los familiares, cara a cara, tal vez aparezcan respuestas” (El Destape).
Finalmente, reconoció el límite actual de la investigación al admitir que “está acreditado que Loan fue sustraído y trasladado en un vehículo, pero lo que aún no pudo determinarse es el destino final ni el motivo del hecho” (El Litoral), una afirmación que refuerza la idea de que, aun con un juicio sin precedentes en marcha, la aparición de Loan puede depender de un dato, una mirada o un aviso que surja fuera del expediente judicial.
Un juicio sin precedentes, una pregunta abierta
El fiscal confirmó que el juicio oral comenzará el 27 de febrero de 2026 y tendrá una magnitud inédita: alrededor de 800 testigos podrían ser citados a declarar en el debate. La cifra refleja la complejidad del caso y también las maniobras de encubrimiento que, según la fiscalía, y la querella, entorpecieron la investigación en sus primeros días.
Sin embargo, pese al despliegue judicial, la pregunta central sigue abierta: ¿dónde está Loan?
El Estado argentino activó los mecanismos previstos: Alerta Sofía, recompensas, cooperación internacional, intervención de fuerzas federales y alerta amarilla de Interpol.
El Estado argentino activó los mecanismos previstos: Alerta Sofía, recompensas, cooperación internacional, intervención de fuerzas federales y alerta amarilla de Interpol. Todo eso era necesario y correcto.
Pero hay una verdad que el propio expediente deja en evidencia: ni el sistema judicial más amplio puede garantizar, por sí solo, la aparición de una persona sustraída. La justicia investiga y juzga. No ve todo.
La experiencia demuestra algo incómodo pero real: muchos hallazgos comienzan fuera del Estado. En una calle, un comercio, una escuela, un colectivo o incluso en otro país. En la mirada de alguien que no está siguiendo una causa judicial, sino que reconoce un rostro y decide no apartar la vista. Por eso, el valor del video difundido desde El Salvador no reside en su veracidad inmediata —que deberá ser descartada o confirmada por la justicia— sino en su capacidad de activar la atención colectiva, de colocar a la sociedad en un estado de alerta responsable.
La solidaridad social, en estos contextos, no es un gesto emocional sino una forma concreta de compromiso cívico: observar, comparar, advertir y avisar por los canales institucionales. No para sustituir a la justicia, sino para hacer posible su tarea. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes de investigaciones que avanzaron porque alguien habló, alguien reconoció, alguien no se resignó al silencio.
En ese marco, el periodismo cumple una función insustituible. No investiga como un juez ni prueba como un fiscal, pero ilumina, conecta datos dispersos, mantiene viva la pregunta pública y evita que la desaparición se normalice. Cuando actúa con responsabilidad, el periodismo no fabrica certezas: sostiene la búsqueda.
Eso no es especular. Es colaborar. Cuando un testigo fue decisivo: casos reales y comprobados
La historia judicial reciente ofrece antecedentes verificables de rescates y esclarecimientos producidos gracias a avisos ciudadanos, luego confirmados por fuerzas de seguridad y tribunales.
En Estados Unidos, Elizabeth Smart, secuestrada a los 14 años en Utah, fue rescatada con vida cuando una persona común la reconoció en la vía pública tras ver imágenes difundidas por la policía y dio aviso inmediato, lo que derivó en condenas firmes.
En California, algo similar ocurrió con Jaycee Dugard, secuestrada a los 11 años y mantenida cautiva durante 18 años, cuya liberación comenzó cuando un funcionario advirtió inconsistencias en un control y decidió alertar a la policía.
En Austria, el caso de Natascha Kampusch, cautiva durante ocho años, demostró el valor de los testimonios ciudadanos para reconstruir judicialmente un cautiverio prolongado tras su fuga.
También en ese país, el llamado caso Fritzl se esclareció cuando profesionales de la salud y testigos rompieron el silencio frente a evidentes contradicciones médicas, lo que activó la investigación policial y permitió el rescate de las víctimas.
En Cleveland, Estados Unidos, tres mujeres secuestradas durante casi una década fueron liberadas cuando una de ellas logró alertar a vecinos, quienes avisaron a la policía. En todos estos casos, distintos en tiempo y lugar, la constante fue la misma: la justicia pudo actuar porque alguien vio, dudó y avisó.
Clave común con Loan: En todos estos casos, la intervención ciudadana no sustituyó al Estado, pero lo activó. La aparición o el rescate no nacieron en un expediente cerrado, sino en una decisión individual que puso en marcha al sistema.
La búsqueda de Loan no es solo una causa judicial. Es una responsabilidad moral colectiva. Avisar ante una mínima posibilidad no entorpece la investigación: la fortalece. Callar por miedo a equivocarse es, muchas veces, lo que consolida la desaparición.
Puede que Loan no esté en ese video. Eso lo dirá la justicia.Pero si Loan está en algún lugar del mundo, es perfectamente posible que no lo encuentre primero una autoridad, sino una persona común que se anime a mirar dos veces y a avisar.
Mientras falte un niño nadie puede retirarse.
Loan sigue siendo un nombre abierto.
Una ausencia que no prescribe.
Una búsqueda que no admite espectadores.
El Estado debe seguir investigando.
La justicia debe juzgar.
Pero la sociedad no puede bajar la mirada.
Porque si Loan aparece, podría ser porque alguien decidió no mirar para otro lado.
