En repetidas oportunidades, el ex Presidente Mauricio Macri fue claro y contundente respecto de la importancia de la palabra presidencial, azorado por las barbaridades que han salido de quien hoy ocupa testimonialmente la primera magistratura. Gobernar es un acto de responsabilidad y compromiso monumental, en especial con la verdad. Un gobernante que miente no es otra cosa que un estafador.
Lamentablemente, Alberto Fernández lo es, a tal punto que ya nadie escucha lo que dice pues todos conocemos el resultado: diga lo que diga, no lo cumplirá. Es más, probablemente ocurra lo contrario de lo que dijo, sea o no su voluntad, porque es un Presidente sin poder.
Un ejemplo claro de todo esto ocurre con lo que declaró en 2019, respecto a que no pagaría los intereses de las LELIQs que emitía entonces el Banco Central para absorber pesos y controlar la inflación y que, en cambio, utilizaría esos fondos para aumentar los haberes jubilatorios.
Acto seguido, apenas asumió como Presidente, una de sus primeras medidas fue congelar por decreto las jubilaciones y desechar la fórmula de ajuste por inflación que había implementado el gobierno de Juntos por el Cambio, aún contra las 14 toneladas de piedras que arrojaron sobre el Congreso partidos organizados por el núcleo del actual gobierno.
Sin embargo, si profundizamos el análisis, nos encontramos con una realidad aberrante.
Las LELIQs por las que se quejaba el Presidente recién electo, sumados los pases pasivos, rondaban en 2019 los $1.2 billones, con U$S 45.000 millones de reservas en el BCRA, de las cuales alrededor de U$S 20.000 millones eran líquidas y disponibles.
Ese mismo stock de LELIQs más pases pasivos por los que Fernández se rasgaba las vestiduras, hoy llega a los $10 billones, es decir, casi 10 veces superior al stock que recibió.
Lo peor es que, como desde 2020 han llevado a cabo una salvaje emisión monetaria, el ritmo al que crecen estas letras del BCRA es aterrador: se duplican cada 11 meses, lo que nos ubicará en un total de más de $20 billones a fin de este año. Estamos hablando de que, en el Banco Central, tenemos una bomba de deuda cuasi fiscal de algo así como U$S 50.000 millones o, lo que es lo mismo, mas de un préstamo como el que el gobierno anterior tomó con el FMI para reestructurar deuda tomada por el kirchnerismo, y por el que los mismos kirchneristas tanto han pataleado.
“Plan llegar”: alargar la mecha al costo de agrandar la bomba
Es que, el verdadero problema, la verdadera bomba que está dejando el kirchnerismo, está en el Banco Central. La deuda fiscal no es el principal problema que tenemos, es la deuda cuasifiscal.
Porque, además de todo este desastre que ellos han generado por sus propios medios, tenemos un Banco Central sin reservas líquidas que no llegan ni a un 5% de las que dejó nuestro gobierno, aún cuando el FMI ha desembolsado más de U$S 10.000 millones adicionales sólo el último año. El mismo FMI por el que luego despotrican en cámara. Su hipocresía no conoce de fronteras.
Esta bomba que han armado en el Banco Central es lo que los ha llevado a cometer las locuras que venimos escuchando y que conforman lo que llamo el “Plan Llegar”. Porque si el único plan con el que se creó este “gobierno” era el de la impunidad de Cristina, está terminando con este plan nefasto de alargar la mecha al costo de agrandar la bomba, de patear los problemas hacia delante, para escapar de la responsabilidad y de hacerse cargo, mientras nos tiran el problema a todos los argentinos. No conocen de responsabilidad, o hacerse cargo.
No les bastó, hace unas semanas, con armar un canje de deuda con banqueros para banqueros, que apenas logró reestructurar el 55% de la deuda original y del que los privados que participaron del canje no superaron el 15% del total.
Tampoco es suficiente el hecho de que estarían usando todos los días al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para vender bonos a precio de remate, con el objetivo de bajar artificialmente los dólares financieros y así maquillar la subida del tipo de cambio.
Nada, ninguna de las locuras que los hemos visto hacer en materia económica, se compara con la más grave de las acciones que han tomado: obligar a entes públicos a vender bonos en dólares en el mercado, a un precio 20% menor que el que tenían en enero de este año cuando anunciaron su recompra desde el Tesoro, para obtener algunos dólares más y seguir tirando.
Entre esos entes, según se desprende del análisis del Artículo 1 del DNU 164/2023, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaría incluido en virtud del Art. 8 de la ley 24.156, como uno de los principales “aportantes”, con lo que su decisión implica directamente pesificar los ahorros de los jubilados.
Desde Juntos por el Cambio, en el Congreso hemos presentado dos proyectos: uno para que en el marco de las facultades de contralor que tiene el Congreso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se entreguen los boletos de compra y venta de operaciones con bonos en dólares y en pesos, para saber si efectivamente se los ha utilizado los últimos meses para contener la suba del tipo de cambio, en detrimento de los jubilados; y otro para citar al Ministro de Economía y a la Directora de la ANSES para que nos expliquen porqué se decidió esta pesificación total del fondo de nuestros jubilados.
Falta cada vez menos para que los argentinos podamos volver a tener un gobierno confiable, que diga la verdad aún cuando duela y que se haga cargo de los esfuerzos para encontrar las soluciones a los problemas de la gente.
Sabemos que hay que plantar árboles de cuya sombra no vamos a gozar. Que los argentinos sepan que los argentinos podemos.
*Abogado especializado en derecho bancario y financiero; ex director de Casa de Moneda (2018 y 2019)
