Contra todo pronóstico, el Gobierno de Javier Milei no logró imponer el debate sobre la inseguridad en la campaña para las elecciones legislativas de 2025, su estrategia para debilitar a Fuerza Patria en Provincia de Buenos, su distrito más poderoso. Sus propias tropelías, ya sistémicas, sepultaron al candidato libertario “cárcel o bala” y opacaron la agenda de la candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad insignia del hiperpunitivismo.
Dos escándalos relacionados con casos gravísimos de corrupción sepultaron las promesas de compensación y redención por el sacrificio impuesto por la motosierra. Ambos han dejado en evidencia la inmoralidad política que rodea y contamina al presidente Milei. Uno mostró que su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y sus aliados, los Menem (casi dinásticos), tienen los mismos vicios que “la casta” que habrían venido a desplazar del control del Estado: robar dinero público mediante contrataciones amañadas y sobreprecios.
El otro reveló que el manodurismo solo pega por abajo mientras se permita acumular por arriba tantos millones de dólares como sea posible para financiar, entre otras cosas, a candidatos y campañas. Estos también son mercancías políticas, como argumenta Michel Misse, “facilitadores” del lavado de dinero del narcotráfico y de impunidades compartidas que, sin duda, exigen cierta cuota de histrionismo para sobreactuar discursos punitivos exacerbados de un cinismo incalculable. Este escándalo no se frenó con la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, sino que continuó amplificándose.
En primer lugar, cuando se conoció la aparente tercerización del financiamiento de la campaña de Bullrich en 2023 por parte del mismo financista, Federico «Fred» Machado, a través de la empresa Lácteos Vidal, una de cuyas avionetas había sido encontrada en Entre Ríos con varios cientos de kilos de cocaína. En segundo lugar, porque Milei decidió no hacer acto en Río Negro debido a los crecientes conflictos en torno a la diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde, candidata a senadora nacional, que estuvo presa en Estados Unidos por transportar varios kilos de cocaína en 2002 y a la que se le prohíbe la entrada desde entonces.
Mientras intentaba frenar la renuncia de Espert, el presidente Milei organizó un acto para retomar la seguridad como estrategia principal de campaña con Bullrich a la cabeza, en el que presentó un proyecto de reforma del Código Penal en el Complejo Penitenciario N.º 1 de Ezeiza. Sin embargo, el escándalo en curso opacó la propuesta, que, a decir verdad, más allá de algún acierto al reconocer nuevos delitos, solo refuerza lo que se ha estado haciendo en materia de reforma penal desde el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004: endurecer las penas.
Su última oportunidad, después de ser desplazado de varios escenarios, fue el cierre de la campaña en Santa Fe. Allí, intentó revitalizar a Bullrich y atribuirle la baja de los homicidios en Rosario, mientras su fervoroso público cantaba contra Pullaro. Ciertamente, negar la destreza del gobernador Pullaro, poco comprometido con el Estado de derecho, pero que ha logrado, de momento, una disminución significativa de la tasa de homicidios en esta provincia, es la única forma de darle crédito a la ministra en materia de seguridad stricto sensu. Es que, en materia de represión en pos del «orden», su popularidad ha ido decayendo, pese a su certera capacidad para hacer que las fuerzas federales, con los peores ingresos de la historia reciente, sigan obedeciéndola para disparar a periodistas, fotógrafos y manifestantes y pegar a jubilados.
En este sentido, ha sido muy valioso el trabajo del Mapa de la Policía, llevado a cabo por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil con distintos conocimientos técnicos y científicos. Al reunir pruebas judiciales para identificar a los responsables de disparos ilegales por parte del personal de las Fuerzas Federales, se han desmontado algunas de las mentiras de quienes ordenan cada uno de los operativos de represión desde el 18 de diciembre de 2023.
Ahora bien, aunque la derecha utilice la inseguridad como maniobra distractora para ocultar el desastre del plan económico libertario sobre la vida de la población argentina y seguir ganando terreno donde el arco de centroizquierda languidece, se trata, sin lugar a dudas, de un problema socialmente grave. El delito callejero predatorio, las implosiones individuales que se convierten en violencia lesiva en hogares, escuelas, clubes, etc., y el crecimiento de los mercados ilegalizados están, sin dudas, afectados por factores diversos; desde los macroeconómicos, como la creciente desregulación económica, hasta educativos, como las dificultades de un sistema escolar desbordado por un largo escenario de privación económica y social, y profundas transformaciones cognitivas-afectivas y tecnológicas. Son decenas los problemas que confluyen en la inseguridad y, aunque la mayoría no requiere de intervención securitaria, los que sí, chocan con problemas estructurales que, básicamente, favorecen a los eslabones más altos de la cadena delictiva, entre ellos: la desarticulación judicial federal, la debilidad de las capacidades investigativas policiales-judiciales, cuya modificación requiere de acuerdos políticos y técnicos transversales.
Ya aprendimos que el problema poco se contiene con desarrollo económico y reducción de la inequidad. Tal vez estas cuestiones podrían recibir la atención de los futuros legisladores, hoy opositores, con sensibilidad social. Capitalizar los tropiezos, desaciertos y corrupción del oficialismo no es suficiente. Cualquier alternativa de gobierno de cara a 2027 no podrá prescindir de articular de forma inteligente y sensata el desarrollo económico, el bienestar social y la seguridad ciudadana.
Sabina Frederic fue Ministra de Seguridad de la Nación (2019-2021), Profesora e Investigadora UNQ-CONICET, Directora Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias.
