Llamo la atención sobre uno de los 116 Decretos de Necesidad y Urgencia que pretende convalidar el oficialismo, el DNU 727 del 22 de octubre de 2021 que prorroga hasta finales de 2038 el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
Esconder un elefante es muy sencillo, lo hacemos pasar con 115 elefantes y probablemente no se advierta.
Mientras se habla de acuerdos para políticas de estado, pasando por sobre lo que son competencias específicas del Congreso de la Nación, violando los supuestos en que se puede dar y las materias sobre las que puede versar un DNU, se prorroga un régimen que ha venido perdiendo sentido con el tiempo y que debería ser sometido a una revisión en profundidad.
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En números, lo previsto en el proyecto de presupuesto del 2022 para la Promoción Económica del Tierra del Fuego, Ley N° 19.640, es de $ 220.482,4 millones, el 0,37% del PBI, entre la liberación de IVA para compras y ventas, exención de Impuesto a las ganancias, exención de derechos de importación, alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos.
Al solo efecto comparativo del esfuerzo fiscal para otros sectores, en el régimen de promoción de la economía del conocimiento están presupuestados en $15.867 millones, un 0,03% del PBI.
Esto quiere decir para sostener un régimen inspirado en un conflicto del pasado, absolutamente superado (el conflicto bélico con Chile, instado por las dictaduras de ambos países en los años 70) se asignan 14 veces más recursos que al estímulo a la economía del futuro.
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Según el mismo ministro de la producción con el esquema de beneficios a la economía del conocimiento, las empresas beneficiadas van a llegar a emplear 500.000 trabajadores en una década y van a exportar 10.000 millones de dólares por año, con una contribución efectiva a la capacidad productiva de otros sectores como el agro, la industria y los servicios.
En Tierra del Fuego, el empleo generado en las empresas industriales beneficiarias del régimen promocional se encuentra actualmente en aproximadamente 8.000 empleos directos (según los fundamentos del decreto, cuando más empleo generó, entre 2013 y 2015, había cerca de 15.000 empleos).
En términos comparativos, si consideramos los montos destinados en otras áreas sensibles de la administración nacional, en 2022 destinarán para la promoción industrial de Tierra del Fuego más fondos que para la inversión pública en educación y cultura (0,26% del PBI), vivienda y urbanismo (0,35% del PBI) y agua potable y alcantarillado (0,36% del PBI).
Estos datos duros, nos exigen más rigor y seriedad para el tratamiento de temas de tal complejidad.
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El propio Poder Ejecutivo, también por decreto propone la creación de un Fondo con el objeto de buscar alternativas productivas, entre las que destaca el turismo, la pesca, la logística de apoyo a la flota antártica, entre otras que podrían generar trabajo genuino y prosperidad a los fueguinos.
Se impone una profunda discusión de estas alternativas, convocando a expertos e interesados.
Lo único que no se debe hacer es prorrogar sin someter a ningún debate, un régimen oneroso para el fisco y para los consumidores que, en toda la Argentina pagan por los electrónicos armados en tierra del fuego, mucho más de lo que se pagan en casi todo el mundo.
Hablan de debate y convocatoria a acuerdos, en este tema hay por dónde empezar a hacerlo.
* Facundo Suárez Lastra. Diputado de la Nación. UCR.
