La represión a manifestantes ocurrida el 5 de marzo frente a la Casa de Gobierno de Formosa no fue un hecho aislado. Llega después de una serie de violaciones a los derechos humanos producidos en la provincia, que Amnistía Internacional viene documentando desde hace siete meses. El hecho toma particular gravedad al observar que las autoridades locales, lejos de buscar consensos y reflexionar sobre los efectos de sus medidas, insisten en implementar políticas extremadamente restrictivas, con la excusa de combatir el covid-19.
En una primera etapa, la provincia definió un cierre estricto de sus fronteras que impedía el acceso de sus propios ciudadanos y provocó una crisis con más de 8.500 varados, muchos de los cuales debieron permanecer meses en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie. Luego se impuso una cuarentena compulsiva y obligatoria para los contagiados de covid-19 y todos sus contactos estrechos. Hubo personas trasladadas por la policía durante la madrugada a centros que no cumplían con las condiciones sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y sin información sobre su situación de salud. La duración de las cuarentenas llegó incluso a superar los treinta días.
Ante el reclamo de los afectados y la visibilización de la grave situación, muchas de estas medidas restrictivas fueron revertidas sin que pudieran observarse grandes impactos en el control de la pandemia: la Corte Suprema ordenó el reingreso de los varados y muchas de las personas encerradas en centros de aislamiento fueron trasladadas a hospitales o a sus domicilios, entre otros cambios. Si bien las autoridades se encuentran en una circunstancia extrema ante la pandemia para proteger la salud de los ciudadanos, la realidad pone en duda la razonabilidad de las políticas implementadas en la provincia.
El viernes 5, una manifestación contra la decisión de volver a la fase 1 en la capital provincial terminó en una violenta represión, con más de más de ochenta detenidos y cien heridos con impactos de balas de goma en los ojos, la cara, el cuello, el pecho y los brazos. Según testimonios recibidos por Amnistía Internacional, los efectivos golpearon a las personas en la cabeza, en la cara y en el estómago, aun encontrándose en el piso. También denunciaron haber sido perseguidos y detenidos cuando estaban desconcentrando en las inmediaciones de la marcha. En este punto es necesario ser enfáticos: la violencia institucional es una violación de los derechos humanos.
Dado el contexto y considerando que este es un año de elecciones, existe un riesgo de que esta grave situación quede entrampada en una lucha entre el oficialismo y la oposición. Este sería el peor escenario para la comunidad formoseña. Por ello es necesaria una respuesta estatal que ponga en el centro de la escena a las víctimas. Un año después del inicio de la pandemia, la restricción de los derechos de las personas no puede ser la única alternativa.
Desde nuestra institución creemos que, dada la gravedad de las denuncias, sería prudente crear una mesa de diálogo donde el gobierno nacional, las autoridades provinciales y representantes de la sociedad civil puedan lograr acuerdos sobre los protocolos contra el covid-19 en esa provincia procurando la adopción de medidas razonables, estrictamente necesarias y que cumplan con las obligaciones que exige el derecho internacional de los derechos humanos.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
