La llegada meteórica de Javier Milei a la presidencia representa una serie de singularidades en la historia política argentina. Este aluvión político le permitió, en menos de dos años, acceder a la Casa Rosada sin aparato político, sin controlar una sola gobernación o intendencia importante y con apenas 38 diputados y 7 senadores. A pesar de su condición de outsider, pudo derrotar de forma categórica al peronismo y a la coalición de Juntos por el Cambio, que habían monopolizado la competencia política en los últimos veinte años.
Otra característica distintiva del nuevo presidente es que estamos ante el primer político argentino en alcanzar el vértice del poder con un discurso explícito de reducción del Estado, ajuste económico y austeridad fiscal. En la política democrática en general, pero en Argentina en particular, los gobiernos han intentado evitar sistemáticamente los programas de austeridad. Desde un cálculo estrictamente político, esta inclinación es entendible: mientras los programas de ajuste tienen costos sociales inmediatos, los beneficios –la estabilización de la economía y la baja de la inflación– son diferidos. La presidencia argentina parece presentar incentivos para maximizar los recursos del presente (por ejemplo vía gasto público y crédito externo) y diferir los costos que demandan los desajustes económicos para el siguiente mandato. Que pague el que sigue.
Por ideología, condicionamientos objetivos del contexto de asunción o una mezcla de ambos factores, Milei propone otra hoja de ruta: la de un programa de shock durísimo, que incluye un ajuste fiscal del orden del 5% del PBI en un año. ¿Soportará la sociedad argentina, que ya viene extenuada tras diez años de inflación, estancamiento económico e ingresos deprimidos, el nuevo sacrificio que le pide la administración libertaria? ¿Podrá Milei cruzar el Rubicón del ajuste y salir políticamente indemne?
Para responder esta pregunta, recopilamos información sobre la suerte política de los presidentes que implementaron programas de estabilización económica en América Latina en contextos democráticos. Entendemos como planes de estabilización aquellos programas que establecen como meta estratégica –con independencia del resultado efectivo que haya tenido dicho programa– la baja considerable de la inflación, para lo cual se subordina al resto de las variables económicas y que en la gran mayoría de los casos incluyen correcciones fiscales. Para medir el desempeño político de estas experiencias tomamos en cuenta dos variables. Por un lado, la supervivencia presidencial, entendida como la conclusión en tiempo y forma, según los preceptos constitucionales, del mandato presidencial. Por el otro, el éxito electoral del oficialismo, codificado como positivo en aquellos casos en los que se registraron victorias del partido del presidente en las elecciones nacionales inmediatamente posteriores a la implementación del plan de estabilización.
Si se mira la tabla, se advierte que la mayoría de los casos de estabilización se concentraron en la década del 80 y 90, y solo hay un antecedente de programa de estabilización reciente (Macri 2018 en Argentina). Ocurre que mientras el grueso de la región dejó atrás el problema inflacionario, nuestro país sigue atrapado en la inestabilidad económica crónica.
La información recolectada arroja una conclusión clara: los programas de estabilización suponen una apuesta arriesgada para los presidentes. Uno de cada cinco mandatarios que encararon planes de estabilización no completaron su turno presidencial. Raúl Alfonsín, Jamil Mahuad, Fernando Collor de Mello y Carlos Andrés Pérez se quedaron a mitad del río sin llegar a la otra orilla. Los desenlaces de estas presidencias han sido variados: Alfonsín no logró detener la dinámica inflacionaria y entregó precipitadamente el poder; Mahuad fue derrocado por los militares en medio del caos social y económico gatillado por la dolarización; Collor de Mello y Pérez fueron destituidos en juicio político por el Congreso, el primero acusado de corrupción, y el segundo, acorralado tras el Caracazo.
Los costos políticos de los programas de estabilización económica se observan con mayor precisión en el momento electoral posterior a su aplicación. Solo en tres de cada diez casos el oficialismo fue revalidado en las urnas tras haber implementado programas de estabilización. En circunstancias económicas apremiantes como la argentina en la actualidad, los presidentes enfrentan un dilema sin solución: ajustar implica costos sociales; no hacerlo, también (el riesgo de ingresar en una hiperinflación). En política no hay decisiones fáciles.
En la década del 80, Margaret Thatcher popularizó en el Reino Unido el acrónimo TINA (there is no alternative) para justificar el desmantelamiento de las instituciones de bienestar social, los recortes del gasto público y la desregulación económica, entre otras medidas orientadas al mercado. Este domingo, Milei repitió el mantra: “No hay alternativa al ajuste y el shock”, ante una multitud que celebraba la consigna de que “no hay plata” y gritaba “motosierra”. ¿Podrá el flamante presidente libertario reorganizar las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, como hicieron Thatcher y Menem? ¿O, como Alfonsín y Carlos Andrés Pérez, quedará atrapado por las esquirlas del ajuste, la furia social y el descalabro inflacionario? La pregunta no tiene respuesta. Milei se juega en estos cuatro meses la fortuna de sus cuatro años de gobierno.
*/**Politólogos, Universidad de Buenos Aires.
