Las usinas de rumores nunca descansan ni son inocentes. Que en el peor momento de la pandemia del coronavirus aparezcan voces desconocidas diseminando dudas sobre las estadísticas oficiales y sus responsables, es cualquier cosa menos casual. La intencionalidad es más que evidente: ir por la cabeza de sus responsables y resucitar la manipulación de estadísticas e indicadores económicos del período 2007- 2015.
Hacer eso desde el poder no es inocente. Permite capitalizar en beneficio propio toda decisión que tome el sector privado en base a información fraguada, ignorando el grado de falsedad de la información que está consumiendo.
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La discrepancia entre los índices regionales de precios que releva el INDEC y la inflación de los institutos provinciales habría desatado la supuesta disconformidad con el organismo que aparentemente algunos funcionarios habrían desmentido. Pero esas diferencias no deberían sorprender. Las metodologías y muestras utilizadas no son necesariamente coincidentes, y comparar uno o dos índices por región, con la estimación para una región completa con el INDEC, ameritaría una explicación más que completa como para desmentir o confirmar todo tipo de suspicacias. El aparente sesgo entre inflación INDEC vs. inflación de institutos provinciales debería ser explicado y debidamente fundamentado con evidencia de recolección de datos, sus fechas, y las diferencias metodológicas subyacentes. Por ahora, al menos, los fundamentos de las críticas aparentes al organismo hasta ahora son una incógnita, al igual que la identidad de esos supuestos funcionarios disconformes con las autoridades del organismo.
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Quien promueve dudas en público sin dar a conocer su nombre y apellido, es claro que lo hace para convencer a las autoridades nacionales de la necesidad de optar por interventores como en la experiencia del período 2007-2015. Si algo contribuye a debilitar la reputación y la confianza en el gobierno es, hoy por hoy, una eventual nueva pérdida de credibilidad en las estadísticas que publica el INDEC. Sería una consecuencia más que inoportuna, en medio de una pandemia de duración incierta, y justo en el año en que el organismo debe cerrar el Censo Nacional Económico y el Censo Nacional de Población Vivienda.
Una forma de poner fin a estos episodios es el de la homogeneización de criterios para las mediciones nacionales y subnacionales de diversos indicadores económicos, y también el de una mecánica de comunicación que evite malentendidos innecesarios. Pero todo eso exige, de mínima, la aprobación el proyecto de ley enviado al Congreso en noviembre de 2019 para otorgar al INDEC la total independencia presupuestaria y administrativa, aislándolo de los caprichos de ocasionales funcionarios políticos que van rotando según los gobiernos.
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Mirando hacia atrás, diversas advertencias se conocieron en la solicitada “Cuidemos al INDEC” de febrero de 2007 que advertía los peligros asociados al deterioro adrede de la calidad y confiabilidad de la información publicada por el organismo. Quince años después, aparece una evidente operación “desgaste” contra la conducción del organismo cuyo objetivo final no sería otro más que el de repetir la nefasta experiencia del período 2007-2015. El resultado fue una publicación de series de datos nada confiables, sin utilidad práctica alguna y que en no pocas variables deja una suerte de “apagón estadístico” lamentablemente irreparable. Una experiencia a todas luces desastrosa y que no debería repetirse nunca más.
Hoy como ayer, cuidemos al INDEC, de verdad y antes que sea demasiado tarde…
* Héctor Rubini. Economista Instituto de Investigaciones USAL
