A fin de mes tendrá lugar una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno aspira a alcanzar un acuerdo con el Fondo para el mes de mayo tal como lo señaló la semana pasada el ministro de Economía Martín Guzmán. El apuro por lograr el acuerdo en mayo responde a varias razones. En primer lugar, el 30 de mayo el gobierno debe pagarle al Club de París 2.400 millones de dólares. Tener el acuerdo cerrado antes de mayo facilitaría la renegociación de la deuda con el Club de París y evitaría tener que usar reservas para afrontar ese pago. De manera similar, lograr un acuerdo antes de mayo permitiría al gobierno ahorrarse los casi 4.800 millones de dólares que entre capital e intereses debe pagar al FMI en lo que resta del año. El grueso de estos pagos cae a fines de septiembre y fines de diciembre.
En segundo lugar, el gobierno confía en dar una fuerte señal a los mercados con el programa del FMI. No solo porque se postergaría el repago de los 44 mil millones del préstamo recibido por el gobierno de Cambiemos, sino porque también en teoría el acuerdo presentaría un horizonte de ordenamiento fiscal. Más aún, de acuerdo a la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública aprobada esta semana el arreglo con el Fondo requiere el aval del Congreso. Ello convertiría al programa de consolidación fiscal incluido en el acuerdo con el FMI en una política de estado, mostrando el compromiso tanto del actual oficialismo como de la oposición con ordenamiento de las cuentas públicas.
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Hay una tercera razón por la que probablemente el gobierno busca tener el programa acordado en mayo. Lo último que cualquier gobierno quiere es una discusión sobre las virtudes y defectos del arreglo con el Fondo en medio de una campaña electoral. En virtud de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública el Congreso tendría la última palabra sobre el programa a firmar con el FMI. El debate legislativo le daría más visibilidad a la discusión sobre las virtudes y defectos del acuerdo. Amén de ello, cuánto más cerca estemos de las elecciones -de no modificarse el cronograma electoral habrá primarias a comienzos de agosto- es probable que sea más difícil lograr que el Congreso sesione.
¿Podrá el gobierno lograr un acuerdo con el FMI antes de mayo? Esta semana Alejandro Werner, Director del Departamento para el Hemisferio Occidental del organismo, calificó como ambiciosa dicha meta. ¿Por qué? La Argentina aspira a obtener un programa de Facilidades Extendidas. Este tipo de programa otorga plazos de pago que de entre 7 y 10 años, algo necesario dada la magnitud de la deuda con el organismo. Sin embargo, este tipo de acuerdos involucra entre sus condiciones la necesidad de realizar reformas estructurales. El Fondo en algunas ocasiones solicita a los gobiernos el cumplimiento de acciones previas con el fin de evaluar cuál es el compromiso genuino de realizar reformas.
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Si para muestra alcanza con un botón, el programa de Facilidades Extendidas acordado por el gobierno de Lenin Moreno en Ecuador incluyó acciones previas y pautas estructurales en una amplia variedad de temas, incluyendo cuestiones referidas a transparencia. Es decir, lograr un arreglo antes de mayo requerirá que el gobierno y el FMI se pongan de acuerdo no solo en torno a metas fiscales y monetarias, sino también que ambas partes alcancen consensos en torno a las reformas estructurales que típicamente acompañan a un programa de estas características.
Es tal vez ahí dónde se encuentran los mayores obstáculos para un desenlace rápido a las negociaciones. Difícilmente el kirchnerismo -la facción más poderosa del Frente de Todos- acepte comprometerse a realizar reformas estructurales afines a la filosofía del FMI. El Fondo bien podría aceptar un acuerdo de baja intensidad que meramente postergue los pagos de Argentina -lo cual no es poco-, pero ello podría despertar objeciones en el Directorio del organismo. Probablemente pensando en ello es que el presidente Alberto Fernández ha mantenido conversaciones con Kristalina Georgieva, Angela Merkel y Emmanuel Macron en las últimas semanas. Si bien quien negocia con el gobierno el staff, es el Directorio del organismo -en el que están representados todos los estados miembros del organismo, pero en el que tiene peso decisivo las grandes potencias- el que tiene la última palabra.
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¿Y si no hay arreglo en mayo? De acuerdo a lo reportado por diversos medios, en las últimas semanas envalentonados por la suba en el precio de las materias primas y conscientes de la incomodidad de negociar con el Fondo y aceptar sus condiciones en medio de un año electoral, algunas voces dentro del oficialismo especulan con la idea de postergar el acuerdo con el FMI para luego de las elecciones. Ello obligaría al gobierno a pagarle con reservas al Club de París – o tal vez dejar de pagarle- y al propio Fondo, lo cual podría poner presión sobre el tipo de cambio, nuevamente algo que cualquier oficialismo quiere evitar en un año electoral, pero dejaría al oficialismo libre de condicionamientos de cara a las elecciones de octubre.
* Ignacio Labaqui, Analista Político y Profesor Universidad del CEMA. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.
