No salimos de todavía del pavor de las imágenes que nos envían los medios de comunicación y redes y volvemos al inicio de siempre: somos un país difícil de gestionar y los eventos masivos son un gran ejemplo.
Por eso, desde hace mucho tiempo se viene solicitando que las áreas institucionales de gobierno deben tener una ley de gestión de intereses y una oficina de asuntos político y asuntos institucionales o asuntos públicos a efectos de prever en normalidad y en momentos de excepcionalidad la gestión de hechos de suma complejidad como en este caso: La muerte del ídolo máximo, para muchos, de la Argentina.
Una área de políticos o institucionales, o bien, asuntos públicos en una denominación más novedosa, es clave, para gestionar holísticamente dos cosas claves en momentos como estos:
- Tener una panorámica total de los sectores sociales que peticionarán o se movilizarán para reclamar o mostrar alguna expresión, y
- Tener un vocero único de aquello que es necesario comunicar a todas las instancias de comunicación gráfica, televisiva, radial y por medios digitales de cómo se desarrollarán las actividades.
Ergo, es un área de trabajo que debe imaginar todos los riesgos posibles, previsibles y estar preparada y con poder de decisión para lo impensable.
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Es un área que, entre otras tantas funciones, intentará mediante la comunicación que la respuesta ante descontentos no sean las últimas respuestas posibles como la fuerzas de seguridad interior actuando y volviendo más irrespirable el aire del lugar acrecentando la conflictividad y provocando más riesgo y hasta una potencial crisis.
Otra vez, la sociedad argentina ve cómo un evento masivo se transforma en un acto descontrolado, sin orden, sin tiempos claros establecidos, sin previsión alguna, sin contención de tanta gente expuesta en una pandemia y ante necesidades básicas como falta de agua, entre otras cosas.
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Esperemos que situaciones dramáticas como estas, hagan pensar, en la real necesidad de implementar normas y áreas conducentes a la gestión de eventos regulares o excepcionales entre el Estado con la sociedad civil en todas sus facetas posibles.
Una ley de gestión de intereses y la creación de áreas de Asuntos Institucionales son claves y quedaron demostradas sumamente necesarias para resolver y atender a momentos como estos.
