El pasaje de la justicia inquisitiva, escrita y secreta a la justicia oral por audiencias es ya un punto de partida indiscutible en nuestro país. Las ventajas de la oralidad son ampliamente reconocidas: agiliza los tiempos del proceso penal, transparenta las decisiones judiciales, garantiza la publicidad y permite una mejor calidad de litigio, lo que se traduce en una mejora en la calidad de justicia.
Las audiencias orales permiten que los conflictos se traduzcan en palabras y que los jueces y juezas decidan ya no en sus despachos judiciales, sino de cara a las víctimas, a las personas imputadas y a la sociedad. Por eso, desde el INECIP quisimos tratar de responder a una pregunta muy sencilla pero que entendemos clave para poder evaluar el buen funcionamiento de la justicia penal: ¿cuántas horas pasan los jueces y juezas penales en audiencia? Nos encontramos con un primer gran desafío, que seguramente a muchos y muchas no los sorprenda: la información, salvo excepciones, no es pública.
Después de realizar pedidos de acceso a la información pública y de esperar varios meses, logramos obtener algunas respuestas de distintas provincias. Y lo que encontramos nos preocupó.
La provincia que más horas de juez en audiencia tuvo en el 2023 fue San Juan con 33 horas 10 minutos y la que menos horas registró fue Entre Ríos con 5 horas y 22 minutos por mes en audiencia. La media nacional no supera las 20 horas por mes de juez en audiencia.
Dicho de otro modo, según los datos que los propios poderes judiciales informan, en promedio los jueces y juezas penales pasan menos de 1 hora por día en audiencia. Es decir, escuchando a la fiscalía, la querella y la defensa y decidiendo en torno a los conflictos más serios que llegan al Poder Judicial.
La provincia que más horas de juez en audiencia tuvo en el 2023 fue San Juan con 33 horas 10 minutos y la que menos horas registró fue Entre Ríos con 5 horas y 22 minutos"
La baja cantidad de horas que pasan los jueces y juezas en audiencia es difícil de explicar. Alguno podría argumentar que hay una baja demanda de casos a ser resueltos por jueces y juezas, y que los poderes judiciales están procesando los casos en los tiempos que deben. Si eso fuera así, las víctimas e imputados serían escuchados por jueces y juezas y verían resueltos sus casos en plazos razonables.
Probablemente sean pocos los lectores que puedan proyectar un escenario semejante. Lamentablemente, una revisión rápida por algunas provincias desalienta fuertemente esta hipótesis. Aun en los mejores escenarios, en varias provincias del país, las personas deben esperar más de 1 año desde que la fiscalía formaliza el caso hasta que éste es resuelto por un juez. Pero, inexplicablemente, los jueces y juezas penales no trabajan más de 2 horas por día en audiencia. Los datos revelan que tenemos un problema — y serio— en la forma en la que el sistema está gestionando los casos, y en la forma en la que estamos administrando los tiempos de jueces y juezas. Es inadmisible tener jueces ociosos, más aún cuando la sociedad debe esperar meses y meses, en algunos casos años, para lograr obtener una respuesta a su conflicto.
¿Cuánto ganan los políticos y jueces en Argentina?: el sueldo de 'la casta', bajo la lupa
Los jueces y juezas son el recurso más caro del Poder Judicial. Su trabajo es indelegable, solo ellos y ellas están en condiciones legítimas de conducir las audiencias y resolver sobre los conflictos impartiendo justicia. No podemos permitirnos malgastar su tiempo.
El problema tendrá múltiples factores que lo explican, y probablemente refiera a diferentes aristas que deban trabajarse y revisarse. Pero lo que es inadmisible, y lo que nos escandaliza, es que todos por lo bajo confirmen lo que los datos reflejan, aunque ninguno se digne a discutir el problema para revertir la situación.
Lo que no es aceptable es la absoluta pasividad frente a esta situación, porque la responsabilidad de brindar una justicia oportuna es del sistema en su conjunto: de las partes, de los jueces y juezas, de los organismos de gestión y de los órganos de gobierno.
La confianza de la sociedad argentina en la justicia viene decayendo año tras año, la soga no pareciera ser infinita. Existen varios ejemplos en la región de cómo se traduce esa desconfianza en reformas dramáticas para la independencia del Poder Judicial. No nos sobra el tiempo.
Por eso, aquí estamos, como desde hace 35 años, para sentarnos a trabajar. Sacar, como quien dice, “los trapitos al sol”, no esconder los datos ni la información y hacernos cargo del problema para mejorar el sistema. Porque estamos convencidos y convencidas que no tendremos una democracia de calidad sin una justicia de calidad. Ojalá en esta convocatoria no estemos solos y vayamos sumando voluntades para revisar, evaluar y modificar lo que sea necesario.
* Co-directora del Programa de Gestión y Organización Judicial del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
