Doctor y docente en Medicina. Licenciado en Ciencia Política, UBA. Ex investigador CNEA. Miembro del Consejo de Paz de la República Argentina. Músico
La Justicia Argentina tiene plazos que no se condicen con las velocidades habituales en el siglo XX y mucho menos en el XXI. Si bien la acordada de la Corte Suprema de 1930 habilitó rápidamente con la legalización del golpe de Estado del 6 de septiembre, una sucesión de golpes institucionales que alcanzaron hasta 1982, ha habido casos que no se condicen con ningún tiempo lógico a nivel global.
Alguna vez Fernando Savater en Buenos Aires y en el Instituto de Cultura Hispánica afirmó que la Justicia debía ser la voz de las víctimas, no lo ha sido en los resonantes casos de Nora Dalmasso y María Martha García Belsunce. O sea que ello no ha ocurrido ni en el siglo XX ni en el XXI en Argentina en casos muy puntuales.
Y en la década de los 90 dos vergonzosos hechos enlutaron al país, dos atentados terroristas, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA atravesaron los hogares argentinos.
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La Corte Suprema tomó el primero de ellos y una fiscalía especial el segundo. El fracaso de ambas investigaciones ha sido estrepitoso. La Corte nunca aclaró nada con respecto al caso de la Embajada que sigue en el más absoluto misterio y con respecto a la AMIA lo único que se aclaró es que hubo encubrimientos varios como afirmaran repetidas veces los familiares de las víctimas que comprometen al Estado Nacional.
A ello habría que agregar en el siglo XXI, el caso Nisman, con el agregado que la muerte dudosa del fiscal tiene dos pericias absolutamente antitéticas. La primera, de la Corte Suprema, apoya la hipótesis del suicidio y la segunda, de Gendarmería, el asesinato y desde allí nada más que el silencio.
28 Aniversario del atentado a AMIA.
Como si esto fuera poco hay que agregar el hundimiento de nuestro único submarino existente luego de la tragedia de Malvinas, el ARA San Juan, hallado en la fosa profunda del Atlántico Sur con toda su tripulación de 44 argentinos perdida, en circunstancias nunca aclaradas y cuando lo único que queda firme es el espionaje realizado a sus familiares con propósitos nunca develados.
A su vez nuestra Corte Suprema actuó con velocidad pasmosa para anular una reforma judicial propiciada en el Poder Legislativo, pero tarda 14 años en dar de baja otra ley sobre el Consejo de la Magistratura.
Y lo más reciente es una cautelar sobre el conflicto entre Nación y CABA sobre coparticipación, nunca resuelto por la política, incapaz de sentarse a dialogar y discutir planillas en mano sobre los números verídicos a confirmar.
El hecho que las reformas propiciadas por la Constitución del 94 como las del Consejo de la Magistratura y la coparticipación federal no hayan sido resueltas por la política y hayan terminado judicializándose habla de la incapacidad de los políticos argentinos para estudiar los problemas y resolverlos a través del diálogo.
A más de 20 del asesinato de María Marta García Belsunce, uno de los casos policiales más resonantes de la historia argentina.
La Corte más corta del mundo, de 4 miembros, es consecuencia de haberla acortado de 9 a 7 y luego a 5 miembros y la incapacidad a su vez de los políticos para acordar un nombre para cubrir vacantes como la del quinto miembro, el Procurador general y el Defensor del Pueblo.
En consecuencia se judicializa la política incapaz de resolver problemas simples como hacer un gasoducto para sacar el gas, usarlo en petroquímica y exportarlo, del segundo yacimiento más importante del mundo y ambas coaliciones se tomaron tres años cada una para pensarlo y comenzar a resolverlo mientras que aquí y ahora Argentina pierde 6000 u$s por minuto, por no haberlo resuelto en tiempo y forma.
Y la judicialización tiene un problema gravísimo: para la Justicia Argentina no hay plazos y entonces la solución de los problemas languidece perdida en las arenas del tiempo.
Es decir que una auténtica reforma judicial debe poner plazos del siglo XXI a la Justicia para resolver los casos, no los tiempos del siglo XIX; no es posible que la Corte se tome dos años para firmar una cautelar y con la cantidad de conjueces y peritos que la componen no pueda tomar una resolución de fondo con planillas en la mano y números del día, aquí y ahora, luego de dos años de haber estudiado el caso.
Este es entonces un caso paradigmático para un cambio sustancial a los plazos sin tiempo del Justicia Argentina, que terminan complicando todo el federalismo, amén de la necesidad que los políticos argentinos trabajen en la resolución de los problemas, para ello se les paga y no hagan recaer sobre la Justicia su ineficiencia y su impericia.
