Está funcionando a la perfección. El mismo sistema democrático robusto, que logró que Javier Milei sea presidente, hoy está poniendo frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo en sus iniciativas, obligándolo a moderarlas y buscar consenso. Para esto último es exactamente para lo que existe la división de poderes en el sistema republicano. Pero vamos por partes.
En primer lugar, desde el punto de vista de la faz agonal de la política (la contienda por el acceso al poder), Javier Milei es presidente gracias a una elección inédita, en donde fue electo sin estructura nacional ni grandes apoyos provinciales. Para hacer una comparación, luego de ocho años de ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri tuvo que aliarse a la histórica UCR para lograr tener la estructura partidaria federal necesaria para hacer frente a una elección.
Esto es: candidatos locales en cada distrito que movilicen a la población, ejército de fiscales que “cuiden los votos” en cada mesa de votación, caudal de legisladores en el Congreso Nacional, gobernadores e intendentes afines que apoyen sus iniciativas políticas. Todo ello, por supuesto, tiene un costo. Armar una coalición implica ceder lugares de poder, consultar las iniciativas y ajustarlas a lo que los aliados pidan. Gobernadores e intendentes propios implican pedido de fondos y apoyo a sus gestiones locales desde el gobierno nacional, a cambio de apoyo legislativo en el Congreso y de aplicación de sus políticas públicas.
Con nada de esto tuvo que lidiar Milei, y aun así es presidente. En las elecciones generales ganó en 10 provincias en donde prácticamente no había participado en las elecciones provinciales. Sin alianzas con partidos históricos. Sin una gran estructura de fiscales que “cuiden sus votos”. Sin fuertes aliados locales que movilicen a la población a su favor. En el balotaje, la victoria fue aún más contundente: ahora sí con cierto apoyo del PRO, logró ganar en 21 de 24 distritos electorales.
La democracia sigue en pie
Profundizando, nuestro sistema democrático demostró ser robusto. Un candidato sin fiscales le ganó la elección a las dos coaliciones que dominaron la política argentina los últimos 12 años. Quiere decir que los presidentes de mesa hicieron su labor, no hubo robo de votos ni tan temido (y aclamado) fraude electoral. El sistema, es decir, la democracia como modo de elección, funcionó.
El candidato más votado ganó, sin importar la estructura partidaria detrás. Y asumió la presidencia, con un reducido número de legisladores propios y ningún gobernador afín. En síntesis, uno de los fundamentos básicos de la democracia procedimental argentina como lo es el conjunto de reglas y procedimientos para la elección de mandatarios, fueron validados en un contexto atípico.
Por otro lado, la democracia y el sistema republicano en su faceta arquitectónica, en lo que hace al ejercicio del poder, están funcionando como deberían hacerlo. Esto es, están limitando la iniciativa del ejecutivo y obligándolo a negociar y consensuar sus medidas, moderándolas. Esto sucede así y está bien que así suceda.
La renovación parcial de las Cámaras de Diputados y de Senadores tiene como finalidad que un partido o propuesta deba subsistir en el tiempo de manera atractiva para la sociedad, y que esta la elija en más de una oportunidad. De esta manera se evita que cuestiones netamente coyunturales cambien completamente el rumbo del país. Y también obliga a los presidentes a negociar con los legisladores. Aun teniendo mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional, los presidentes deben negociar algunas cuestiones de vital importancia que requieren 2/3 de los votos de los legisladores, como ser una reforma constitucional o la designación de jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entonces, es función del Congreso Nacional negociar las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, revisar la constitucionalidad de las mismas, ya sea durante su debate previo a ser sancionadas, o como en el caso de las DNU, una vez que estos ya fueron dictados y publicados. El Poder Legislativo debe actuar como un contrapeso del Poder Ejecutivo.
Un Congreso sumiso al Presidente, sin capacidad de frenar o moderar sus iniciativas, funcionando como una escribanía y no como un Poder del Estado, daña al sistema republicano argentino.
Es lógico, y así está pensado, que el Poder Ejecutivo quiera avanzar con su agenda. Y lo es más cuando quien ganó es un outsider con promesas de reformar el sistema político y económico del país. Y es también lógico y así está pensado que el Poder Legislativo funcione como un control, filtro a sus iniciativas, y tenga la capacidad de limitar las mismas.
No daña a la democracia que el presidente busque imponerse ni que el Congreso lo frene, rechazando la ley ómnibus o el DNU. El sistema no está pensando para que funcione en un mundo ideal, sino en un mundo real. Con pasiones, con intereses en ambas partes, con voluntad de imponer su agenda, con miras a las próximas elecciones hacer un papel ganador a fin de profundizar.
Es en ese contexto adverso donde las instituciones muestran su fortaleza. Es cuando desde algún poder del Estado buscan imponerse al otro, cuando se buscan romper los límites que el sistema republicano les pone, cuando el mismo sistema demuestra su robustez. En este contexto, donde un outsider sin estructura partidaria nacional y federal ganó las elecciones presidenciales, donde en el ejercicio del poder continúa con su agenda moderándola únicamente por las imposiciones del propio sistema republicano, donde podemos ver la salud de la democracia en que vivimos.
