Cuatro indicadores alertan que el gobierno está complicado y que se ve forzado a intentar enmascarar su mala praxis en el sector económico, que provoca un serio fastidio popular por la caída de la cantidad y la calidad del empleo y la falta de dinero en la calle, manifestado en la baja del consumo en supermercados, y el cierre de locales comerciales.
Primero: Dice Santiago Caputo que “La Argentina debe recuperar las Islas Malvinas para proteger las ideas de la libertad, porque el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam”.
En otros términos, Milei viene a rescatar la causa de Occidente, y para ello Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas. Intento fallido. Tal es el disparate argumental, que no ha movido ni el amperímetro de los propios libertarios.
Segundo: El secretario de Trabajo, Julio Cordero, relativizó la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas, defendió la reforma laboral, reivindicó el régimen de monotributo y defendió la caída del 0,23% del PBI en materia de seguridad social, registrada en el presupuesto.
Una regresión frontal en materia de justicia social. O una estrategia de provocación para iniciar reacciones, huelgas, manifestaciones… y luego desmanes de los provocadores infiltrados. Nada se puede descartar. Los ingenieros del caos, siempre creativos.
Los datos oficiales publicados contrastan todo lo dicho por Cordero: desde noviembre de 2023, la cantidad de asalariados formales se redujo en 265.765 personas, equivalente al 4,2%. Solo en julio se perdieron otros 12.716 puestos de trabajo, lo que marcó una leve aceleración de la caída. En el conurbano bonaerense, el 70,2% de los cuentapropistas trabaja en la informalidad, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.
En la población urbana de todo el país, el dato promedio del segundo trimestre de este año indica que, entre quienes trabajan por cuenta propia, el 65,8% está en la informalidad, a la vez que, entre los asalariados, la falta de aportes jubilatorios alcanza el 37,9%. El índice de informalidad promedio de todo el universo de trabajadores es de 45%. Según Cordero “hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia, no todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia con las obligacionesque la relación de dependencia conlleva. Hay algunas personas que quieren ser autónomas, quieren la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia”. Si sigue exagerando un día va a decir que la gente prefiere ser pobre, porque así tiene una vida menos estresante.
Tercero: Por el incumplimiento de la cautelar (que había sido ratificada por la Corte Suprema) que obliga a actualizar salarios y becas vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 multó al Gobierno y Santilli deberá pagar $100.000 por día; es decir USD 67 por día. Deben estar temblando de miedo en el gobierno por semejante sanción de tan alto valor, que podría poner en crisis el superávit fiscal.
El Ejecutivo incumple abiertamente la división de poderes y muestra su total falta de republicanismo. Nueva versión del “vamos por todo”, con el explícito apoyo de sus aliados pseudo republicanos. Otro caso en que se busca el enfrentamiento explícito con los bienpensantesde todo tipo que tozudamente siguen insistiendo en marchas y manifestaciones.
Al igual que ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el mileísmoargumenta que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias, sin especificar las partidas concretas y que espera que el Congreso le especifique dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar ese incremento del gasto público. Cualquiera sea la propuesta (por ejemplo, inteligencia) el gobierno la rechaza por prioridades de la seguridad del estado.
Cuarto: La causa contra Mauricio Macri y los actuales ministros, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, por tomar un crédito de US$ 57.100 millones del FMI se encamina a su cierre definitivo por “inexistencia del delito”.
Caputo, en aquel entonces ocupaba la Secretaría de Finanzas, y Sturzenegger, encabezaba el Banco Central. Se trata del acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de US$ 50.000 millones, luego ampliado a US$ 57.100 millones.
La investigación del fiscal Picardi procuró determinar si el crédito era realmente necesario o si en verdad se tomó para fugar los dólares con acuerdo de empresarios y financistas allegados al poder. Además, si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. El cierre se basaría en que dichas hipótesis, “no corresponden con inferencias lógicas” de las constancias de la causa y tampoco “fueron sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas”, en contra la opinión de los fiscales, que identificaron cuáles son las medidas pendientes de realización.
El gobierno sale a distraer al gran público con disparates geopolíticos poco creíbles"
Estos cuatro indicios nos indican que el gobierno se ve en problemas porque todas las expectativas de lo que había prometido no se están cumpliendo y hay un creciente malestar popular; lo que lo obliga a renovar su probada fórmula de “guerra cognitiva”, que con bastante habilidad ejecuta.
De ese modo va marcando la agenda diaria, de los temas que los medios distribuyen y amplifican. Lamentablemente, que muchas veces la oposición, por sus propias ignorancias u errores, le sigue la corriente.
Guerra cognitiva usada para entretener o polarizar. Por ello el gobierno sale a distraer al gran público con disparates geopolíticos poco creíbles (primero caso); provocaciones sustentadas en supuestos ideológicos poco realistas, ya que todos los ciudadanos quieren empleos estables, protegidos y bien pagos, salvo los clásicos emprendedores o empresarios, una minoría en todas las sociedades del mundo (segundo caso).
Otra provocación destinada a polarizar y a fragmentar a la población es el incumplimiento constitucional dentro de un régimen republicano, usada para que la gente proteste y se descargue en las manifestaciones; lo cual es entendido por el gobierno como un éxito de su estrategia de polarización (tercer caso). Y finalmente se trata, vía la justicia amigable de proteger a su ejército de oficiales y de sus aliados, que, aunque sean depreciados por el gobierno, saben que es mejor protegerlos de futuros problemas o que les “deban ese favor”.
La política tiene razones que los intelectuales no logran comprender. Por todo ello y porque los mercados saben leer mejor que los políticos, el indicador elaborado por JP Morgan, el riesgo país argento supera actualmente la barrera de los 600 puntos.
