La masacre de la Escuela Primaria Robb de Uvalde con 21 muertos, entre ellos 19 niños y niñas, es la más mortífera, en un ámbito educativo, luego de la matanza en la escuela primaria Sandy Hook (Connecticut) en 2012, en la cual murieron 20 menores y 6 adultos.
Siempre que hay un tiroteo de esta envergadura, se reaviva el debate del control de armas y siempre es un fracaso de la política, pero también de la ciudadanía. Mientras el fiscal general de Texas propone como solución armar y capacitar a los maestros para evitar estas situaciones, senadores de otros distros y el mismo presidente de Estados Unidos abogan por mayores controles.
“Es hora de actuar, ¿cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas?, dijo Joe Biden, en su discurso a la Nación luego de la masacre, en clara referencia a la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en ingles).
En un país donde hay más armas que personas, ya que la población asciende a 328 millones y hay aproximadamente 393 millones de pistolas o rifles en manos civiles; es al menos insuficiente reducir la relación de los americanos con las armas, al poder de lobby de la NRA.
Además, el lenguaje de la segunda enmienda de la Constitución, concebido en el momento de la formación de Estados Unidos, que consagra el derecho a las armas, es interpretado como un derecho constitucional personal y está asociado a valores como el patriotismo y la libertad. Prohibirlas sería una violación a la Constitución y la Asociación Nacional del Rifle, es la guardiana del derecho a poseer y portar armas, es una organización poderosa y tiene fuertes vínculos y lobby en Washington.
Y como la Corte Suprema limita el poder del Estado, algunos intentos de control de armas fueron desestimados ante la apelación ciudadana.
El rifle de asalto de la historia de las masacres en Estados Unidos es el AR 15, fabricado por Colt. Es un arma genérica semiautomática, que puede ser fácilmente convertida en automática y disparar 100 municiones por minuto; la versión militar es el fusil M16 que es usado en más de 80 países en el mundo.
Uno de los temas de la agenda electoral del presidente de Estados Unidos, es el impulso de leyes de control de armas, entre ellas, una prohibición expresa de este tipo de fusiles. Si bien hoy los demócratas cuentas con mayoría en las dos Cámaras, los proyectos aprobados en la de Representantes, encuentran su dificultad en la de Senadores, por un tema de reglamento y porque los estados dominados por las grandes ciudades son superados en número por distritos rurales y del sur, con inclinaciones pro-armas. A eso se suma que, en las elecciones legislativas de noviembre, habrá seguramente un triunfo republicano, ya que es el castigo habitual de los votantes al medio término de la gestión presidencial actual.
Las motivaciones que inspiran a los “lobos solitarios” a actuar van desde el supremacismo blanco, el Estado Islámico hasta la imitación de conductas violentas de video juegos. Los factores externos son imposibles de controlar, pero si se puede controlar el acceso a las armas.
Los americanos están atrapados entre el miedo y la Constitución. Una profunda voluntad política podría lograr una ley federal que regule el acceso a las armas, pero hasta tener éxito seguramente habrá apelaciones y sucesivas interpretaciones del Máximo Tribunal. Parte de la solución, sería que los Estados, individualmente (algunos ya lo han hecho) impulsen leyes estatales, que aun estando “atadas” a la Constitución, puedan contemplar temas como: antecedentes, registro, certificados médicos, cantidad de armas, de municiones.
Los intentos de controlar el acceso a las armas que tomaron impulso luego de las más grandes mascares de Estados Unidos, como la que ocurrió en la Discoteca Pulse en Orlando en 2016, donde hubo 50 muertos y la del Festival Route en Las Vegas, donde murieron 59 personas y 489 resultaron heridas, fracasaron. Habrá que ver si el temor de los estadounidenses a enviar a sus hijos al colegio es más fuerte que la cultura de armas.
*Coordinadora de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC), directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) especialista en temas de seguridad internacional y control de armas.
