OPINIóN
Ley de etiquetado frontal

Le preocupa más el futuro laboral del Tigre de Zucaritas, que el destino de la Argentina

Se necesita un debate serio sobre el tema y por qué algunos políticos rechazan esta ley.

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EFA. Es efectivo para modificar las decisiones en el punto de compra. Ya se usa en Uruguay. | cedoc

La semana pasada vimos en las redes sociales debates acalorados por la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos que se discutió y aprobó en el Congreso de la Nación, luego de la sesión fallida que no había alcanzado el quórum para su tratamiento. Esta vez, todo el arco político tuvo que pronunciarse al respecto.

Llegamos a este momento luego de muchos meses de lobby empresarial a plena luz del día. Vimos cómo el gobierno cajoneaba la ley después de un viaje de Sergio Massa donde se reunió con empresarios azucareros del norte del país. Hasta le dieron espacio a la Cámara de Comercio de EE.UU. para dar argumentos y justificar por qué los comensales no tienen derecho de saber qué se están metiendo en la boca.

Pero con la organización y presión del movimiento ambiental, logramos que el Etiquetado Frontal se haga ley en Argentina. De ahora en más, vamos a ver un cambio enorme en las góndolas de los supermercados, kioscos y almacenes: estos sellos de advertencia pueden llegar a alcanzar hasta el 100% de los productos que las empresas nos venden como "light", "naturales" o "repletos de nutrientes". Hasta este momento, solo un 13 % de la población en Argentina dice entender las etiquetas de lo que come y es muy difícil sortear todos los engaños pensados por multinacionales y cadenas de supermercados. La lógica de la producción de alimentos, es la de las mercancías: mientras sean buenos para vender y generen ganancia empresarial, no importa el impacto que tengan en la salud de la población.

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Pero frente a algo tan básico como el pedido de información de los consumidores, impactados por las enormes cifras de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (como la diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cánceres), la reacción por parte de los dinosaurios que siguen habitando el Congreso fue ridiculizarlos. Diputados del PRO plantearon que “se tienen que etiquetar también los choripanes que se venden en la calle” y que peligra el consumo de chocotorta.

José Luis Espert, que pelea en estas elecciones para entrar en el recinto, utilizó sus redes sociales para negarse rotundamente al etiquetado. Sin duda, son los liberales más raros del mundo. ¡Van contra la libertad de los consumidores a saber, tener información y a partir de eso elegir! Diría que lo hemos visto todo, si no fuera porque durante la campaña electoral con Javier Milei, demostraron que solo defienden la libertad empresarial, la del resto no parece importarles.

Pareciera que están más preocupados por el futuro laboral del Tigre de Zucaritas, que por la malnutrición de jóvenes y trabajadores de todo el país que no llegan a fin de mes. Las empresas que están defendiendo no son víctimas, ganaron con la pandemia. Molinos, por ejemplo, facturó $1.745 millones y aparece en los Pandora Papers por tener cuentas offshore y fugarse la plata, en vez de invertirla en el país. No creo que entren en crisis económica por un par de rótulos. Ellos son los verdaderos formadores de precios, en una Argentina donde aumenta todo, salvo los salarios. Durante cuatro años de macrismo y dos que vamos del gobierno de Alberto y Cristina que venían a “recuperar lo perdido”, los trabajadores seguimos corriendo atrás de la inflación.

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Quizá quienes esta semana dijeron que esta ley “no es la prioridad”, deberían plantear qué soluciones dan al problema del hambre en el país, más allá de los slogans vacíos de campaña. Solo vimos a Nicolás Del Caño y Myriam Bregman planteando en la televisión que los salarios deberían estar indexados a la inflación y cuestionando los U$S 1.905 millones que el gobierno lleva pagando de deuda externa a costa de recortar jubilaciones y planes sociales, ingresos de un sector de la población que no llega a fin de mes.

Esta ley es una conquista, pero solo un primer paso. El debate deja abiertas varias preguntas: ¿No sería muy distinta la realidad si fueran los trabajadores y trabajadoras junto a profesionales científicos y de la salud quienes controlaran los ingredientes con los que se preparan los alimentos? ¿Y sus precios? Porque la tibieza del gobierno, que nunca les pone freno a las multinacionales, ya la conocemos.

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Si hablamos sobre alimentos en un país como el nuestro, con un fuerte peso del modelo extractivista, donde el agronegocio y el monocultivo para exportación son la norma… ¿No deberíamos estar discutiendo el uso de agrotóxicos que enferman a la población? ¿La degradación del suelo y el agua?.

Como jóvenes, trabajadores e integrantes del movimiento ambiental, queremos seguir debatiendo, imaginando y peleando por otras formas posibles de producir y distribuir alimentos en una Argentina, un país donde ningún niño debería estar pasando hambre.

* Candidata a Legisladora por el Frente de Izquierda Unidad en la CABA.