La reciente reforma a la Ley 26.639 de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, aprobada en el Senado y actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, merece una discusión pública mucho más profunda de la que ha tenido.
No se trata solo de minería, ni de una disputa teécnica entre especialistas: estamos ante una decisión que puede redefinir el modo en que Argentina administra uno de sus bienes más estratégicos y sensibles —el agua— y, con ello, el futuro productivo del país.
La ley original, sancionada en 2010, protegía tanto los glaciares como el ambiente periglacial. Es precisamente este segundo concepto el que la reforma debilita al transferir a las provincias la potestad de regular actividades en esas zonas. Y aquí aparece el primer interrogante: ¿es razonable delegar en administraciones provinciales, con capacidades tan dispares, la responsabilidad de custodiar un recurso que no reconoce fronteras internas y que afecta a todo el país?
Argentina es uno de los territorios con mayor cantidad de glaciares del planeta. Muchos son visibles, como el Perito Moreno; otros, subterráneos, esenciales para las cuencas de agua que alimentan regiones agrícolas y ganaderas muy lejos de la cordillera. Lo que ocurra en San Juan, Catamarca o Santa Cruz no queda confinado allí: repercute en la región pampeana, en los valles productivos y en las poblaciones que dependen de esas reservas hídricas. No se trata de oponerse al desarrollo minero. Todos utilizamos minerales y todos queremos un país que genere empleo y riqueza. La pregunta es a qué costo y de qué manera. La distinción entre economías extractivistas y economías inclusivas —bien desarrollada por Acemoglu y Robinson— no es sólamente un debate académico: es la diferencia entre un modelo que agota recursos sin dejar desarrollo y otro que los convierte en bienestar sostenible.
La reforma abre la puerta a que cada provincia regule según sus urgencias, sus capacidades o, peor aún, sus necesidades fiscales de corto plazo. Y sabemos que muchas administraciones provinciales enfrentan déficits estructurales, burocracias débiles y sistemas de control insuficientes. ¿Qué garantías tenemos de que podrán evaluar impactos ambientales complejos, gestionar riesgos hídricos o resistir presiones económicas inmediatas? El Estado nacional cuenta con instituciones como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares. Allí trabajan profesionales formados, con capacidad técnica y visión integral del territorio. ¿Por qué reemplazar ese estándar por 24 criterios distintos, 24 capacidades distintas y 24 riesgos distintos?
Algunos presentan esta reforma como un avance del federalismo. Pero el federalismo de la Constitución de 1853 no fue diseñado para fragmentar, sino para unificar. Para evitar que los intereses locales —muchas veces legítimos, otras veces arbitrarios— perjudicaran al conjunto. Para que un argentino pudiera vivir, producir y circular con los mismos derechos en todo el territorio. Para que los recursos estratégicos no quedaran a merced de caudillos o urgencias provinciales. El agua es, sin duda, uno de esos recursos estratégicos. Y la minería en zonas glaciares o periglaciares no solo afecta a quienes viven cerca de los proyectos: afecta a todos. Por eso la pregunta es inevitable: ¿tiene sentido que una provincia pueda tomar decisiones que potencialmente dañen a otras?
La reforma también abre interrogantes sobre la justicia provincial, la capacidad de control, la transparencia en las negociaciones y el riesgo de que proyectos extractivos —que generan empleo solo en la etapa inicial y luego se automatizan— sean vistos como soluciones mágicas para problemas fiscales inmediatos. No se trata de negar oportunidades. Se trata de garantizar que esas oportunidades no comprometan el futuro del país. Que el desarrollo sea inclusivo, no extractivista. Que el federalismo sea cooperación, no fragmentación. Que la riqueza de hoy no se convierta en la pobreza de mañana.
Ojalá la Cámara de Diputados dé el debate que la sociedad merece. Y ojalá lo haga con una mirada nacional, no provincial; con una visión de largo plazo, no de coyuntura; con la convicción de que los glaciares no son un recurso más, sino un patrimonio estratégico que debemos proteger entre todos. Porque somos un solo país. Y el agua que nace en la cordillera también es el agua que sostiene nuestra vida, nuestra producción y nuestro futuro.
