Una vez más, la hipocresía y el doble discurso. Una vez más, el ajuste sobre los jubilados, a quienes dicen proteger y vuelven a abandonar. El último jueves, con la intención de hacerlo pasar inadvertido, el Senado de la Nación, con 41 votos afirmativos y 26 negativos, dio media sanción a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para instalar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El actual gobierno no ha demostrado una mínima sensibilidad para con los jubilados, quienes han padecido y siguen padeciendo ajustes, falta de presupuesto y el vaciamiento de la Anses.
Tras un año de incrementos fijados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, se sugiere un ajuste trimestral que no garantiza hacer frente a la inflación. Se propone tener en cuenta la variación de los recursos tributarios de Anses y la variación del Índice General de Salarios (IS) publicado por el Indec o la variación del índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, la que resulte mayor.
Una vez más, la hipocresía y el doble discurso. Una vez más, el ajuste sobre los jubilados, a quienes dicen proteger y vuelven a abandonar.
Se trata de una medida regresiva e inconstitucional, que afectará el poder adquisitivo de los jubilados e incrementará la litigiosidad. ¿Esto es preocuparse y ocuparse de los más vulnerables?
No podemos precisar cómo serán los haberes futuros, pero no hay duda de que serán inferiores a los que resultarían de aplicar la fórmula que fijó el gobierno anterior y que ellos se ocuparon, ferozmente, de cuestionar. No olvidemos el salvaje ataque al Congreso y la toma del recinto de Diputados, por parte de quienes hoy nos proponen esta nueva fórmula de deterioro para el ingreso de los jubilados, el que se produjo cuando se trataba, durante la administración de Cambiemos, un cálculo para las jubilaciones que intentaba proteger los haberes de los vaivenes de la inflación.
Los estudios económicos han demostrado que los haberes jubilatorios fueron, durante este año, más bajos de los que hubiese correspondido de haber continuado en vigencia la ley 27.426, y la iniciativa que se impulsa no subsana el daño.
Se recurre a un índice sin garantía alguna que atenta contra el principio de progresividad, de raigambre constitucional, según el cual, los Estados se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, no pudiendo suspender, desconocer o limitar un derecho ya reconocido.
Se recurre a un índice sin garantía alguna que atenta contra el principio de progresividad
También se transgrede el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la interpretación que de él hiciese la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto la movilidad, para ser razonable, debe permitir al jubilado conservar una situación patrimonial proporcional a la que correspondería de haber continuado en actividad, para poder hacer frente a su costo de vida.
Por otro lado, ¿qué certeza tendremos que los índices propuestos se publicarán y que, si se publican, sean verídicos?. El kirchnerismo no se caracteriza por la transparencia. Si la Cámara de Diputados sanciona definitivamente la ley y el Poder Ejecutivo la promulga, será ley y entonces nuestros jubilados se preguntarán ¿quién podrá defenderlos?.
La respuesta pareciera sencilla: el Poder Judicial. Pero ¿nuestros adultos mayores encontrarán en él, realmente, una solución a sus problemas?.
Hoy, los juicios de reajustes previsionales demoran aproximadamente 7 años y, normas como estas, generan mayor incremento de la litigiosidad y, necesariamente, mayores demoras.
Los estudios económicos han demostrado que los haberes jubilatorios fueron, durante este año, más bajos de los que hubiese correspondido
Y la tardanza no sólo se debe a que los juzgados están abarrotados de expedientes, o la pandemia les "permitió justificar" trabajar desde sus casas, sin que la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura evaluase cómo ello afectaría la eficacia y eficiencia de un poder del Estado, sino también a que nos encontramos frente a un organismo demandado, Anses, cuya única función pareciera ser dilatar los procesos para que otro gobierno sea el que deba atender estos problemas.
La sentencia definitiva en estos procesos tampoco implica por sí sola el reajuste del haber jubilatorio; el incumplimiento de la Anses es recurrente porque asegura no contar con los fondos para hacer frente a sus obligaciones para con los jubilados.
Pero los años pasan y los jubilados necesitan hacer frente a sus necesidades básicas. Difícil pensar cómo puedan hacerlo si perciben una mínima de $19.035 mensuales
Los recursos de la ANSES son desviados para el cumplimiento de otros fines que el Gobierno considera más rentables políticamente, y se juega con la expectativa de vida de quienes reclaman. Muchos no llegarán a cobrar el producido de dichos juicios, lo disfrutarán sus herederos; otros percibirán su retroactivo pero todos querrían haber podido percibir, mes a mes, lo que por derecho les correspondía, luego de haber trabajado y aportado toda su vida. Pero no perdamos las esperanzas, quizás el año próximo, elecciones legislativas mediante, necesiten el guiño de los jubilados y por ello paguen una mayor cantidad de sentencias de reajuste.
Una vez más estamos ante un proyecto de ley de movilidad jubilatoria que atropella los derechos de nuestros jubilados y por ellos pedimos: “que no sea ley”
En síntesis, un año de incrementos fijados discrecionalmente a la baja de la situación preexistente, una ley que, de sancionarse, sería inconstitucional y un Poder Judicial al que se le transfiere, ex profeso, la responsabilidad de dar a cada uno lo suyo. Esto teniendo en cuenta que en gran medida, por el volumen inmenso de demandas, no está en condiciones operativas de darles satisfacción en un plazo razonable (en parte también por insuficiencias propias) y que una vez resuelta la cuestión en favor de los reclamantes, la Anses “administra” los pagos a su antojo.
Una vez más estamos ante un proyecto de ley de movilidad jubilatoria que atropella los derechos de nuestros jubilados y por ellos pedimos: “que no sea ley”.
*Dirigente de la CC ARI de la Provincia de Buenos Aires.
