Más allá de las imperfecciones que tiene el sistema de gobierno democrático, como decía Winston Churchill, ninguno ha demostrado ser mejor, por cuanto ofrece a los gobernados la posibilidad de designar a sus representantes periódicamente, y dentro de ese escenario, en la Argentina la Constitución Nacional brinda un enorme protagonismo a los partidos políticos, a los que les garantiza la facultad de postular candidatos para ocupar cargos públicos, siendo las internas el ámbito en el que ellos son seleccionados.
Hasta el año 2009 cada partido político decidía de qué modo desarrollaba esa selección de candidatos, y salvo excepciones, en general era normal y habitual que se inclinaran por realizar internas cerradas, es decir, exclusivas para los afiliados; sin embargo, en 2009 se sancionó la ley 26.571 que cercenó la libertad de los partidos políticos para elegir el modo de designar a sus candidatos.
Desde entonces se dispuso que deben ser abiertas, porque en cada partido político pueden votar no solo los afiliados a él, sino cualquier elector, aun cuando esté afiliado a otro partido; simultáneas porque todas las agrupaciones políticas deben realizar sus internas el mismo día; y obligatorias, no solo porque todos los electores están obligados a votar, sino también porque los partidos políticos no pueden eludirlas, ni aun cuando no existiera más de una fórmula presidencial o más de una lista de diputados y senadores. Asimismo, en función del sistema federal que rige en la Argentina, cada provincia tiene la potestad de decidir si, para la elección de sus propias autoridades, los partidos políticos deben, o no, desarrollar internas abiertas, simultáneas y obligatorias.
Con este esquema, de la mano del kirchnerismo, nacieron las conocidas PASO, cuya ley de creación es a mi juicio inconstitucional, porque si bien podría considerarse que constituye una reglamentación del Art. 38 de la Constitución Nacional, entiendo que ha incurrido en un exceso reglamentario, no solo porque al imponer a los partidos políticos una determinada forma para elegir a sus candidatos a ocupar cargos públicos, ha violado irrazonablemente la libertad que el constituyente les ha asignado en ese sentido; sino también porque ha reglamentado en exceso los derechos políticos de los electores independientes, al obligarlos a inmiscuirse en internas de partidos políticos a los que no pertenecen.
Lo razonable es que los partidos políticos presenten sus propuestas de gobierno, decidan cómo seleccionar a los candidatos que las pondrán en práctica, y ofrezcan las candidaturas que consideren más convenientes y adecuadas, para que luego el pueblo ejerza el poder soberano de elegir, en elecciones generales, a quién le parece más apto para gobernar. No es razonable, en cambio, obligar a los partidos a seleccionar a sus candidatos de determinada manera, ni obligar a los electores a votar en internas de agrupaciones de las que no forman parte.
Entiendo que las PASO han desvirtuado el principal objetivo que un ciudadano tiene cuando se afilia a un partido, cual es el de tener una participación exclusiva en la elección de los representantes que el mismo postula; por ello, sin poner en duda la importancia que las internas tienen para oxigenar de democracia a las agrupaciones políticas, es indispensable devolverles la libertad de decidir cómo seleccionar a sus candidatos, y erradicar la obligatoriedad de los electores de tener que participar necesariamente en sus internas.
Ahora bien, independientemente de esta opinión técnico-jurídica respecto de las PASO, la intención de gran parte de los integrantes del oficialismo de eliminarlas de cara a las elecciones del año próximo constituye un verdadero desatino, porque cuando la intención de legislar en materia electoral tiene motivaciones políticas fundadas en conveniencia partidaria y coyuntural, y no la de mejorar la calidad institucional, es preferible rechazar cualquier propuesta en ese sentido.
El kirchnerismo ha sido el creador de las PASO, y sin embargo, no solo las ha utilizado muy poco, sino que además, ahora prefiere eliminarlas. Del mismo modo ha actuado con respecto a la integración de la Corte y del Consejo de la Magistratura, anteponiendo intereses políticos a los institucionales, yendo y viniendo, en estas cuestiones, como si fueran triviales e insignificantes.
Las últimas noticias indican que el proyecto de ley oportunamente presentado para eliminar las PASO ha sido retirado, pero no por eso dejo de señalar la hipocresía que implica utilizar estos mecanismos partidarios y electorales, de un modo u otro, según convenga o no coyunturalmente.
*Abogado constitucionalista y profesor de derecho constitucional de la UBA.
