El envío al Congreso del proyecto de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, marca el inicio de una nueva etapa en la economía argentina. En el contexto de sociedades caracterizadas por desigualdades estructurales, como la nuestra, todo esquema macroeconómico tiene ganadores y perdedores. Es inevitable. La diferencia entre ellos tiene que ver con qué sectores de la sociedad son beneficiados y por qué. En este sentido, Alberto Fernández muestra prioridades inversas a las que mantuvo Macri durante sus cuatro años, tal como lo prometió en la campaña electoral.
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Como muestra de esta inversión de prioridades, vale la pena resaltar la asignación de recursos propuesta para el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El producido del impuesto se destinará en un 70% al financiamiento de la ANSES y en un 30% a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso RENABAP y fomentar el desarrollo del turismo local. Lo mismo sucede con la afectación de recursos captados por los derechos de exportación, que se propone que en un 70% financien a la seguridad social. O el caso de la desdolarización tarifaria y freno de aumentos, después de cuatro años de tarifazos inéditos –un promedio de aumentos del 3200%, según IESO–, que estuvieron acompañados por una rentabilidad récord para los accionistas de las principales empresas.
Por otro lado, es importante reparar en otro aspecto relevante de cualquier esquema económico: el diagnóstico que lo fundamenta. En este sentido, el contraste con el macrismo es muy claro. Una parte no menor del fracaso de la gestión económica del gobierno anterior tuvo que ver con fallas en la comprensión de la realidad nacional. Entre ellas la atribución dogmática, sin mediaciones ni contextualizaciones, de la inflación a un problema de emisión monetaria; o la creencia en que el desmantelamiento total de las regulaciones cambiarias –la salida del “cepo”– llevaría a una “lluvia de inversiones”.
A la hora de evaluar el proyecto de Ley enviado al Congreso, es reconfortante encontrarse con un gobierno que hace un diagnóstico preciso y reconoce la situación de profunda crisis en que encontró la economía nacional.
Nocaut a la opinión publicada y fractura expuesta
En primer lugar, el virtual default del país en cuanto a sus compromisos de deuda pública. La deuda es impagable en los términos en que fue acordado por la gestión de Macri, tanto por la escasez de divisas con las que cuenta nuestro país actualmente, como con la capacidad real de generarlas de nuestra estructura productiva. En segundo lugar la recesión y el estancamiento productivo, tras meses y meses de altísimas tasas de interés que desalientan la inversión productiva y alimentan el aumento de la tasa de desempleo. En tercer lugar, la urgencia que surge de los índices sociales de pobreza e indigencia y que determina las prioridades éticas y políticas centrales.
Llama la atención que ante problemas tan graves, una parte de la oposición política cuestione la delegación de facultades en el poder ejecutivo. Ante ese argumento, solo hace falta recordar que el gobierno de Macri firmó un acuerdo con el FMI por el que endeudó al país en un monto superior a los 44 mil millones de dólares, sin pasar en lo más mínimo por el Congreso. Esa decisión, que condicionará a nuestro país por décadas, fue totalmente inconsulta.
Alberto, en el gran limbo nacional
Estamos en una situación complicada, no hay por qué ocultarlo, y no hay ninguna propuesta económica que pueda resolver por arte de magia los grandes desequilibrios heredados. Pero, a diferencia de lo que vivimos hasta el 10 de diciembre, ahora contamos con un gobierno que promueve la recuperación de la actividad económica, que pone en el centro el trabajo y que prioriza a quienes más sufren. Creemos que estos principios deben guiar el camino para construir un país justo y soberano.
