Hacete amigo del juez, dice el refrán… Claro que hay amistades que resultan ser más beneficiosas que otras. Y el caso de YPF se ha convertido, en los últimos años, en una historia de amistades bien abonadas.
Hipólito Yrigoyen y Enrique Mosconi jamás pudieron imaginar que YPF, la primera petrolera integrada de América, iba a tener el derrotero que tuvo: privatizada espuriamente, “argentinizada” de manera inverosímil más tarde, estatizada de un modo espurio y demandada en un juicio multimillonario en Nueva York después.
“No venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo” decía un exultante Oscar Parrilli el 23 de septiembre de 1992, cuando aprobaban la privatización de YPF. Un principista.
Hay amistades que resultan ser más beneficiosas que otras. Y el caso de YPF se ha convertido, en los últimos años, en una historia de amistades bien abonadas
Ya en el año 2006 Elisa Carrió denunciaba a la empresa Repsol por contrabando, evasión fiscal y fraude, y a los funcionarios por no controlarla. En aquella época de soja por las nubes no se la escuchaba.
A partir del año 2008 el grupo Petersen compra, sin plata y financiada por la propia vendedora, el 25% de YPF a Repsol. Una rara operatoria que incluyó, además, a diversas entidades financieras.
Seis años después, el 16 de abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto para la estatización de YPF, cuyo cerebro jurídico fue el por entonces Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zaninni. Ese mismo año, desde la Coalición Cívica ampliamos la denuncia del 2006 para que se investigaran las maniobras de vaciamiento que se habían producido en la empresa mediante su descapitalización, así como las “conductas depredatorias” en perjuicio de las reservas de gas y petróleo y la manipulación del valor de sus acciones efectuada a los fines de provocar “movidas financieras”.
Repsol y Brufau lograron lo que querían: irse y con mucha plata. Lejos de las diatribas tribuneras de Axel Kicillof que, altanero e ignorante, nos gritaba que no sólo no nos iba a salir un peso sino que además nos iban a tener que pagar por los pasivos ambientales.
A partir de la estatización de YPF el grupo Petersen dejó de pagar, se abrió un concurso en Madrid, donde estaban constituidas las sociedades, y los fondos Burford y Eaton compraron los derechos litigiosos y presentaron una demanda en Nueva York. La Audiencia Provincial de Madrid y la jueza estadounidense no hicieron lugar a los planteos argentinos y ahora el juicio se resuelve en Nueva York.
Desde la Coalición Cívica señalamos que la defensa del Estado no puede estar a cargo del otrora diseñador de la estatización Carlos Zannini
Desde la Coalición Cívica señalamos que la defensa del Estado no puede estar a cargo del otrora diseñador de la estatización Carlos Zannini – ahora en su carácter de procurador del Tesoro de la Nación-, porque fue director del Banco de Santa Cruz, propiedad de la familia Eskenazi, quienes, precisamente, vendieron sus derechos al fondo Burford, que actualmente demanda a nuestro país.
En febrero de este 2020 le enviamos una nota al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, en la que le decíamos que el fondo Burford se habría comprometido a retribuir a la familia Eskenazi con el 30 por ciento de lo ganado en el juicio, razón por la cual hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estaría dicha familia. Nielsen no contestó. ¿Se animará el nuevo estudio de abogados que Zannini cambió cuando el anterior venía con una buena estrategia judicial a pedir un discovery en EE.UU. para saber quién está atrás del fondo?
Ahora volvimos a insistir en las preguntas al jefe de gabinete Santiago Cafiero, y solicitamos a la Oficina Anticorrupción que Zaninni se excuse de intervenir en el juicio. Los consejos del Viejo Vizcacha siguen vigentes, y el kirchnerismo los sigue al pie de la letra.
*Diputados nacionales Coalición Cívica.
