En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por voto de la mayoría -Highton, Rosenkrantz y Rosatti- declararon aplicable la Ley 24.390 en la sentencia del caso de Luis Muiña en el marco del Expediente caratulado “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario” que versaba sobre delitos de lesa humanidad.
A partir de entonces, un considerable porcentaje de la sociedad argentina se manifestó en absoluta disidencia con lo resuelto por máximo tribunal de justicia del país. Movilizaciones, solicitadas, repudios, declaraciones y demás por esos días, en contra del fallo del “2 x1” de la Corte.
También ese debate llegó al ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. El por entonces Consejo Superior, aprobó por unanimidad una manifestación que reafirmó la inclaudicable defensa de los sublimes valores democráticos y republicanos que siempre inspiraron el accionar y el espíritu de nuestra Universidad.
No obstante, ello, y durante el debate previo de aquella sesión, recuerdo el pedido que formulara un Consejero Docente, solicitando al órgano de gobierno la expulsión del Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y ministro de la Corte Dr. Horacio Rosatti, por haber votado a favor de la aplicación del 2 x1 para Luis Muiña.
Acerca de la desinvitación a Sergio Moro
En dicha sesión, mi intervención y manifestación como Consejero en representación de la Facultad, estuvo centrada en argumentos e interpretaciones del texto constitucional contrarios a aquella sentencia de la Corte por haber, entre otras cosas, considerado el caso como “fácil de resolver” olvidando el deber institucional de construir consensos sociales en temas tan sensibles y preocupantes de nuestra historia como la violación a los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar, y que el máximo Tribunal debió haber tenido especial cuidado.
No obstante, concluí que, a pesar de ello, los ministros de la Corte no merecían ser sancionados por una interpretación con la muchos de los profesores y profesoras de la facultad disentimos, y ni mucho menos ser expulsarlos de los ámbitos académicos donde la disidencia, el pluralismo de ideas y el respeto por las diferencias de pensamientos constituyen los pilares fundamentales de toda democracia universitaria.
Textualmente expresé en aquella sesión: ¡Estoy en desacuerdo con el voto del profesor Rosatti pero como universitario y ciudadano de esta república tengo el deber de respetar el legítimo ejercicio de su función y sus fallos como juez de la democracia!
¡Señores consejeros y consejeras, la última vez que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se expulsó a un profesor por pensar distinto fue en la dictadura militar! ¡En honor a la libertad, evitemos aplicar sanciones autoritarias en democracia!
Lamentablemente aquel pedido no fue escuchado ya que, desde entonces, cada vez que la profesora Elena Highton y los profesores Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron invitados a disertar en el ámbito de nuestra facultad, los pregoneros del “pensamiento único” se lo impidieron con la misma metodología que han utilizado los totalitarismos para denunciar a sus disidentes: el escrache público.
Me permito traer a colación lo acontecido con este polémico fallo, porque en cierta medida tiene que ver con la discusión de fondo que se suscitó en estos días a raíz de la suspensión de la teleconferencia sobre “Combate contra la corrupción, democracia y Estado de Derecho” a cargo del Juez de Brasil Sérgio Moro, organizada por el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Facultad de Derecho de la UBA.
Nuevamente los pregoneros del “pensamiento único” en escena. Nuevamente los escraches virtuales, descalificaciones, insultos hacia las libertades. Y nuevamente la subsistencia de los interrogantes a resolver.¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar a los que piensan distinto en una democracia constitucional de derecho? ¿Los ámbitos académicos deben propiciar el debate de ideas provengan estas de ideologías de derecha o izquierda? ¿Qué significado le asignamos al pluralismo de ideas o al pensamiento único en las aulas universitarias? ¿Qué importancia tiene hablar de corrupción en las actuales democracias constitucionales? Si llegásemos a concluir que la corrupción existió y existe ¿en qué medida los gobiernos de turno tratan de combatirla?
La conferencia de Sérgio Moro (II)
¿Qué rol debería cumplir el Poder Judicial para con los otros Poderes del Estado? ¿En qué medida nos interesa saber acerca de la existencia de la violación de derechos humanos, políticos, de minorías étnicas, sexuales, religiosas y de las mujeres en los países de Latinoamérica? ¿Constituyen los gobiernos populistas verdaderas amenazas a las libertades individuales? ¿La transparencia en el manejo de los fondos públicos, es un valor que debe enseñarse en una facultad de derecho? ¿Tiene el mismo significado auspiciar un evento que coincidir con su contenido?
A lo largo de su historia institucional, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales fue escenario de apasionados discursos de grandes personalidades de la política argentina como Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos, Silvio Frondizi, Agustín Tosco, Raúl Alfonsín, Ítalo Luder, Guillermo Estévez Boero, entre otros.
El pensamiento plural siempre ha estado presente y lo seguirá estando en todas y cada una de las actividades que se organizan en pregrado, grado y posgrado. Estamos convencidos que las aulas universitarias de una facultad de derecho, deben constituirse en verdaderos espacios constitucionales de absoluta libertad para poder expresarse a favor o en contra del aborto; a favor o en contra de los juicios populares; a favor o en contra de la identidad de género; a favor o en contra del matrimonio igualitario; a favor o en contra de la baja de edad para la imputabilidad, solo para mencionar algunos de los temas en han dividido a la comunidad jurídica en los últimos años.
Todo ciudadano, ciudadana, profesor, profesora, cualquiera sea su pertenencia o filiación política, tiene el derecho a expresar sus ideas en nuestra Facultad con el sólo límite que imponen los mandatos del Estatuto de la Universidad Nacional del Litoral, la Constitución Nacional y los Tratados Internacional sobre Derechos Humanos.
Recordemos que el 13 de octubre de 2019 se llevó a cabo el primer debate presidencial determinado por ley en el ámbito del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, constituyendo un hecho histórico de suma trascendencia para la vida institucional y democrática de nuestro país.
Los hombres y mujeres que pertenecemos a la UNL, con enorme entusiasmo, alegría y orgullo de anfitrión, fuimos auspiciantes, y en cierta forma nos sentimos organizadores de dicho evento esencial para el debate de ideas que toda democracia exige. Pero de ninguna manera, cabe deducir de ello una absoluta coincidencia con el pensamiento político-ideológico de los candidatos a presidente Mauricio Macri, José Luis Espert, Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión, Alberto Fernández y Nicolás del Caño.
Reiteramos, auspiciar no significa coincidir; auspiciar significa anunciar los espacios para los consensos y disensos propios de toda democracia. El pluralismo de ideas es un postulado estatutario de la Universidad Nacional del Litoral, en consonancia con el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Para concluir y parafraseando viajas consignas que forjaron los jóvenes reformistas de 1918 en su manifiesto liminar: “los dolores que quedan, son las libertades que faltan”. Cien años después, los reformistas de hoy seguimos levantando las mismas banderas, pero esta vez para alertar que: “los dolores que el pensamiento único generan, son las libertades democráticas que faltan”.
*Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL
