Cada año, el inicio del ciclo lectivo pone de manifiesto una realidad que atraviesan millones de niños, niñas y adolescentes de nuestro país: la desigualdad en el acceso al derecho a la educación. Una realidad que quedó aún más en evidencia en estos dos últimos años de pandemia.
La crisis sanitaria y social desatada por el covid-19 generó fuertes impactos para las infancias y adolescencias. Según las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en 2020 el número de niños y niñas que vivían en la pobreza en Argentina pasó de 6 millones a 7,5 millones. Es decir, un 60% de la población infantil no tiene garantizadas las condiciones mínimas para una vida digna. Las vulneraciones de derechos estuvieron a la orden del día: los controles de salud disminuyeron, la inseguridad alimentaria creció, la salud mental de niños, niñas y adolescentes se deterioró abruptamente, mientras que las diversas formas de violencias intrafamiliares aumentaron de forma alarmante.
Si bien en 2021 se hicieron enormes esfuerzos para que la presencialidad fuera una realidad en todos los establecimientos educativos del país, sabemos que el derecho a la educación también estuvo lejos de estar garantizado de manera igualitaria para todos los niños. Un estudio realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en junio de 2020 detectó que 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina se habían desvinculado de sus escuelas; es decir, no tenían ningún tipo de contacto, ni por Zoom, ni por WhatsApp, ni analógico con sus docentes y sus estudios. Esto equivale al 10% del total si se considera a los 11 millones de alumnos que componen la matrícula de los niveles inicial, primario y secundario.
Estamos convencidos de que la educación de niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad para este año lectivo que comienza, y la presencialidad debe estar garantizada para todos ellos. Y esto no solo para la adquisición de conocimientos y la garantía de los aprendizajes, sino también porque la escuela cumple un rol central en su desarrollo integral.
La escuela ejerce una función irremplazable en la protección infantil y es un eslabón clave de la red de actores que contribuyen a que millones de niños y niñas accedan a otros derechos como la alimentación, el resguardo ante la violencia, el cuidado de la salud y en el desarrollo de habilidades sociales fundamentales. La falta de escolaridad presencial impide el desarrollo integral a la vez que genera mayor déficit de aprendizaje en un mundo que cada día presenta menos oportunidades.
Por otro lado está la virtualidad, que si bien ayudó a que muchos niños y niñas siguieran en contacto con la escuela (y todo lo que ella conlleva: los compañeros, las maestras, la tarea, la rutina, etc.), lejos estuvo, y está, de ser una posibilidad para todos los niños del país. Aún nos encontramos con sitios donde la conectividad es inexistente, al igual que el acceso a los dispositivos. Sin mencionar las barreras de entrada que significan el conocimiento y el uso seguro de la tecnología.
Además, la educación a distancia también representó dificultades y desigualdades en lo que respecta al acompañamiento de los más pequeños. Adultos que trabajan y que no disponen de un tiempo de calidad para acompañar a las infancias en su educación formal, ni del conocimiento que requiere el uso de la tecnología. Y, al mismo tiempo, niños agotados de aprender en ausencia de un entorno afectivo y social acorde a sus necesidades.
Sin embargo, este año queremos que el inicio del ciclo lectivo esté definido por una discusión que vaya más allá. La educación debe ser la prioridad, por el presente y por el futuro de toda la sociedad.
*Directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
