Que las mafias resuelvan sus disputas por el territorio a los tiros no implica que sean irracionales, solo muestra que utilizan la violencia como instrumento. La racionalidad del crimen a gran escala es la condición necesaria de su supervivencia, porque sin planificación, supervisión, distribución y ejecución de sus tareas sería imposible obtener ganancias y perdurar en el tiempo. Esto hace que necesariamente se vuelvan organizaciones cada vez más sofisticadas para ocultar y volcar en el circuito legal el dinero proveniente de los negocios ilícitos y, al mismo tiempo, que incrementen su capacidad de corromper y eludir las estructuras de control financiero y fuerzas de seguridad que las combaten.
En este contexto, los tres poderes del Estado en todas sus jurisdicciones –nacional, provincial y municipal– están dando una ventaja enorme en la lucha contra el narcotráfico. Es imprescindible que se piensen y ejecuten las tareas de prevención e investigación de las operaciones de lavado de un modo coordinado entre todas las agencias federales y locales que son parte de esta pelea.
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Un paso significativo en esa línea es que el Congreso Nacional incorpore a la Ley 25.246 de lavado de activos a los municipios como sujetos obligados de información. De esa manera, se les brinda un rol más preponderante a quienes están en la primera línea de batalla. Muchas veces pasa que los que tienen más recursos, el Estado nacional, está lejos en todo sentido del territorio, y los que lo conocen y lidian con el narco y sus consecuencias, los municipios, suelen contar con mecanismos para combatirlo, poco eficaces o bien obsoletos.
Sucede que, a pesar de que esas mismas oficinas municipales son las que deben otorgar habilitaciones en numerosos rubros con actividades comerciales proclives a ser utilizadas para el lavado, como hoteles, concesionarias o emprendimientos inmobiliarios, esos procesos administrativos avanzan sin encender ninguna alarma.
La situación frente al crimen organizado necesita de un Estado que funcione de manera inteligente, que ordene y cruce la información relevante que recopila cada organismo y agencia del estado, para luego usarla como insumo básico en el diseño de políticas públicas.
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A modo de ejemplo, días atrás en Rosario, los noticieros en la TV mostraban las imágenes de autos de alta gama, miles de dólares y millones de pesos en efectivo, como parte de los dos allanamientos que le realizaron a Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central. Ambas acciones judiciales fueron en su residencia, una lujosa casa ubicada dentro de un barrio privado. Sus prósperos negocios comerciales, desconocidos aún para su propia declaración fiscal, parecieron no verse afectados por las consecuencias económicas que provoca la crisis por el coronavirus. La Justicia local lo imputó por presunto lavado de activos y bienes a través de sociedades y testaferros por al menos 38 millones de pesos.
El Concejo Municipal de Rosario impulsó entonces un pedido de informes para que el Intendencia aclare si Bracamonte explota chapas de taxis por intermedio de terceros o tiene contratos con el Estado a través de otras firmas a su nombre, hecho que fue confirmado e incorporado a la acusación formal por parte del fiscal de la causa. El proyecto, que surgió del bloque de Cambiemos, contó con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias.
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Un Estado “inteligente”, entonces, no es una idea sofisticada solo al alcance de sociedades opulentas y con altos estándares socioeconómicos, es la forma en que necesitamos que actúen los poderes públicos, teniendo en cuenta la enorme cantidad desafíos actuales y el marco de pobreza estructural en el que se encuentra nuestro país.
La desconexión entre los tres niveles ejecutivos solo favorece al crimen organizado y a sus maniobras para volcar en los circuitos legales las ganancias provenientes del delito.Los desafíos actuales son demasiado urgentes y complejos, nos estallan en la caray no podemos seguir buscando respuestas en los discursos y las políticas del pasado. No se derrota el negocio del narcotráfico sólo tumbando bunkers, sino yendo por las ganancias millonarias que produce este negocio ilícito.Así actúa un Estado inteligente.
* Abogado, escribano y vicepresidente primero del Concejo Municipal de Rosario.
