Desde Ginebra, Suiza – «Más del 90% del equipamiento militar de Nicaragua proviene de Rusia y los consejeros militares rusos refuerzan las capacidades de control social y represión del poder formando a las fuerzas de seguridad y de información, tarea anteriormente cumplida por Cuba», afirmó Manuel Orozco, especialista de Nicaragua del «Diálogo interamericano», un centro de reflexión basado en Washington. La represión fue desatada en 2017 por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. (1)
«Nosotros hablamos de represión transnacional, es decir acoso y ataques perpetrados contra los exiliados y sus familias que han quedado en el país. El régimen espía de múltiples maneras. Nos quitan el acceso a la seguridad, a la jubilación, los documentos de identidad y nuestros diplomas no son más reconocidos», explica Claudia Pineda, nicaragüense exiliada en Costa Rica. Un millón de los siete millones de nicaragüenses que debieron salir del país, lo hicieron desde 2018. (2)
Se agrega que Costa Rica es «el primer país de acogida de la diáspora. La policía estima que los servicios de contraespionaje nicaragüense han participado en atentados contra opositores al régimen, como el reciente asesinato del opositor Roberto Samcam, en San José», conocido crítico del sandinismo. «La copresidencia agrega a la crueldad un sentido comercial. Los bienes de los exilados han sido confiscados, cedidos a fieles del régimen o alquilados a policías». (3)
Ortega prepara la sucesión dinástica en Nicaragua
La ONU ha identificado «al menos 355 muertos, considerando que su cantidad está subevaluada, con una población paralizada por el miedo y consciente de la ausencia de justicia. Una nueva modalidad de arresto ha tomado forma: familias enteras han desaparecido en detenciones masivas. Conocemos 2 casos, el del pastor evangélico Rudy Palacios, detenido junto a cuatro de sus familiares el 17 de julio y el de Mauricio Petri, arrestado con su mujer e hijo». (4)
Estos dos últimos casos han sido revelados por Claudia Pineda, portavoz de la ONG «Monitoreo azul y blanco». Precisó que «la esposa de Mauricio Petri fue liberada el día del arresto, los demás han desaparecido». Añadió que «Mauricio murió un mes más tarde. Su cuerpo fue entregado a su mujer, sin que ella reciba ninguna explicación. Ella no sabe nada de su hijo, todavía desaparecido. 442 nicaragüenses han sido expulsados del país, despojados de su nacionalidad». (5)
Al mismo tiempo, un grupo de 3 expertos independientes enviados por la ONU, acaba de testimoniar ante la Asamblea General en Nueva York, aportando pruebas de que el gobierno de Nicaragua ha «desmantelado sistemáticamente el Estado de derecho y las instituciones democráticas», basándose «en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos», que revelan «una política deliberada del Estado para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho», cometiendo en algunos casos «crímenes de lesa humanidad». (6)
La represión sin fronteras del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua
Estos expertos «también señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad. El aislamiento del gobierno del organismo multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad. Es una señal de alerta de que la represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado». (7)
A su vez exhortaron a la comunidad internacional a «no limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas -acciones legales, enjuiciamientos y sanciones colectivas para exigir responsabilidades al Gobierno y a los perpetradores individuales. El valor de las víctimas y la persistencia de quienes documentan su sufrimiento demuestran que el cambio sigue siendo posible». (8)
Concretamente propusieron en consecuencia, «a los Estados Miembros a adoptar medidas decisivas, entre ellas fortalecer los mecanismos de protección y asilo para las personas nicaragüense en el exilio y promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención para reducir los casos de apátridas de 1961».(9)
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Coincidentemente ocho ex-presidentes de Costa Rica, condenaron «la estrategia deliberada, acumulativa y recurrente de la dictadura Ortega y Murillo dirigida a intimidar, amenazar y apremiar a la disidencia de ese régimen allí donde se encuentre. El asesinato del opositor Roberto Samcam, sucedido hace pocos meses en San José, así como el de Rodolfo Rojas Cordero en Honduras y el atentado contra Joao Maldonado en Costa Rica, forman parte de esta trágica circunstancia». (10)
También denunciaron «múltiples acciones de supresión de la disidencia por medio de la privación arbitraria de la libertad, la supresión de la nacionalidad, la confiscación de bienes, la denegación de documentos del registro civil, expulsiones forzadas y todo tipo de vejámenes contra la población opositora que se encuentra dentro y fuera de Nicaragua, en una situación de extrema vulnerabilidad». (11)
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«Preocupados y profundamente consternados por el contenido del informe que ratifica la naturaleza dictatorial y funesta del régimen imperante en Nicaragua» pedimos «a la comunidad internacional y especialmente al gobierno de Costa Rica que apoyen dicho informe y sus recomendaciones». (12)
En particular, y dado el riesgo que los actos hostiles de dicha dictadura imponen a la población nacional, hacemos nuestro llamado a implementar medidas integrales para la protección de personas nicaragüenses en condición de exilio y refugio en nuestro país. Asimismo apoyamos la conveniencia de responsabilizar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por su renuencia a someterse a los instrumentos de rendición de cuentas al que lo obliga el Derecho Internacional». (13)
Desde Ginebra, Juan Gasparini
(1,2,3,4,5) «El País», Madrid, 17 de octubre de 2025.
(6,7,8,9) Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Nueva York, 30 de octubre de 2025.
(10,11,12,13) Declaración de los expresidentes y la expresidenta de Costa Rica, 30 de octubre de 2025. Firmaron: Oscar Arias Sánchez, Abel Pacheco de la Espriella, Rafael Ángel Calderón Fournier, Laura Chinchilla Miranda, José María Figueres, Luis Guillermo Solís Rivera, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Carlos Alvarado Quesada.
