La discusión pública sobre Venezuela suele cometer un error de origen: tratar la transición como un asunto predominantemente político-electoral. Ese enfoque es cómodo, pero insuficiente. El chavismo no es únicamente una coalición que compite por votos; es un régimen de captura estatal, con control sobre instituciones, incentivos de impunidad y un aparato de coerción (formal e informal) construido para garantizar supervivencia frente a crisis. Por eso, el desafío más difícil no es “cómo desplazarlo”, sino cómo impedir que el régimen, aun en retirada, convierta el día después en un campo minado.
Cuando las instituciones están capturadas, el poder real no se transfiere por decreto. Se negocia, se disputa o se impone. Y esa disputa ocurre en el terreno donde el régimen se siente más fuerte: seguridad, inteligencia, justicia y burocracias críticas. Un Estado cooptado puede “gubernamentalizar” la transición, no para facilitarla, sino para sabotearla desde adentro: retrasar decisiones, filtrar información, producir escándalos, bloquear reformas, administrar violencia con negación plausible. La democracia, en esas condiciones, es un proyecto en permanente estado de sitio.
De ahí que la proliferación de armas ligeras o de capacidades antiaéreas portátiles (más allá del fetichismo técnico) sea relevante por lo que simboliza: la existencia de múltiples nodos armados con autonomía operativa, insertos en un ecosistema donde la frontera entre Estado y paraestado se volvió deliberadamente borrosa. El problema no es “cuántos misiles” hay, sino la lógica política que los habilita: un régimen que, durante años, estimuló o toleró grupos armados paraestatales para reforzar mecanismos represivos, fragmentar responsabilidades y aumentar los costos de una alternancia.
Este es el punto duro que muchos prefieren esquivar: una transición sin monopolio legítimo de la fuerza es una transición frágil. Y Venezuela no parte de un escenario de instituciones neutrales, sino de un aparato coercitivo ideologizado y comprometido con la supervivencia del régimen. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no fue solo un actor “leal”; fue parte del diseño. Y junto a ella proliferaron estructuras armadas que operaron con convivencia, coordinación o protección estatal. Eso crea un escenario de repleto de actores capaces de bloquear el cambio no necesariamente tomando el poder, sino impidiendo que el poder nuevo pueda gobernar.
Por eso, el peor escenario para una transición no es el vacío puro y simple, sino el vacío administrado: un proceso que arranca, pero queda preso de violencia selectiva, sabotaje institucional y desgaste político acelerado. El objetivo estratégico del chavismo, en ese caso, no sería necesariamente “volver” por la vía tradicional, sino algo más eficaz: que la ciudadanía concluya que “el cambio fue peor”, que “nadie puede gobernar”, que “la democracia trae caos”. Esa narrativa no se construye con discursos, se construye con inseguridad, apagones, colapso burocrático y conflictos inducidos. La transición, entonces, se convierte en una fábrica de frustración.
En este marco se entiende la lógica de ciertos diseños de transición que evitan la ruptura inmediata y total, y buscan contener el riesgo de escalada mediante una continuidad parcial, condicionada y temporal del control estatal. En el escenario que se discute, con Nicolás Maduro fuera de la ecuación y bajo custodia estadounidense, y con Delcy Rodríguez pretendiendo asumir un rol de “presidencia encargada”, el objetivo aparente sería administrar un período donde el chavismo conserva palancas operativas del Estado, pero bajo un marco coercitivo externo que limita su margen de maniobra. Es, en términos crudos, una transición con “correa corta”: mantener operadores dentro del sistema para evitar implosión, pero obligarlos a comportarse dentro de líneas rojas.
Esa ingeniería puede ofrecer dos ventajas. Primero, reduce el riesgo de un quiebre súbito que incentive a las redes paraestatales a actuar como “spoilers” armados contra la oposición o contra un gobierno emergente. Segundo, compra tiempo para construir condiciones mínimas: garantías de seguridad, verificación internacional, control territorial gradual y reorganización institucional básica. Pero hay una condición: esa continuidad no puede confundirse con normalización. Sostener figuras del aparato chavista en funciones, aunque sea transitoriamente, implica un costo moral y político, y exige una supervisión férrea. De lo contrario, se convierte en lo que el régimen sabe hacer mejor: una transición simulada.
El segundo eje, tan importante como el control coercitivo, es la legitimidad. En transiciones con Estado capturado, la legitimidad no es un adorno; es un arma defensiva. Un gobierno que llega por mecanismos percibidos como “administrados” o “delegados” ofrece flancos. En cambio, un proceso electoral con reglas, observación internacional creíble y competencia real permite reconstruir autoridad con un lenguaje que el chavismo entiende y teme: mandato popular verificable. En ese sentido, la posibilidad de que María Corina Machado compita y gane no es solo una preferencia política: sería un salto cualitativo de legitimidad, difícil de relativizar incluso por remanentes del régimen. No se trata de desconocer el capital político de Edmundo González, se trata de comprender que, en un país destruido institucionalmente, la legitimidad directa del voto funciona como escudo frente al sabotaje.
La caída del dictador Nicolás Maduro reafirma la supremacía de la democracia
Ahora bien, nada de esto tendrá viabilidad sin el núcleo duro: reforma del sector seguridad. Y aquí es donde el análisis académico debe ser implacable: Venezuela requerirá un paquete clásico de SSR/DDR (Security Sector Reform y Desarme, Desmovilización y Reintegración), depuración institucional, reentrenamiento, incentivos de salida, y mecanismos de justicia transicional cuidadosamente calibrados. El objetivo no es humillar a la Fuerza Armada, sino despolitizarla y subordinarla al poder civil, restituir su función constitucional y cortar su uso como herramienta de represión interna.
Eso, además, no ocurrirá solo. La estabilización demandará apoyo externo: Estados Unidos, sí, pero también actores regionales e internacionales que aporten capacidades de monitoreo, verificación y asistencia técnica. Y, sobre todo, demanda claridad estratégica: no hay democracia sostenible con paraestatales armados operando con impunidad. Esa es la verdad incómoda. La transición venezolana no fallará por falta de discursos; fallará si no se desactiva el dispositivo de coerción que el chavismo sembró para que el país sea ingobernable sin él.
En síntesis: el “día después” no es una fase secundaria. Es el teatro principal. Desplazar al chavismo es condición necesaria, pero no suficiente. El problema central es impedir que el régimen convierta la transición en un proceso de desgaste, inseguridad y erosión de legitimidad. Sin control institucional, sin reforma del sector seguridad y sin mandato electoral robusto, Venezuela no tendrá transición: tendrá una pausa táctica dentro del mismo régimen, con otros nombres y los mismos mecanismos.
