El aumento de la esperanza de vida se traduce en una longevidad y calidad vital sin precedentes en la historia de la humanidad. Las filas de centenarios se engrosan y el número de personas vivas de más de 60 años es el mayor del que haya vivido alguna vez en la Tierra, (alrededor del 15% de la población mundial), se constituye en una fuerza política y productiva importante. Una proporción elevada se dedica a actividades remuneradas, a actividades de voluntariado social o proporciona ayudas a familiares y amistades.
Esa sociedad reconfigurada, producto de adelantos científicos y sociales, tendrá la posibilidad de vivir más tiempo y en mejores condiciones, y debiera ser también motivo de celebración y reconocimiento de sus contribuciones productivas, a sus familias, la sociedad y la economía, pero requiere nuevas reglas de convivencia, y conlleva desafíos nuevos.
El principal consiste en asegurar ingresos suficientes y estables, una calidad de vida razonable, y servicios sociales y de salud, conforme al desarrollo socioeconómico de cada país. De ahí, la importancia de procurar un envejecimiento activo y saludable, con menos probabilidad de enfermar, buena capacidad funcional y una participación activa.
Reinventando la vida moderna: cómo impacta la nueva longevidad en la sociedad
Adultos mayores autónomos y activos constituyen un capital social y fuente de bienestar para toda la sociedad. Ser viejo no debiera ser causa de crisis económicas, políticas ni sociales, si contáramos con sistemas integrales de apoyo que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, promoviendo y facilitando la actividad física y mental, la salud, la vigencia de derechos de las personas mayores, y su participación activa en la vida de sus familias y comunidades.
Pero debiéramos actuar cuando todavía tenemos tiempo para prepararnos bien para esta nueva etapa, incorporando políticas y acciones preventivas que nos permitan alcanzar un envejecimiento exitoso. Una vida más larga y mejor, pone a prueba nuestros sistemas de seguridad social y salud, en un contexto que suele asociar longevidad con ociosidad, enfermedad, dependencia y carga social. Pero, la realidad de la vida después de los 60 años es otra hoy en día.
Los mayores de 65 años pasarán del 12,7% en 2025 a alrededor del 19% en 2050"
La convivencia de varias generaciones como resultado de este cambio nos permite “vivir en presencia de nuestro futuro yo” (Laslett), y exige la superación de barreras críticas en materia de organización social, empleo, jubilación, métodos actuariales y financiamiento de la seguridad social, servicios de asistencia social, salud, educación, seguridad y accesibilidad, entre otros.
Argentina presenta una de las estructuras poblacionales más envejecidas de América Latina, con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Los mayores de 65 años pasarán del 12,7% en 2025 a alrededor del 19% en 2050. Las enfermedades crónicas no transmisibles explican 73% de las muertes y encarecen la atención: el costo esperado de un paciente mayor de 65 es 2,6 veces el de un adulto joven.
Argentina envejece con un sistema previsional y de salud cuyo nivel de gasto es propio de poblaciones más envejecidas. El gasto en previsión y salud de la tercera edad pasaría del 9,6% del PBI en 2025 al 15% en 2050; cinco puntos y medio adicionales, equivalentes a un segundo sistema público de salud.
El SIPA es un esquema público de reparto que en marzo de 2025 cubría a más del 90% de los mayores de 65, y liquidaba 7,48 millones de beneficios, 63% de los cuales no superan el haber mínimo, y 68% fueron obtenidos por vía de moratorias. Se financia en un 60% con aportes y contribuciones y en 40% con impuestos y transferencias del Tesoro, o deuda.
Esa porción no contributiva, se duplica del 3,3% al 7,4% del PBI, porque los recursos contributivos, atados a la masa salarial formal, no acompañan el ritmo demográfico. Sostener el sistema vigente requeriría hacia 2050 un esfuerzo tributario adicional permanente del orden de 4 puntos del PBI.
En 2024, se comprimió el gasto previsional por erosión real de los haberes, sin reforma estructural, y la Ley 27.802 agrava ese cuadro. Crea el Fondo de Asistencia Laboral, cuyo aporte patronal se compensa con una reducción equivalente de las contribuciones a la seguridad social, drenando de manera permanente alrededor de 0,14 puntos del PBI del flujo de la ANSES, sin que la ley prevea su compensación.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, constituido en 2007-2008 con activos de las extintas AFJP, suele invocarse como respaldo del sistema. Pasó de US$ 64.793 millones a fines de 2024 a alrededor de US$ 73.700 millones a comienzos de 2026, un máximo histórico, que responde en buena medida a la apreciación del peso y a la valorización de su tenencia accionaria, duplicada entre 2023 y 2025; un movimiento cambiario en sentido inverso reduciría su valor en dólares.
Equivale a cerca de un año de gasto previsional: amortigua un shock, pero no es capaz de financiar una transición demográfica. Cerca del 74% está invertido en deuda pública nacional, por encima del límite legal del 50%, de modo que el principal activo que respalda jubilaciones es un pasivo del mismo Estado obligado a pagarlas. Ante una crisis fiscal, cuando la reserva debiera activarse— el valor de esos títulos se deteriora y el respaldo se desvanece justo cuando se lo necesita. Es una reserva valiosa pero acotada, no una solución estructural.
Pero el cambio demográfico no es el único responsable de las dificultades en los fondos jubilatorios, estas responden también al bajo nivel de salarios, pensiones e inversiones; a elevados niveles de informalidad; a la persistencia de jubilaciones para grupos privilegiados; y a la desviación de fondos a otros usos.
La incidencia de pobreza en los mayores descendió, del 29,7% en el primer semestre de 2024 al 9,7% en el segundo de 2025, pero convive con una erosión del haber, que perdió cerca del 34% de su poder adquisitivo en la década (CEPA, 2025) y cubre menos de un tercio de la canasta del adulto mayor.
El envejecimiento recae sobre una población cada vez más numerosa cuyo haber apenas cubre las necesidades esenciales. El PAMI concentra fragilidad: asegura la población de mayor riesgo y costo y se financia mediante una transferencia intergeneracional que se contrae: los recursos contributivos cubren alrededor del 85% del gasto de afiliados que crecen al ritmo del envejecimiento, mientras los cotizantes permanecen casi estancados: la relación cotizantes/afiliados cae de 2,68 a 1,81 hacia 2050.
El 80% de su gasto destinado a prestaciones médicas y medicamentos —es el mayor comprador de medicamentos del país—, lo expone a la inflación sanitaria y al tipo de cambio.Su sustentabilidad exige un rediseño, no un ajuste coyuntural.
Las opciones a evaluar —integración a la seguridad social nacional para mutualizar el riesgo en un universo más amplio, un esquema de copagos según capacidad de pago, la revisión del paquete prestacional y una política de compra de medicamentos que reduzca su exposición— deben diseñarse de modo que no trasladen el ajuste a los afiliados más vulnerables. Sin reforma de su financiamiento o de su cobertura, el desequilibrio no es una contingencia sino un destino insalvable.
Toda reforma decide sobre quién recae el costo del envejecimiento, problema de valores, no contable. Se requiere migrar un sistema sanitario saturado y diseñado para curar crisis médicas puntuales, hacia la gestión de enfermedades crónicas, y cuidados a largo plazo, con seguimiento multidisciplinario y permanente; y decisión política sobre el financiamiento con rentas generales desplazando el costo hacia la mayor capacidad contributiva en lugar de hacia los haberes.
Explorar caminos que concilien sostenibilidad y justicia, evaluando alternativas eficaces para cerrar la brecha y su incidencia distributiva: elevar gradualmente la edad efectiva de retiro con resguardos para trayectorias penosas, garantizar un piso universal que ponga a la vejez a salvo de la pobreza y financiar parte del esfuerzo con un gravamen progresivo a los grandes patrimonios (hoy en el debate internacional sobre tributación progresiva), que no equilibra el sistema, pero financia según capacidad contributiva y opera como contrapeso del aumento de la edad de retiro.
El envejecimiento es consecuencia de un progreso genuino, no una amenaza, y el desafío es decidir cómo se distribuye su costo. Sin reformas, recaerá de manera creciente sobre las rentas generales y la suficiencia de los haberes de quienes menos pueden defenderse. Licuar haberes, recortar coberturas o desfinanciar la seguridad social sin compensación— es técnicamente posible pero éticamente inadmisible. Garantizar una vejez digna es, antes que una carga fiscal, una deuda que el país está aún a tiempo de honrar.
*Dr, ex superintendente de servicios de salud, presidente de IPEGSA
** Mario Glanc, Secretario Académico de IPEGSA.
