Esta no es una columna para tomar posición ideológica. No es para aplaudir ciegamente ni para condenar la operación de Estados Unidos en Venezuela. Es un intento por comprender por qué ocurrió lo que ocurrió y qué consecuencias inaugura, en un mundo donde el derecho internacional dejó hace rato de ofrecer respuestas suficientes.
La operación militar estadounidense que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro fuera de Venezuela no es solo un episodio latinoamericano. Es un síntoma. Y como todo síntoma, revela una patología más profunda: el agotamiento del orden internacional tal como lo conocimos.
Que el presidente Trump haya decidido una vez más presentar públicamente una operación, acompañado por sus máximos responsables civiles y militares, con detalles y sin ambigüedades, marca un nuevo hito en este cambio de época. Ya lo hizo con el ataque a las instalaciones nucleares de Irán. No se trató de una acción encubierta ni de una negación plausible. Fue una asunción explícita del uso de la fuerza como instrumento político cuando los canales normativos tradicionales dejan de ofrecer respuestas.
Venezuela es un espejo que proyecta su luz hacia el sistema internacional en su conjunto.
Durante años, el caso venezolano transitó todos los carriles previstos por el orden liberal: sanciones, condenas diplomáticas, informes, elecciones fraudulentas impugnadas, llamados al diálogo, negociaciones fallidas. Nada alteró el núcleo del poder. El resultado fue una anomalía persistente: un Estado formalmente soberano, aunque funcionalmente capturado por redes criminales y un cartel de narcotráfico enquistado en el poder, economías ilícitas, violaciones a los Derechos Humanos y estructuras de represión que permearon desde la cúpula hasta los niveles más bajos del aparato estatal. Sin embargo y aun a sabiendas, los foros del multilateralismo con la ONU a la cabeza toleraron todos estos años la participación activa y hasta vociferante de los representantes de semejante organización delictiva estatal.
Quienes venimos siguiendo el caso venezolano desde hace años — participando en debates regionales, promoviendo iniciativas humanitarias y advirtiendo sobre la captura criminal del Estado— sabemos que este desenlace no irrumpe de manera súbita: es la consecuencia de una acumulación de decisiones postergadas.
La primera reflexión que surge es que el derecho internacional no colapsa cuando se lo viola en silencio. Colapsa cuando deja de ofrecer salidas creíbles. Y cuando eso ocurre, el poder ocupa el vacío.
Conviene subrayar que no se llegó aquí por ausencia de herramientas. Entre 2018 y 2019 existieron debates y propuestas explícitas para actuar dentro de la legalidad internacional: desde la discusión sobre la Responsabilidad de Proteger hasta iniciativas regionales y esfuerzos coordinados para canalizar ayuda humanitaria frente a una crisis ya reconocida. Fue la época en que la Asamblea Nacional opositora se erigía como la única esperanza para habilitar una intervención multinacional humanitaria en el marco de la Constitución. Fue un momento real para intervenir conforme a las reglas. No se tomó la decisión colectiva. Esa inacción —demasiado poco y demasiado tarde— erosionó la autoridad normativa antes de cualquier operación militar.
Por eso, hoy no es creíble advertir que esta operación de Estados Unidos “sienta un mal precedente”. El precedente verdaderamente peligroso fue no haber activado a tiempo los mecanismos legales disponibles cuando aún era posible hacerlo. Ese vacío de voluntad política —no la falta de derecho— es parte de la explicación de por qué la excepción terminó imponiéndose sobre el procedimiento.
Así y todo, esta incursión, comunicada con un barniz de legalidad por los procesos de penales abiertos a Maduro en los Estados Unidos, debe leerse en realidad como el emergente claro de ese un nuevo orden internacional, más crudo, que deja las reglas atrás en función del poder efectivo y de la proximidad estratégica. En ese nuevo orden importa la distribución territorial alrededor de las grandes potencias, aquellos que impactan directamente sobre sus intereses de seguridad, energía o tecnología. Importa menos la retórica y más el riesgo. Y naturalmente, los líderes de dichas potencias están hechos a imagen y semejanza de tales doctrinas.
Por eso Venezuela importa para Estados Unidos, y a Trump, así como América Latina cobra una nueva relevancia en la política de Washington. De igual modo ocurre con Ucrania, en el centro de las ambiciones de Rusia y la necesidad de defensa de Europa. Como importa Taiwán para China, ya no sólo por la historia sino por el interés tecnológico y estratégico.
Lo dicho es lógica de poder pura, que se impone cuando las reglas que mantuvieron el orden internacional han probado perder su efectividad para ordenar el sistema internacional.
Volviendo la extracción del dictador Maduro, el riesgo de propagación es evidente. Otros actores toman nota. En Moscú. En Beijing. En aliados y adversarios. Cada caso es conceptualmente diferente, pero el precedente es conceptual. Qué impediría que esas potencias tomen el toro por las astas en sus conflictos de su interés? Sólo el entrecruzamiento de intereses con otra gran potencia, más evidente en Taiwan que en Ucrania.
En Venezuela, además, el desafío recién comienza. Capturar a Maduro no equivale en modo alguno desmantelar el poder. El régimen es una arquitectura compleja de control, corrupción y criminalidad organizada. Con esa red intacta, o negociando con Estados Unidos, como podría suceder según comentarios de Trump, más allá del golpe de efecto inicial, la transición puede estar fuertemente comprometida.
Las alternativas que se abren son todas problemáticas, si los causantes de este descalabro continúan al mando. En Venezuela existe un presidente surgido de elecciones limpias en 2024, Edmundo González Urrutia, que por obvias razones nunca pudo iniciar el mandato, por ende toda solución debería incluir a los líderes opositores legítimos, incluida María Corina Machado, también inicialmente desestimada por Trump.
Aun la incertidumbre es enorme, y esto significa, y más conociendo a los protagonistas, en final abierto. Puede derivar en caos y fragmentación violenta. Una intervención directa o tutela prolongada de Estados Unidos también implicaría costos políticos, humanos y regionales. O bien, habría que preguntarse si es viable una reconstrucción gradual, con apoyo externo, que exigiría capacidades institucionales que hoy son escasas y frágiles. En síntesis, ninguna opción es limpia. Ninguna es rápida. Ninguna garantiza éxito.
Y sin embargo, el mundo parece haber llegado a un punto donde la inacción prolongada resulta más costosa que la acción disruptiva. El dilema que deja planteado este orden que viene es incómodo. Qué reemplaza al derecho cuando el derecho no alcanza? Quién decide cuándo un Estado deja de ser sujeto de protección normativa y pasa a ser objeto de intervención? Cómo se evita que la excepción se transforme en regla?
No estamos frente a un mundo mejor ni peor, sino frente a un mundo distinto. Muy real. Uno en el que la legalidad sin eficacia pierde autoridad, y la eficacia sin legalidad gana terreno. Comprender esta transición no implica celebrarla ni condenarla automáticamente. Implica asumir que ignorarla sería una forma peligrosa de negación.
El desafío, para quienes aún creen en reglas y en instituciones, es mayor que nunca: reconstruir un orden que vuelva a ser capaz de responder antes de que la fuerza se convierta en el lenguaje por default.
Como no podía ser de otra manera, los protagonistas que obstruyen un mundo basado en reglas, son los mismos que se benefician de las soluciones alternativas. Así funciona.
Si el orden basado en reglas quiere sobrevivir, deberá demostrar algo elemental: que aún puede resolver los conflictos antes de que prevalezcan las decisiones unilaterales de acción directa. Si no se logra, la pregunta es quién será el próximo en probar esa medicina, con argumentos aceptables o no.
Irma Argüello, especialista en seguridad internacional y gobernanza ética de IA.
