El ataque de Estados Unidos sobre Venezuela no debe leerse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón cada vez más explícito en la política internacional contemporánea. Estados Unidos, Rusia y China —cada uno con estilos, narrativas y marcos legales propios— comparten hoy un rasgo central: la disponibilidad real del empleo de la fuerza militar, ya sea como instrumento de disuasión o como herramienta efectiva, para respaldar sus objetivos estratégicos. La diplomacia sigue existiendo, pero ya no opera sola; está subordinada, cada vez más, a la credibilidad del poder duro.
En el caso venezolano, la operación estadounidense combinó precisión militar con una lógica política clara: golpear sin desatar una guerra abierta. Ese “uso limitado” de la fuerza busca enviar señales múltiples. Hacia adentro de Venezuela, expone una fractura evidente en el sistema de control del régimen. Un poder verdaderamente cohesionado no permite —o no sobrevive indemne a— una acción de este tipo sin reacción inmediata y coordinada. La hipótesis de divisiones dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, o al menos de una lealtad erosionada, se vuelve difícil de ignorar.
El fracaso es doble si se considera el rol histórico de la contrainteligencia cubana en el sostenimiento del chavismo. Durante años, La Habana fue presentada como garante del control interno, la vigilancia política y la detección temprana de amenazas. Que una operación de esta magnitud haya sido posible deja al descubierto límites severos de ese dispositivo, erosionando uno de los pilares menos visibles —pero más decisivos— del poder de Nicolás Maduro.
En este escenario, la información emerge como un dominio central de la guerra moderna. Antes del ataque, en la preparación narrativa; durante la operación, en el control del relato y la percepción pública; y después, en la disputa por la legitimidad. La guerra no comienza ni termina con el impacto cinético: se libra de manera permanente en el plano informativo. Allí se define quién es agresor, quién víctima, quién “restaura el orden” y quién viola el derecho internacional.
Las reacciones globales confirman una polarización profunda. Lula da Silva condenó la acción estadounidense como una violación grave del derecho internacional y un riesgo para la estabilidad regional. Javier Milei, en cambio, la respaldó abiertamente, interpretándola como un golpe legítimo contra una dictadura criminal. No se trata solo de diferencias ideológicas: es la expresión local de una fractura global que se profundiza bajo la lógica confrontativa de Donald Trump.
Esa radicalización tiene efectos sistémicos. Si Washington normaliza el uso directo de la fuerza para imponer líneas rojas, Moscú puede sentirse habilitado a endurecer su estrategia militar en Ucrania, y Pekín a acelerar sus cálculos sobre Taiwán. El mensaje implícito es peligroso: el mundo vuelve a funcionar, cada vez más, por hechos consumados.
En las calles, la diáspora venezolana probablemente se convierta en la cara más visible del apoyo a una eventual caída de Maduro, con movilizaciones en ciudades clave del mundo. Del otro lado, quienes sostienen al régimen —o quienes ven en Trump una amenaza mayor— centrarán su discurso en la ilegalidad de la intervención y en la defensa del orden jurídico internacional.
Para la Argentina, sin embargo, esta crisis tiene un interés concreto e inmediato: la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela. La ruptura del statu quo abre una ventana política y diplomática para exigir su liberación, transformar un caso silenciado en prioridad internacional y reafirmar que la defensa de ciudadanos argentinos no es negociable.
Venezuela es hoy más que un conflicto regional: es un espejo incómodo del mundo que emerge, donde la fuerza vuelve a ser argumento, la información es campo de batalla y la legalidad se discute después del impacto.
DCQ
