La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020, presentó un recurso ante el Tribunal de Casación para solicitar que su defendido acceda a la prisión domiciliaria.
El planteo se fundamenta en la falta de firmeza de la sentencia y en el tiempo transcurrido bajo detención sin una resolución final por parte de la instancia máxima de justicia provincial.
La prisión preventiva es una medida de coerción que se aplica a imputados cuyo proceso penal no ha concluido con una sentencia firme. Según el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, esta medida tiene carácter excepcional y solo debe mantenerse si existe riesgo de fuga o entorpecimiento.
Pertossi permanece detenido desde el 19 de enero de 2020 y su defensa sostiene que el plazo de la prisión preventiva se encuentra excedido bajo los parámetros de la razonabilidad.
Qué establece la ley sobre la prisión domiciliaria en la provincia
El artículo 159 del Código Procesal Penal bonaerense regula la morigeración de la coerción.
Este apartado permite que el juez disponga la detención en un domicilio particular si se considera que el peligro procesal puede ser cautelado con una medida menos lesiva que el encierro en un penal.
Para este pedido, la defensa ofreció una vivienda y la supervisión mediante un dispositivo electrónico de monitoreo (tobillera), bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores es el organismo que debe evaluar la solicitud, aunque en instancias anteriores ya rechazó pedidos similares.
La defensa de los rugbiers manifestó públicamente su postura sobre la situación de encierro de los jóvenes en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero.
Según consta en las actas del proceso, Hugo Tomei sostuvo que: "La libertad es la regla y la prisión preventiva la excepción, más aún cuando el fallo no ha pasado en autoridad de cosa juzgada".
Por qué la querella se opone al beneficio para Pertossi
Los abogados que representan a la familia de la víctima, encabezados por Fernando Burlando, presentaron escritos de oposición ante cada solicitud de morigeración.
La querella sostiene que la confirmación de la condena por parte de la Cámara de Casación consolida el riesgo de fuga, ya que el imputado tiene ahora una certeza mayor sobre la pena que deberá cumplir.
En declaraciones a los medios tras el fallo de marzo, Burlando afirmó: "A medida que se van agotando las instancias, el riesgo de que se escapen es mucho más real".
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La fiscalía también mantiene una postura restrictiva. El Ministerio Público Fiscal argumenta que la gravedad del hecho y la escala penal prevista para el delito de homicidio doblemente agravado impiden la concesión de beneficios ambulatorios.
Para los fiscales, la detención en una unidad penitenciaria es la única vía para garantizar que Lucas Pertossi cumpla la totalidad de la pena de 15 años en caso de que la Suprema Corte ratifique el veredicto de Casación.
Cuál fue el rol de Lucas Pertossi según la sentencia confirmada
El fallo de la Sala II de Casación ratificó que Lucas Pertossi fue partícipe secundario del crimen. Los jueces determinaron que su aporte consistió en realizar una filmación del inicio del ataque y en interponerse entre la víctima y quienes intentaban ayudarla.
Aunque los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño quitaron la agravante de "alevosía", mantuvieron la de "concurso premeditado de dos o más personas", lo que dejó su condena en 15 años de prisión efectiva.
Cómo viven en prisión los rugbiers condenados por matar a Fernando Báez Sosa a seis años del crimen
La situación de encierro de los condenados en Melchor Romero se mantiene bajo un régimen de resguardo. No conviven con el resto de la población carcelaria y se encuentran en un pabellón separado por razones de seguridad.
Este aislamiento es otro de los puntos que la defensa ha utilizado para cuestionar las condiciones de detención, calificándolas en sus presentaciones como una "afectación a la dignidad del detenido" en el marco de una prisión preventiva prolongada.
Qué requisitos legales necesita Lucas Pertossi para la prisión domiciliaria
La Ley 11.922 establece que la prisión preventiva tiene un límite de dos años, prorrogable por uno más. Sin embargo, una vez dictada la sentencia de primera instancia en Dolores (febrero de 2023), los plazos procesales cambian su naturaleza.
Pertossi ya ha cumplido más de 50 meses de detención. Según el cómputo de pena, este tiempo se cuenta como parte del cumplimiento de la condena, pero no le otorga el derecho automático a la libertad domiciliaria mientras existan riesgos procesales valorados por los jueces.
El trámite del recurso presentado por la defensa se encuentra actualmente en la etapa de traslado a las partes. Tras las oposiciones de la fiscalía y la querella, el tribunal deberá resolver si el joven de Zárate puede esperar la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia en su domicilio o si debe continuar alojado en la Alcaidía N° 3.
(ds)
