El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves 22 de octubre en su etapa final. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro escuchará los últimos alegatos de las defensas, correspondientes al enfermero Ricardo Omar Almirón y al coordinador de enfermería Mariano Perroni, acusados de homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la atención que recibió el exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre.
La audiencia llega después de una extensa jornada que terminó cerca de las 2 de la madrugada, tras el alegato de Nicolás D’Albora, abogado de Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Con las exposiciones de este jueves quedará cerrada la etapa de alegatos y el tribunal deberá avanzar hacia el veredicto.
Las defensas de Almirón y Perroni estarán a cargo de Miguel Ángel Pierri y Franco Chiarelli, respectivamente. Cada abogado contará inicialmente con tres horas para presentar sus argumentos, aunque los jueces podrán autorizar una extensión.
La Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitó cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional para ambos enfermeros. Las querellas, en tanto, reclamaron penas de entre tres y cinco años de cárcel.
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El debate busca determinar las responsabilidades penales de los profesionales que participaron en la atención de Maradona durante las semanas previas a su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Las acusaciones se centran en las condiciones de la internación domiciliaria, los controles médicos y las decisiones tomadas frente al deterioro de su estado de salud.
Qué deben responder Almirón y Perroni
Ricardo Omar Almirón, quien se desempeñaba como enfermero del turno noche, enfrenta cuestionamientos vinculados con los controles de signos vitales y los informes elaborados durante sus guardias. Su defensa buscará demostrar que cumplió con las tareas que le correspondían y que no puede atribuírsele responsabilidad penal por el fallecimiento.
En el caso de Mariano Perroni, coordinador del servicio de enfermería de la empresa Medidom, la estrategia defensiva se concentrará en delimitar sus funciones. Sus abogados sostendrán que realizaba tareas administrativas y de coordinación, sin responsabilidad directa sobre las prescripciones médicas ni sobre el seguimiento clínico del paciente.
La discusión sobre las funciones de cada profesional atravesó buena parte de los alegatos anteriores. Mientras las acusaciones sostienen que existieron omisiones que pudieron contribuir al desenlace fatal, las defensas rechazan que sus representados hayan tenido la obligación o la posibilidad concreta de evitar la muerte.
Luque pidió la absolución y su defensa cuestionó las pruebas
El miércoles fue el turno de los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín, defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, quienes solicitaron su absolución y cuestionaron la interpretación de las pruebas realizada por la Fiscalía.
“Condenar a un inocente para honrar un ídolo no es Justicia, es convertir a un inocente en un chivo expiatorio”, sostuvo Oneto al finalizar su exposición.
La defensa argumentó que Luque intervenía como neurocirujano y no tenía a su cargo la internación domiciliaria de Maradona. También cuestionó las conclusiones de la junta médica y sostuvo que no existían elementos que permitieran prever el desenlace fatal.
Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando Rallín rompió durante su alegato una copia del acta de externación de la Clínica Olivos, firmada por Luque y Agustina Cosachov. El abogado consideró que el documento era ilegal porque, según su interpretación, trasladaba responsabilidades que correspondían a la empresa encargada de la internación domiciliaria.
“Es ilegal esta acta porque lo que se pretendió es eludir las responsabilidades que la ley le otorgaba a la empresa de internación domiciliaria”, argumentó.
Los abogados también sostuvieron que Maradona conservaba autonomía para decidir sobre sus tratamientos y que había rechazado distintas indicaciones médicas. Y, en caso de que el tribunal no disponga la absolución, solicitaron la pena mínima por homicidio culposo, sin detención ni inhabilitación profesional.
La defensa de Forlini apuntó contra Luque y Cosachov
El alegato de Nicolás D’Albora, defensor de Nancy Forlini, se extendió hasta la madrugada del jueves. Durante su exposición, el abogado cuestionó la acusación y sostuvo que su representada no tenía entre sus funciones verificar personalmente las condiciones de la vivienda donde Maradona cumplía la internación.
“Nancy no verifica domicilios y no verifica lo que hay en las casas. No hay una sola prueba que indique lo contrario”, afirmó.
D’Albora también rechazó la postura de los defensores de Luque sobre el acta de externación. Según sostuvo, el neurocirujano y Cosachov conocían el contenido del documento y habían asumido responsabilidades en la atención del exfutbolista.
“¿El acta se firmó sin leer? ¿Eso van a decir? ¿Esa es la estrategia? Sabían perfectamente lo que estaban firmando”, cuestionó.
El abogado afirmó además que Forlini no firmó el documento del 11 de noviembre de 2020 y denunció una diferencia de criterios en los pedidos de pena. Comparó la situación de su defendida, para quien las acusaciones solicitaron hasta 16 años de prisión, con la del médico clínico Pedro Di Spagna, cuya absolución fue requerida por la Fiscalía y las querellas.
Las reacciones de Dalma y Gianinna Maradona
Los alegatos también provocaron reacciones de las hijas del ídolo en las redes sociales.
Dalma Maradona cuestionó especialmente la afirmación de la defensa de Luque de que el neurocirujano no era el médico de cabecera de su padre. “Es insostenible que este tipo siga negando que Luque era médico de cabecera. No hubo ni una sola persona que haya declarado y no dijera que Luque era el médico de cabecera”, expresó en Instagram.
Por su parte, Gianinna Maradona respondió a los cuestionamientos vinculados con el reclamo de justicia por la muerte de su padre. “¿De verdad te vas a meter en el terreno de que el pueblo no quiere justicia por mi papá?”, escribió.
Las publicaciones se conocieron mientras las defensas intentaban delimitar las responsabilidades de los profesionales acusados y cuestionaban los argumentos presentados por las querellas.
Qué penas pidieron la Fiscalía y las querellas
Los pedidos de condena van desde los tres hasta los 16 años de prisión, según el profesional y la responsabilidad.
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 para la coordinadora médica Nancy Forlini y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov, los tres acusados de homicidio simple con dolo eventual. Para el psicólogo Carlos Díaz pidieron cinco años de cárcel, mientras que para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni reclamaron cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional, bajo la figura de homicidio culposo.
Por su parte, las querellas presentaron pedidos de pena más elevados para algunos de los imputados.
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Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, solicitó las condenas más altas: 16 años de prisión para Luque y Forlini, 14 para Cosachov y 12 para Díaz. También reclamó cinco años de cárcel para Almirón y Perroni.
En tanto, Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, pidió 15 años de prisión para Luque, 12 para Forlini y 10 para Cosachov. Para Díaz solicitó cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación profesional, mientras que para los dos enfermeros reclamó cuatro años y medio de prisión.
El único acusado para quien todas las partes solicitaron la absolución fue el médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista.
Cuándo se conocerá el veredicto por la muerte de Maradona
El cierre de las exposiciones no implica que las condenas se conozcan ese mismo día. Los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras y luego los jueces deberán deliberar. Hasta el momento, no hay una fecha oficial confirmada para el veredicto.
El proceso comenzó el 14 de abril de 2026, después de que el primer juicio fuera declarado nulo por la participación de la entonces jueza Julieta Makintach en la grabación de un documental sobre el caso.
GD/AF
