El rotundo fracaso de la subasta millonaria de los bienes que pertenecieron a uno de los capos narco más poderosos de Rosario abrió un fuerte debate: ¿la Justicia debe buscar una alternativa distinta para recuperar los fondos?
Esteban Lindor Alvarado (42) está siendo juzgado en Rosario por dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos.
Las autoridades especulaban recaudar más de $ 400 millones, pero solo obtuvieron $ 14 millones por la venta de un campo.
El capital subastado incluía su mansión del barrio Funes Hills San Marino, donde vivían los hijos de Alvarado y su pareja, Rosa Capuano, que se puso a la venta con un precio de base de $ 60.328.000. También otras tres propiedades ubicadas en Rosario, Funes y Roldán, y un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado, todas ellas a nombres de supuestos testaferros.
Los bienes pertenecientes a Alvarado fueron secuestrados en el marco de la causa que investiga a esta organización criminal, acusada por venta de droga, pero también por ordenar varios homicidios, entre ellos el del financista Lucio Maldonado, asesinado en Rosario en noviembre del 2018.
La única operación que pudo concretarse fue la venta del campo de Coronel Bogado, que se subastó a $ 14.800.000, el precio base fijado por la autoridad competente.
El campo que finalmente se remató había sido escriturado a un valor irrisorio: $ 1.900.000 cuando el valor fiscal catastral era tres veces más. Según la sentencia, se trataba de una operación de blanqueo de fondos procedentes del delito.
El resultado de la subasta llamó la atención de las autoridades judiciales, sobre todo por la escasa cantidad de interesados. De los cien inscriptos, por ejemplo, apenas diez se presentaron, y el público en general presente no superó las treinta personas.
En base a los antecedentes recientes, está claro que la simbología narco y el hipotético riesgo que podría correr alguien que conduzca, por ejemplo, la Ferrari que perteneció a uno de los hermanos Loza, el clan familiar salteño que enviaba toneladas de cocaína a España, atentan contra cualquier tipo de negocio, por más beneficioso que parezca.
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En México, por ejemplo, pasa algo parecido. La mansión de Amado Carrillo Fuentes, más conocido como “El Señor de los Cielos”, fue rematada por 49 millones de pesos mexicanos (unos 2,5 millones de dólares), cuando el valor real estimado estaba en el orden de los $ 130 millones (US$ 6,5 millones), casi dos veces menos que el precio de mercado.
El último informe anual de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) detalla que la Justicia confiscó 190 bienes, por un valor estimado en $ 800 millones, a la organización narcocriminal liderada por los hermanos Erwin y José Loza, condenados en diciembre del año pasado a penas de 10 y 8 años de prisión respectivamente, y que muchos de ellos pasaron al dominio del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria ante la pandemia de covid-19. Entre el capital decomisado hay dos hoteles que fueron entregados a Gendarmería “para la instalación de unidades que garanticen el cumplimiento de las funciones propias de seguridad e investigación criminal en la provincia de Salta”.
En el documento, la Procunar dejó en claro su posición respecto al destino de los bienes provenientes del narcotráfico. “Se pretende recuperar las ganancias de origen ilícito para ser empleadas en favor de la sociedad”, destaca el informe. En ese marco, el titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 10, dispuso como medida cautelar que la administración de bienes del clan Loza quede a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para “evitar su depreciación y permitir su uso mientras dure el proceso sumarísimo”.
Sin embargo, el uso de los bienes secuestrados al narcotráfico por parte del Estado a veces trae problemas si no hay un fallo firme. Un caso testigo es el de los “patrulleros vip” en la provincia de Buenos Aires. Dos coches de alta gama, incautados en el marco de una causa narco, fueron ploteados y cedidos a la Policía de Buenos Aires. Pero tiempo después, mediante un fallo de la Justicia Federal de La Plata, la fuerza se vio obligada a devolver a sus dueños los dos autos, aunque uno de ellos había quedado prácticamente destruido después de un choque.
Alternativas. Sobre el fracaso del remate en el caso de Alvarado, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, reconoció que el resultado los obliga a buscar alternativas. “No tomamos el hecho como un fracaso, pero lo sucedido nos obliga a buscar alternativas y a analizar también qué fue lo que pasó; tenemos que determinar si ésta es la mejor manera de proceder con este tipo de bienes”, reconoció el funcionario en declaraciones al diario El Litoral.
Para Somaglia el desinterés en la subasta podría estar relacionado con “la simbología de lo que implica adquirir un bien que perteneció a un personaje como Alvarado”. “Nadie está a gusto ni se siente seguro con estas empresas criminales, que estén deambulando y poder utilizar esos bienes”, aseveró.
El gobierno santafesino había estimado que la recaudación podría superar los $ 400 millones. Las propiedades que entraron en la subasta se remataron por un valor total de $ 213 millones. Solo recaudaron $ 14.800.000.
El caso Piedrahita Ceballos
El año pasado en la provincia de Corrientes, a partir de una labor coordinada entre la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes y la Procunar, se realizaron diferentes requerimientos para efectivizar la entrega de bienes provenientes del narcotráfico o usados para cometer este delito.
Por ejemplo, se gestionó la entrega definitiva de los bienes muebles e inmuebles a las entidades de bien público, como el predio entregado al municipio de Pilar, en el que actualmente se realizan los test diagnósticos del covid-19 y se lleva adelante la campaña de vacunación.
Este lugar fue decomisado en el marco de la causa llamada “Piedrahita Ceballos”, un narco colombiano acusado de lavar su dinero en Argentina en diversos emprendimientos con la ayuda de la viuda y el hijo de Pablo Escobar, quien el año pasado pactó una condena a cinco años de prisión en un juicio abreviado.
