"Droga plantada, robos y extorsión": explosiva denuncia contra la Bonaerense y uno de los fiscales de la cocaína envenenada
Un abogado penalista acusó al fiscal de ser cómplice de la "inmunda corrupción policial", a partir de una serie de irregularidades en un procedimiento realizado por personal de la Sub DDI de José C. Paz.
Operativos por la causa que investiga la cocaína adulterada. |
Cedoc Perfil
José C. Paz es un distrito del conurbano bonaerense atravesado hace varios años por el narcotráfico. Desde el recordado operativo "Carbón Blanco" de 2016, en el que hallaron un cargamento récord de casi 800 kilos de cocaína en una casaquinta, hasta las famosas ambulancias con "falopa" de Mario Ishii, los casos no pararon de multiplicarse. Nada sorprende en José C. Paz.
Ahora, el abogado penalista Juan Manuel Casolati, que defiende a dos hombres señalados como narcos en un distrito gobernado por el peronismo hace más de veinte años, denunció que la SubDelegación Departamental de Investigaciones (DDI) del partido planta droga, roba pertenencias en operativos y extorsiona a familiares de los acusados. Además, acusa que uno de los fiscales que interviene en la causa de la cocaína envenenada, que dejó un saldo de 23 muertos y 84 intoxicados, "es cómplice de la inmunda corrupción policial".
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La denuncia contra Diego Guida fue radicada el 10 de marzo pasado y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 de San Martín, a cargo de Edgardo Ledesma, quien a las pocas horas decretó el archivo, aunque el abogado denunciante confía en revertir esa decisión. Entre otras cosas, Casolati planteó que la fiscalía demoró más de cuatro meses para atender la ampliación de la declaración de sus defendidos Maicol Aponte Salas y Gastón González Ríos.
Detenciones y procesamiento en José C. Paz
Estos supuestos narcos fueron arrestados hace ocho meses en el marco de una investigación que inició la misma Brigada de José C. Paz y que luego derivó en el secuestro de marihuana y cocaína, en una causa que está a cargo del fiscal Guida.
"Al momento de dictar el procesamiento con prisión preventiva -acusa el abogado-, no habían declarado en la causa los policías que realizaron la investigación previa, los funcionarios que habían participado de las diligencias de allanamiento, ni los testigos civiles, dos por cada allanamiento".
El fiscal denunciado intervino en la investigación por la cocaína adulterada que dejó 23 muertos y 84 intoxicados.
Según Casolati, los dos acusados declararon ante la UFI Nº 16 y, en lo sustancial, refirieron que "no se dedicaban ni nunca se dedicaron a la venta de drogas" y que no tenían en sus domicilios a su disposición drogas. Ambos coincidieron al manifestar que las sustancias secuestradas fueron colocadas "por las fuerzas de seguridad que intervinieron en las diligencias".
Aponte Salas, uno de los dos detenidos, agregó además que no vivía en el lugar donde fue arrestado y que su hermano, conocido como "Jony", recibió mensajes de WhatsApp en su celular donde el personal de José C. Paz que lo había allanado "le pedía 50 mil dólares" para anular la causa.
El otro imputado, González Ríos, denunció que la Policía le robó dinero de su vivienda. "Se llevaron bolsas de consorcio grandes conteniendo ropa cuya venta realizamos con mi mujer", aseguró. Como prueba presentó una grabación de una cámara de seguridad que muestra el momento en el que personal policial se lleva la ropa en las bolsas. Obviamente, nada de eso consta en el acta de secuestro que reportó la fuerza, según denunció el mismo abogado.
Las sospechas sobre el accionar de la SubDDI de José C. Paz no es algo nuevo: en diciembre de 2020, por ejemplo, el segundo jefe de la repartición y otros tres policías fueron detenidos acusados de haberse quedado con seis ladrillos de marihuana que formaron parte de un operativo.
Los testigos de los allanamientos contra los dos acusados, en tanto, reconocieron que no recorrieron las casas y que "los secuestros de la droga los efectuaron los efectivos policiales, sin presencia de testigos".
En la denuncia, Casolati le planteó al fiscal que era evidente que "la causa había sido armada por la Policía de José C. Paz" y que a los imputados le habían sustraído dinero y pertenencias, y que había imágenes que así lo demostraban. Además, recordó que "la fuerza los extorsionó”. “Les pusieron droga en sus casas y provocaron la detención ilegal e ilegítima de dos personas inocentes", acusó.
El abogado le solicitó al fiscal que “diera lectura a toda la actividad producida”. Sin embargo, Guida le hizo saber que iba a elevar la causa a juicio y que "no estaba dispuesto a desandar un camino que había sido resuelto por la Justicia Federal".
"Desconozco los motivos, pero está claro que nada tiene que con la honorabilidad ni con la Justicia. Este fiscal está siendo cómplice por acción u omisión de la inmunda corrupción policial, de la que es testigo, y lamentablemente parte", expuso el letrado en la presentación.
El abogado reafirma que "no sabe" los vínculos que el funcionario judicial podría tener con el personal de la Sub DDI de José C. Paz, fuerza que intervino desde un primer momento en los operativos. "Pero lo que hizo -dice- y lo que está haciendo no es más que legitimar la actitud corrupta del personal policial en el marco de esta causa".
"No estoy denunciando valoraciones absurdas, ni omisiones en la producción de prueba sino básicamente legitimar, de modo concreto, los delitos cometidos por la fuerza preventora que participó en las actuaciones, con el agravante que se sostiene y se fuerza la privación ilegítima de la libertad de dos personas", sostiene el abogado penalista.
Tras la acusación por el accionar de la SubDDI de José C. Paz, la casa de Aponte Salas fue curiosamente allanada el pasado miércoles 23 de marzo. La sospecha de la esposa del acusado es que el único objetivo de los policías pasaba por amedrentarlos.
Por esta razón, este martes 29 de marzo la mujer realizó una presentación judicial en la Unidad Funcional de Instrucción N° 23 de Malvinas Argentinas para manifestar su temor por el accionar de la fuerza.
“En las próximas horas voy a solicitar que se unifique la denuncia por este allanamiento con la causa iniciada en la UFI Nº 9 de Delitos Complejos de San Martín que investiga el robo de la ropa y la extorsión a González Ríos porque entiendo que se trata de una revancha por la denuncia contra la SubDDI de José C. Paz”, dice a PERFIL Casolati.
Lo curioso de este operativo realizado en la casa del acusado por narco es que no es ilegal porque fue pedido por un fiscal y autorizado por un juez, en base la sospecha de un policía de la SubDDI de José C. Paz que manifestó que, en el marco de una investigación por un robo, obtuvieron una pista que indica que uno de los posibles autores viviría en una casa de la calle Tomas Guido al 5400, curiosamente el mismo domicilio de la familia que denunció por robo y extorsión a la Brigada.
