Una empleada del Poder Judicial de Misiones fue denunciada por presuntamente haber estafado a al menos 17 personas mediante falsas promesas de conseguirles puestos de trabajo en distintos organismos públicos de la provincia. La mujer, identificada como Gisela S., de 40 años, está acusada de haber recibido más de 9,5 millones de pesos de personas que buscaban acceder a contratos temporarios o cargos de planta permanente.
La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas y es investigada por el fiscal René Casals. Este lunes, la sospechosa fue citada a declaración indagatoria, aunque optó por no prestar declaración.
Según la investigación, los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2026. Durante ese período, la acusada habría contactado a las víctimas a través de WhatsApp para ofrecerles supuestas oportunidades laborales en organismos estatales, entre ellos la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai) y la Municipalidad de Posadas.
De acuerdo con el expediente, exigía alrededor de 500.000 pesos para acceder a contratos temporarios y hasta un millón de pesos para supuestos ingresos a planta permanente. Como parte del procedimiento, solicitaba que el dinero fuera transferido a cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre, además de pedir fotografías de los documentos personales de los interesados.
La investigación sostiene que mantenía un contacto permanente con las víctimas y les aseguraba que las incorporaciones se concretarían en poco tiempo. Los denunciantes son, en su mayoría, vecinos de la zona oeste de Posadas que atravesaban situaciones de desempleo o dificultades económicas. Según la causa, varios realizaron grandes esfuerzos para reunir las sumas exigidas.
Algunas personas vendieron animales de cría, materiales de construcción o recurrieron a préstamos informales con la expectativa de obtener un empleo estable en el Estado.
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A mediados de mayo, la imputada incluso habría mantenido un encuentro presencial con varios de los damnificados, ocasión en la que volvió a asegurar que las contrataciones estaban próximas a concretarse. Sin embargo, con el paso de las semanas las víctimas comprobaron que no existían gestiones reales ante los organismos mencionados.
Cuando comenzaron los reclamos, la acusada habría solicitado nuevas transferencias con el argumento de que devolvería el dinero una vez que un supuesto superior le reintegrara los fondos. Poco después, según consta en la denuncia, dejó de responder mensajes y llamadas.
La presentación judicial fue realizada el 23 de junio. El abogado Federico Padolsky, representante del grupo de damnificados, solicitó constituirse como querellante particular y aportó conversaciones de WhatsApp junto con la documentación de las transferencias bancarias efectuadas por las víctimas.
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Entre los mensajes incorporados al expediente aparecen frases como: “Junten el máximo (de dinero) que puedan y así poder darles posibilidades a todos ustedes que pasen a planta (permanente)”, y también: “Buenos días señor, usted quédese tranquilo que para fin de mes va a firmar y poder cobrar su primer sueldo”.
Padolsky sostuvo que las víctimas “literalmente vendieron todo lo que tenían para poder tener esos trabajos” y afirmó que la acusada “se metió con gente que estaba en situación de vulnerabilidad”.
CS
LT
