La suerte de Julio César Grassi, tanto a nivel judicial como eclesiástico, es una verdadera incógnita. Mientras su defensa define una estrategia para reclamar su libertad, la querella anunció que irá por más.
Según adelantaron los abogados de “Luis” y “Ezequiel” –dos supuestas víctimas–, en los próximos días presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que amplíe a 37 años la condena a Julio Grassi con la inclusión de esos dos casos que no fueron tenidos en cuenta en tres instancias anteriores.
Por su parte, la defensa del cura presentó un recurso contra la detención ante la Cámara de Garantías y Apelaciones de Morón basándose en el hecho de que no existe peligro de fuga y que la condena no está firme.
“Esta circunstancia permite por lo menos descartar que los rasgos de personalidad de Grassi resultaran incompatibles con la comisión de los hechos por los que resultara absuelto”, dijo la jefa de los fiscales bonaerenses.
Cuestiones religiosas. Sobre su situación en la Iglesia, fuentes consultadas explicaron que la máxima pena a nivel eclesial que le podría caber es la expulsión del ministerio sacerdotal. En los casos de abusos de menores está prevista la realización de un proceso penal canónico, que es independiente de un eventual proceso de la Justicia civil. Es decir, aún si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no dejara firme las sentencias de las instancias anteriores, la Iglesia podría encontrar a Grassi culpable e imponerle el castigo de la reducción al estado civil, u otras penas menores. Y viceversa: incluso en el caso de que se le ratifique a nivel secular la condena, el proceso canónico podría encontrar al sacerdote inocente. Sin embargo, según fuentes eclesiales, este segundo escenario es mucho menos probable que el primero.
El Obispado de Morón dejó en claro que no sustanciará un juicio canónico hasta tanto exista una sentencia firme. Sin embargo, dieron un primer paso: el titular de la diócesis, monseñor Luis Guillermo Eichhorn, elevó a Roma la investigación preliminar, la cual todo obispo está obligado a iniciar ante la existencia de indicios de que un sacerdote de su jurisdicción haya abusado de un menor.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, en base a ese informe, es la que ordena luego al obispo la sustanciación (o no) del proceso canónico. Además, la Santa Sede se reserva la última palabra acerca de la pena a imponer en caso de dictaminarse la culpabilidad del acusado.
Mientras tanto, el Episcopado argentino remitió a Roma para su aprobación un protocolo que busca armonizar aspectos de los procedimientos canónicos y civiles, y orienta a los obispos sobre cómo actuar en casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes.
