El auto que esperaban, un Volkswagen Voyage negro, fue interceptado en el puesto de Gendarmería ubicado en la Ruta 50. Los agentes del Escuadrón de Seguridad 20 de Orán, cuyas iniciales son C.E.M. y J.A.C., sabían qué hacer. Conocían de antemano que ese vehículo estaba “cargado” con droga. Detuvieron a dos hombres; un tercero escapó. En el coche hallaron tres mochilas con 59 paquetes de cocaína, con un peso de 50 kilos, 991 gramos.
Carlos Vargas –encargado de acondicionar la droga y buscar a las personas que la trasladaran– estaba preocupado. El procedimiento había trascendido a la prensa y sus cómplices notarían que faltaban diez kilos del envío.
Vargas era parte de una banda narco que se abastecía de cocaína en Bolivia, pasaba la frontera y la enviaba desde Salta a distintos puntos del país, mayormente a Buenos Aires y a Rosario. Convertido en “informante” –una figura que no está regulada, a diferencia del “agente encubierto” o “arrepentido”–, se quedó con los diez kilos de cocaína, con un valor de 750 mil pesos en Argentina, que nunca subieron al Voyage, como forma de pago por haber vendido el envío a los gendarmes.
En agosto pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó detener a Vargas. También arrestó a los gendarmes y realizó un allanamiento en el Escuadrón de Gendarmería en Orán.
Creen que los agentes, “desde fecha incierta pero con posterioridad al día 11 de marzo de 2016, prestaron una ayuda esencial a Carlos Enrique Vargas para que éste lograra eludir las investigaciones, otorgándole protección en razón de sus cargos a cambio de datos que permitieran la realización de procedimientos policiales”.
En septiembre, Charvay procesó con prisión a los integrantes de la banda por tráfico y contrabando de estupefacientes. Los gendarmes también fueron procesados por encubrimiento agravado, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, fueron embargados por un millón de pesos, aunque el juez concedió su excarcelación, bajo caución juratoria.
Para el magistrado, los efectivos “esperaban obtener un beneficio con la realización de dicho procedimiento, el cual era congraciarse con sus autoridades para demostrar el éxito investigativo”.
“Se verifica con los extensos diálogos y mensajes de texto recabados en las escuchas, y la pasividad de ambos frente a la misma, envalentonándolo también en ciertos momentos a continuar realizándola”.
En el expediente, el juez advierte que “la maniobra podría estar avalada por instancia jerárquica superior”. La banda y el accionar de los gendarmes son investigados por la Justicia Federal de Salta y de Orán, que buscan escalar en las responsabilidades. Ante esta situación, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) solicitó a las tres jurisdicciones que la investigación fuera llevada por un solo departamento judicial.
