El ex juez federal de Orán Carlos Raúl Reynoso fue detenido hace un año, pero los fallos con los que habría beneficiado a narcos continúan haciéndolo en la actualidad. Es el caso de la causa contra el terrateniente Delfín Reynaldo Castedo, considerado como uno de los mayores traficantes de drogas del país. El presunto narco está preso en la cárcel de Güemes, pero Eduardo Torino, su testaferro según los fiscales a cargo del caso, fue sobreseído por Reynoso en 2011.
Torino estaría a cargo de la administración de dos fincas lindantes entre sí, ubicadas en la localidad de Salvador Mazza, al límite con Bolivia, utilizadas por la organización liderada por Castedo para ingresar cocaína al país. Se trata de “El Pajeal” y “El Aybal”, con una extensión de 18 mil hectáreas, que administraría Torino, “el hombre a las sombras” de Castedo.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal aseguran que las fincas fueron utilizadas por Castedo durante veinte años (al menos desde noviembre de 1999) y que el capo narco continúa dirigiendo las maniobras desde prisión. El gestor seguiría siendo el mismo: Torino.
Sobre “El Pajeal” advierten que “posee un camino de tierra de grandes dimensiones y en buen estado de conservación, el cual va desde lo que sería el casco de dicha estancia, hasta el límite internacional terminando en un portón (…) el camino se adentra en territorio extranjero, constituyendo un paso no habilitado (…)”.
Y obtuvieron un dato novedoso a través de la Red Iberoamericana de Fiscales Antidrogas (Aiamp): la empresa Anzere SA, propietaria de “El Aybal”, es una firma offshore señalada en los “Panamá Papers”, cuyo domicilio fiscal y constituido se ubicaba en Plaza Independencia N° 749, Montevideo. Fue disuelta de oficio por el Banco Central de Uruguay por no haber dado cumplimiento a su obligación de actualizar la información respecto a sus directores.
La finca “El Aybal”, está identificada en la cédula parcelaria como “Finca Nupiao-Caricates-Quebracho Ladeado según Plano 1200”, Catastro N° 17.163, cuya titularidad figuraba a nombre de Castedo, fue adquirida por Torino el 12 de octubre de 2006, como gestor de negocios de Anzere SA.
En septiembre de ese mismo año, fue asesinada Liliana Ledesma. Castedo había sido señalado como el autor intelectual. El crimen estuvo motivado por las molestias que la productora rural ocasionaba a los narcos. Se quejaba y denunciaba de forma pública cómo se cerraban los caminos a Bolivia a favor de los narcos. Tener a su nombre, en ese momento, la finca a Castedo lo complicaba, por esa razón, habría pergeñado la venta fraudulenta.
Indagatoria. José Luis Bruno, a cargo de la Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán; Calos Martín Amad, fiscal general colaborador en casos de narcocriminalidad, y Diego Iglesias, fiscal de la Procunar, pidieron que el testaferro sea interrogado, pero el juez federal Gustavo Montoya –que reemplaza a Reynoso– lo negó; al igual que el embargo para el decomiso de las fincas y sus maquinarias a favor del Estado, con el fin de ser utilizadas con fines sociales.
Ahora, esperan que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta resuelva pero la urgencia es mayor: los investigadores detectaron que siguen ingresando cocaína a través del paso, con destino a Europa.
Cuestionan un fallo del ex juez Reynoso
Los fiscales a cargo de la causa contra Delfín Castedo solicitaron a la Cámara Federal de Salta que anule el sobreseimiento del presunto testaferro, Eduardo Torino. En el pedido, justifican su postura debido a que la decisión fue tomada por el ex juez federal Raúl Reynoso, hoy preso por recibir dádivas de narcotraficantes a cambio de beneficios, entre ellos, a Castedo.
En ese sentido, sostienen que la resolución que sobreseyó a Torino, se trató de un “acto jurisdiccional fraudulento”. “El argumento central sobre el cual versa la decisión adoptada por Reynoso para desvincular a Torino, se sustenta en la documentación aportada por el propio imputado y en el argumento de su defensa, es decir, que su vinculación con Castedo se limitaba a su actividad profesional como ‘gestor de negocios para terceros’.”
Incluso, el ex titular del juzgado de Orán señala que los movimientos inmobiliarios del presunto testaferro tienen que ver con “una actividad constante en la compraventa de propiedades”.
